Editorial.
El régimen de 1978 está herido de muerte. El coronavirus le ha dado la puntilla, aunque los males vienen de lejos, del título VIII de la Constitución y de la ley electoral,de la incapacidad de formar gobierno y del Estado autonómico, que sobredimensiona la clase política. Vivimos una situación de emergencia y de crisis sistémica sin precedentes, ante la cual cualquier respuesta está llena de inconvenientes y de graves incertidumbres, que pueden afectar al modelo económico.
La respuesta en el ámbito internacional es pedir un compromiso firme de la Unión Europea en forma de coronaboros, aunque se ha conseguido desbloquear medio billón en préstamos; en el ámbito nacional Pedro Sánchez, ese gran retórico, ha lanzado como idea unos nuevos «pactos de La Moncloa». En ambos planos conviene que se dé una respuesta lo más unitaria posible y el PP debe jugar ahí la baza máxima: ofrecer un gobierno de gran coalición.
La devastación en el tejido productivo es abrumadora, la pérdida de puestos de trabajo inenarrable, nuestra principal industria, el turismo, va a padecer consecuencias terribles, nuestra industria ha sido desmantelada para deslocalizarse en China, donde se ha originado la pandemia, no hemos tenido capacidad de respuesta nacional para dotarnos de cosas tan sencillas, guantes de latex, geles y respiradores. En algunos términos, hay que empezar de cero, desandar lo andado.
Los parados se van a contar por millones. De poco sirve forzar a las empresas a correr con los costes, eso sólo se traducirá en que se disparen los concursos de acreedores. En los autónomos va a ser desastroso, ni tan siquiera se ha tenido la prudencia de que no pagaran las cuotas. Obviamente, va a bajar la recaudación tributaria y no podrá mantenerse el aparataje del Estado y de las autonomías. Habrá que reducir los sueldos a los funcionarios y las pensiones están en peligro.
Puede haber una salida a la venezolana, como pretende Pablo Iglesias con un partido minoritario, mediante lo público. Pablo Casado y el PP está obligados a ofrecer un gobierno de concentración nacional, sin quedarse en las acusaciones de Adriana Lastra. Ese gobierno de gran coalición permitiría hacer frente a los retos secesionistas y a sus chantajes. Permitiría al tiempo eliminar la vicepresidencia segunda y varios ministerios, tal y como plantea el grupo popular en una iniciativa parlamentaria bien orientada. Se aseguraría la propiedad privada y la libre empresa evitando la demagogia populista de Podemos y se evitaría o minimizaría una eclosión social.
Situaciones excepcionales precisan respuestas excepcionales. El PP, en nuestra opinión, debería tomar la iniciativa y proponer una coalición de gobierno a Pedro Sánchez, con altura de miras y sentido de Estado. Si el PSOE no recogiera la oferta asumiría una tremenda responsabilidad.