En su fallo, el juez Mark Pittman, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, citó al presidente John F. Kennedy, escribiendo: «una nación que tiene miedo de dejar que su pueblo juzgue la verdad y la falsedad en un mercado abierto es una nación que tiene miedo de su pueblo».
El juez Pittman rechazó la alegación de la FDA de que podía publicar versiones redactadas de los documentos a un ritmo de sólo 500 páginas al mes, lo que habría significado que el conjunto de documentos no se haría público hasta 2096.
Los documentos en cuestión se refieren a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada en agosto de 2021 por Profesionales de la Salud Pública y Médicos por la Transparencia (PHMPT), un grupo de más de 30 profesionales médicos y de salud pública y científicos de instituciones como Harvard, Yale y UCLA.
En su orden de cuatro páginas, el juez Pittman ordenó a la FDA que produjera más de 12.000 páginas de documentos antes del 31 de enero y, a partir de entonces, que «produjera los documentos restantes a un ritmo de 55.000 páginas cada 30 días, con la primera producción prevista para el 1 de marzo de 2022 o antes, hasta que se complete la producción».
Según este calendario, las casi 400.000 páginas de documentos se habrán hecho públicas, sin redacciones, en ocho meses, y no en el año 2097.
En su solicitud de FOIA, PHMPT pidió a la FDA que publicara «todos los datos e información de la vacuna de Pfizer», incluidos los datos de seguridad y eficacia, los informes de reacciones adversas y una lista de ingredientes activos e inactivos.
En un principio, PHMPT había solicitado una tramitación acelerada de su solicitud conforme a la FOIA, basándose en que existía una «necesidad imperiosa» de divulgar rápidamente los documentos en cuestión, argumentando además que la documentación debía ser divulgada en su totalidad en un plazo de 108 días, el número de días que tardó la FDA en aprobar la vacuna de Pfizer.
Cuando la solicitud de la organización fue rechazada por la FDA, PHMPT presentó una demanda contra la agencia.
La FDA, en su argumentación, reconoció que tenía la «obligación» de hacer pública la información, pero alegó que su Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, que mantiene los registros en cuestión, sólo cuenta con 10 empleados, dos de los cuales son «nuevos».
Suzann Burk, jefa de la División de Gestión de la Divulgación y la Supervisión de la FDA, dijo que un trabajador tarda ocho minutos por página en «realizar una cuidadosa revisión línea por línea y palabra por palabra de todos los registros que responden antes de presentarlos en respuesta a una solicitud de la FOIA».
En consecuencia, la FDA afirmó inicialmente que necesitaba 55 años para hacer públicas las versiones redactadas de estos documentos. Posteriormente, la agencia modificó esta petición a 75 años.
Una «gran victoria para la transparencia
En su orden, el juez Pittman reconoció la «carga» que supone para la FDA cumplir con el plazo para la publicación de estos documentos, pero sin embargo dejó claro que debe ser una prioridad para la agencia:
«En este caso, el tribunal reconoce los desafíos ‘indebidamente onerosos’ que esta solicitud de la FOIA puede presentar a la FDA… Pero, como se expresó en la conferencia de programación, puede que no haya un ‘asunto más importante en la Administración de Alimentos y Medicamentos… que la pandemia, la vacuna de Pfizer, conseguir que todos los estadounidenses se vacunen, [y] asegurarse de que el público estadounidense tenga la seguridad de que esto no se precipitó en nombre de los Estados Unidos».
Pittman, además de citar a Kennedy en su orden, también se basó en las palabras del ex presidente estadounidense James Madison:
«Un Gobierno popular, sin información popular, o los medios para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia; o, tal vez, de ambas.
«El conocimiento gobernará siempre la ignorancia: Y un pueblo que quiere ser su propio gobernador, debe armarse con el poder que da el conocimiento».
El abogado Arron Siri, del bufete Siri & Glimstad, que representó a PHMPT en su demanda, dijo a Reuters que la orden del juez «se puso del lado de la transparencia y la responsabilidad».
Al comentar la decisión, Siri escribió:
«Esta es una gran victoria para la transparencia y elimina una de las trabas que las autoridades federales de ‘salud’ han tenido sobre los datos necesarios para que los científicos independientes ofrezcan soluciones y aborden los graves problemas del actual programa de vacunas – problemas que incluyen la disminución de la inmunidad, las variantes que evaden la inmunidad de la vacuna y, como ha confirmado el CDC, que las vacunas no previenen la transmisión.
«Ninguna persona debería ser obligada a someterse a un procedimiento médico no deseado. Y aunque ya es bastante malo que el gobierno haya violado este derecho básico a la libertad al imponer la vacuna Covid-19, el gobierno también ha querido ocultar los datos esperando a producir completamente aquello en lo que se basó para conceder la licencia de este producto hasta que casi todos los estadounidenses vivos hoy estén muertos. Esa forma de gobierno es destructiva para la libertad y antitética a la apertura requerida en una sociedad democrática».
PHMPT se comprometió a publicar todos los documentos de la FDA en su sitio web.
En un expediente presentado a un juez federal en noviembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ), argumentando en nombre de la FDA, afirmó inicialmente que la agencia podía procesar unas 329.000 páginas de documentos a un ritmo de sólo 500 páginas al mes, para tener tiempo de redactar el material legalmente exento.
Sin embargo, el equipo legal que representa a PHMPT argumentó en sus documentos judiciales que la FDA, a partir de 2020, tenía 18.062 empleados, lo que indica que la agencia podría encontrar la mano de obra necesaria para cumplir rápidamente con la solicitud de la FOIA.
No está claro si la FDA apelará la decisión del jueves. De no ser así, tanto la FDA como el PHMPT deberán presentar un informe antes del 1 de abril en el que se detallen los progresos realizados en relación con la divulgación de los documentos.
A partir de entonces, se requerirá la presentación de informes adicionales cada 90 días hasta que se haya liberado toda la documentación.