Enrique de Diego.
He aquí un libro esclarecedor que recobra actualidad en momentos en que el Estado de partidos se tambalea y se viene abajo, lo cual permite una lectura desde esta nueva perspectiva. El texto se abre con un prólogo del lúcido e insobornable don Antonio García Trevijano. Merecen leerse esas páginas que recobran hoy todo su valor: «La idea-fuerza que anima mi pensamiento político sobre la Constitución de una República moderna, en un país europeo degenerado en sus costumbres políticos y en sus valores sociales, consiste en una experiencia de la libertad colectiva, mediante la acción conjunta de la parte más noble de la sociedad civil que logre la apertura de un proceso de libertad constituyente». En eso estamos, ahora toca necesariamente.
Marcos Peña es una buena cabeza, con un amplio y brillante curriculum, actualmente abogado de prestigio y éxito. En este libro indaga con buen andamiaje en el origen del Estado, en las reflexiones de la revolución norteamericana y francesa, en los diferentes tipos de Estado que ha reconocido la doctrina, hasta llegar al Estado de partidos, que tuvo su episodio más destacado y penoso en la República de Weimar.
Es la parte final la más esclarecedora, cuanto entra a fondo en el cenagal de corrupción que es el Estado de partidos, muy próximo al Estado total de Carl Smichdt. Sigue para analizar ese engendro en el que estamos sumidos a su principal teorizador, Gerhard Leizholb. El Estado de partidos carece de representación política y funciona mediante el principio de adhesión a unas siglas. Hay tres principios para que se produzca el Estado de partidos: «el primero de estos deriva de la propia estructura jurídico-formal en la que descansa un Estado de partidos. El segundo, a causa del sistema electoral proporcional de lista de partidos. El tercero, por el origen estatal de su financiación».
El Estado de partidos lo llena todo, lo invade todo, incluso una falseada sociedad civil: «los órganos e instituciones propias del Estado, se hayan vacías hasta que, en bloque, los partidos los ocupan». Lo más llamativo: «es el partido el propio candidato, y es el que ocupa los órganos estatales principales. La élite del partido ocupa los puestos del Estado. Y mediante la disciplina de partido llevan a las instituciones estatales lo decidido fuera de las mismas». Prohibición constitucional del mandato imperativo y férrea disciplina del partido que muestra bien a las claras la farsa del sistema.
De hecho, devienen «partidos de funcionarios del poder estatal; los partidos actuales dejaron de ser instituciones políticas, para convertirse en instituciones de derecho público». El Estado de partidos genera una tupida red de intereses creados, «el partido y sus mandatarios harán lo indecible por no bajarse de la liana del Estado, por seguir recibiendo dinero público». De forma que «la militancia solo será importante a nivel visual. Un oropel que persigue un efecto psicológico en el votante: creer que el partido tiene un gran respaldo popular».
La representación requiere tres premisas: a) que no haya lista de partido a las que votar; b) designación directa del candidato; c) control del elegido por el elector». Cuando los electores votan a candidatos y no a listas de partidos, se crean un vínculo entre el desempeño de los representantes y sus posibilidades de reelección.
Como bien dice don Antonio García Trevijano, «la representación proporcional deja de legitimar en la sociedad civil a la diputación parlamentaria. El voto ha pasado a ser un mero formalismo residual de tipo litúrgico, que sacrifica la original representación del elector a un nuevo valor: la identificación o integración de la voluntad popular en la voluntad política de los partidos estatales».
El Estado de partidos, Marcos Peña Molina, Tribuna de Letras, 2016, 291 págs.