Editorial.
La decisión de imputar al número dos de Podemos por presunta financiación ilegal y al partido en sí es de una gravedad extrema. Al margen del ilícito penal que se pudiera haber cometido, implica un mentís a todas las declaraciones de Pablo Iglesias en un sentido regenerador y le sitúa por el momento en el primer puesto de los hipócritas. Nos tiene acosumbrados Pablo Iglesias a hacer lo contrario de lo que dice, pero en este caso se habrían superado todas las líneas rojas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado también a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.
El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.
Calvente explicó que Mónica Carmona, otra antigua letrada del partido, y él mismo estaban realizando una investigación interna por posibles irregularidades contables en Podemos cuando fueron despedidos el pasado mes de diciembre.