Reclamación judicial de una gaditana por tremendos efectos adversos a raíz de los pinchazos

Fue a los pocos días de ponerse la segunda dosis, cuando María Antonia asegura que comenzó a sentir efectos secundarios que encendieron la luz de alarma, ya que distaban mucho de los que normalmente se describían como más habituales entre la mayoría de las personas vacunadas, aunque sí se recogían como posibles consecuencias de otros efectos secundarios, entre ellos calambres y extremidades dormidas, dolores en el pecho y espalda, etcétera. «Después de tener que acudir tres veces a urgencias con diferentes síntomas, a la cuarta fue cuando sufrí el infarto de miocardio, por el que estuve dos días en la UCI y otros dos días en planta en el Hospital Puerta del Mar, de Cádiz», cuenta esta paciente, que posteriormente ha tenido que seguir acudiendo tanto al centro de salud como al hospital por la reiteración de algunos de los síntomas descritos.

Así, entre las consecuencias que mayores repercusiones le está causando en su vida diaria, María Antonia describe la pérdida de visión progresiva a causa de un trombo, «algo que ha provocado que perdiera más de la mitad de la visión en tan solo un mes», explica, con las consecuencias que ello conlleva para sus rutinas diarias. «Son 15 pastillas las que me tengo que tomar cada día y, aunque no me da miedo la muerte, lo que no quiero es ser un peso innecesario para mis hijos por verme cada vez más limitada a causa de estos problemas de salud, de los que deberían haberme informado antes de ponerme la vacuna«, explica esta vecina de Chiclana que vive sola y que en los últimos días ha vuelto a tener que medicarse por fuertes dolores en el pecho que le han hecho temer que pudiera sufrir un nuevo infarto.

Ante esta situación, y aunque en un principio sus denuncias y reclamaciones las hacía efectivas a través de las redes sociales, finalmente decidió acudir a un abogado para asesorarse y conocer las posibilidades que tenía de reclamar en los tribunales ante tal problema para su salud. Fue entonces cuando contactó con Alberto Masiá, un letrado especializado en el ámbito sanitario con 31 años de ejercicio en la profesión y que, entre otros cargos, ha sido miembro de la comisión de asistencia sanitaria para los lesionados de tráfico, pertenece a la junta directiva de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, es ponente en multitud de congresos relacionados con la materia, sobre todo en su especialidad, el daño cerebral adquirido, además de pertenecer a varias asociaciones nacionales de abogados y haber sido presidente, entre otras, de la Asociación Gaditana de Derecho Sanitario. Un reconocido abogado en la materia a nivel nacional que desde el primer momento tuvo claro que la situación de María Antonia era susceptible de una reclamación judicial, siendo la primera en España de estas características de la que este reputado letrado tiene constancia.

En lo que respecta a la argumentación jurídica en la que se basa la reclamación ante el Contencioso Administrativo que ha presentado, Masiá explica que «en estos casos lo primero es la acreditación del daño causado, algo que en el caso de María Antonia es evidente y respaldado con numerosos informes médicos, para, posteriormente, establecer el nexo causal entre la vacuna y las lesiones, lo que se puede hacer por descarte, en caso de que las pruebas así lo determinen, a través de la doctrina de la probabilidad cualificada y cuando la mayoría de los daños se encuentran directa o indirectamente descritos como posibles efectos de la vacuna, en este caso, algo que sucede entre los riesgos que entraña AstraZeneca».

Asimismo, el letrado gaditano habla de la falta de obligación que tiene el ciudadano de sufrir estos daños, como recoge ya alguna sentencia anterior, y de la socialización del riesgo en el ámbito de la medicina preventiva, como es el caso de las vacunas, frente a otras modalidades de medicina como la satisfactiva (en los casos por ejemplo de mejoras estéticas no necesarias) o la curativa, cuando se actúa para solucionar una patología que ya existe. «Cuanto menos necesaria es la intervención o el acto médico en sí que se va a llevar a cabo, más información debe haber, como es el caso de las vacunas, en el que existe un beneficio social y no solo para la paciente, que no tendría la obligación de asumir este daño», explica Alberto Masiá, al tiempo que destaca que «en este caso ella no recibió ninguna información y, como establece la legislación vigente, si la información no es adecuada y amplia, el consentimiento no va a ser válido, y aquí la información es cero, además de no explicarse las posibilidades o alternativas terapéuticas, por lo que no sólo tendría que haber sido informada de las posibles consecuencias adversas, sino también de las alternativas que existen con vacunas de otros laboratorios».