José Luis Mazón Costa. Abogado.
Ser juez no es para cualquiera, es un trabajo difícil que exige por principio de cuentas un gran juicio y una rectitud moral superior al ciudadano corriente. La labor de un juez está atada, por imperativo legal del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al dictado del sentido racional, por lo que decir justicia o derecho es tanto como decir aplicación de la lógica humana al caso.
La prisión provisional acordada contra el exjuez Fernando Presencia y contra su secretaria o los otros cooperadores (5 en total) es todo un despropósito, un ejercicio del “derecho penal del enemigo” antinomia de cualquier acto de justicia. A la cárcel va antes del juicio el homicida doloso, el autor de delitos de grandes penas, pero no quien delinque porque denuncia que personajes del Estado tienen cuentas en paraísos fiscales dando datos de bancos y lugares con movimientos y resulta que ni se comprueba la falsedad de dichos datos. Esa falta de comprobación hace sospechar que “cuando el rio suena agua lleva” y que la prisión es una cortina de humo para descreditar al denunciador. Y con una opinión pública tan manipulada que fácil que es la propaganda repetitiva y falsa del poder.
De entrada, el juez Gadea y su pareja matrimonial es uno de los aludidos por las denuncias de los fondos en el extranjero. ¿Puede ser un juez ofendido el juzgador de su ofensor? Y, además, nada más fácil para desmontar la denuncia que recabar del Banco citado la información verdadera que desmienta la acusación.
Si nada de esto se hace es porque las cosas no están claras. A lo mejor es que algunos de los denunciados hasta tienen más dinero del reflejado en documentos que parecen ser filtraciones de un servicio secreto internacional, porque algo así ya pasó con el HSBC con Falciani que seguro que cumplía una “misión” de gente muy importante.
El juez Gadea tampoco es independiente porque ocupa el cargo que oficia por voluntad de la Comisión Permanente del CGPJ que está controlada por el PP, es decir, el partido vinculado a estas prácticas de posible corrupción es el que pone a su “juez favorito”. Recientemente el Tribunal Europeo de Luxemburgo ha dicho que no puede ejercer con independencia una función judicial alguien que está puesto en el cargo mediante nombramiento por un órgano de integración política. Este hombre, miembro de la APM o sindicato de jueces afines al PP no ha entregado por un criterio objetivo de antigüedad sino por un criterio de un órgano político. Es nula o carente de validez su labor según la jurisprudencia del TJUE.
¿Y qué me dices en el caso de la actual ministra de Defensa y magistrada en excedencia del Supremo, Robles? Pero que, en su caso, los datos de dinero en cuentas extrajeras que son delito tributario, resulta que están comprobados por Hacienda y por la Audiencia de Madrid que archivó el caso, aduciendo que los delitos estarían prescritos.
¡Sí señor! te pillan siendo ministra con actos delictivos prescritos y te dejan seguir en el cargo (que diferente fue Sánchez con aquel ministro de Cultura, Huerta, que, por tener una simple acta de infracción tributaria, confirmada por TSJ lo pusieron en la calle). Si los fondos en el extranjero que denuncia Presencia son ciertos es que tenemos una Mafia que dirige al Estado más allá de lo aparente y que para ocupar un alto cargo tienes que aceptar que te coloquen a tu nombre fondos en bancos extranjeros como prueba de que no vas a traicionar a la Mafia porque ¿a quién se le ocurriría ocupando un alto cargo del Estado tener dinero negro en cuentas extranjeras a su nombre? A un suicida, la única explicación que le veo es que en realidad son “fianzas” de lealtad una práctica muy propia de grandes mafias. Y porque saben que tienen su lado de verdad no las quieren investigar y las califican de “bulos” sin comprobación. ¿Pero quién ha podido filtrar los datos? ¿La misma Mafia Mundial que exigió los depósitos? ¿Quién más podría tener estos datos en su poder?
Yo y por mi cuenta, he denunciado ante el Grupo de Trabajo de la Detención Arbitraria que es un servicio público internacional puesto por la ONU, el hecho calificando el caso de notoria arbitrariedad cometida por un juez que es al mismo tiempo denunciado por supuesta colocación de fondos en bancos extranjeros junto con su cónyuge.
Esta historia de las denuncias de corrupción puestas por Presencia y los Royuela tiene visos de que hará historia. Tal vez sea el principio del fin de un sistema judicial en bancarrota moral. Y puede que el encarcelado en el día de mañana, con la tortilla vuelta, encarcele a su encarcelador y que sea un factor importante para la caída del imperio del feudalismo judicial vigente. Que todo es posible en este tiempo tan convulso.
El deber cumplido es la mayor garantía de una vida de calidad. Esta denuncia, es “mi ofrenda” a esos dioses de la honestidad, que también existen y que luchan por abrirse paso destruyendo a su paso todo lo que se les resiste. Alea iacta est.