Josep Sansano.
La fiscal Yolanda Cuadrado Guirao no es Poncio Pilatos aunque trate de pasar por él. Ciertamente la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche, Marta Alba Tenza se lanza a la piscina sin agua, en una arriesgada y aventurada postura, ha fijado una fianza de 20.000 euros –pide dos años de cárcel- en la demanda del político de Ciudadanos, Ignacio Aguado contra el periodista Enrique de Diego, sin contar con el respaldo de la fiscal, lo que es totalmente inusual.
La juez Marta Alba Tenza no se ha leído en el sumario la declaración de Enrique de Diego, ni los escritos indubitables de El Mundo donde se aportan testimonios incuestionables de que en las elecciones de 2015 se obligó y dio la directriz desde el partido Ciudadanos de que cada candidatura se financiara la campaña, lo que es manifiestamente irregular e ilegal, teniendo que contener las facturas el CIF del partido, con un administrador electoral y fiscalización de todos los gastos por el Tribunal de Cuentas, y a los primeros de la lista se les obligó a pagar ciertas cantidades superiores en lo que es una compraventa de los cargos. Esto es lo que denunció Enrique de Diego y, por tanto, dijo la verdad al 100%, y no se puede considerar que la verdad es delito en periodismo porque eso es propio de las tiranías y de la inquisición, y aquí, a Dios gracias, estamos en una democracia. Luego reflejaremos el caso extremo de Pedro Benayas, de Móstoles, que es expulsado, a pesar de ganar las primarias, por no plegarse a la presunta ilegalidad.
La juez Marta Alba Tenza podría haber funcionado como una magistrada de provincias ante un político de Madrid, con un despacho de abogados de renombre, Fúster y Fabra, al que trató con sorprendente cordialidad, y con un partido que pareció algo, Ciudadanos, venido a mucho más que menos, en riesgo de extinción y de no poder pagar a los abogados. Pero lanzada a la piscina sin agua –a lo mejor dentro de poco ni existe Ciudadanos- podría haber sido más prudente al no contar con el respaldo de la fiscal Yolanda Cuadrado Guirao, que no es Poncio Pilatos pero lo pretende.
Yolanda Cuadrado Guirao ha pedido la jofaina y se ha lavado las manos. Cito textualmente su informe, porque no tiene desperdicio: “Que, habida cuenta que las presentes actuaciones se incoaron en virtud de querella interpuesta por sendos delitos de injurias y calumnias entre particulares, no se halla previsto en dicho procedimiento, en ninguna fase procesal del mismo, salvo que surjan cuestiones de interés público o aquéllas se dirijan contra funcionario público o autoridad, dada la naturaleza privada de la infracción penal imputada, la intervención del Ministerio Fiscal, tanto en la regulación que contiene los resquisitos de perseguibilidad de los mismos, art, 215 del CP, como en su específica tramitación, arts, 804 y siguientes de la LECcrim”.
Está en juego la libertad de expresión, amparada en el artículo 20 de la Constitución, a la que se acogió Enrique de Diego quien declaró que “es periodista. Que no acusa a nadie solo informa. Que no es el Ministerio Fiscal. Que contrastó dicha información, tiene muchas fuentes internas y externas del partido, fuentes en diferentes pueblos. Que hay actas de la agrupación de Fuenlabrada que se han puestos en la web y son públicas, Que hay abierto un procedimiento sancionador contra Ciudadanos, por el Tribunal de Cuentas a fecha de 6 de junio de 2018 por la posible asunción por terceras personas de gastos de partido en el ejercicio 2015. Que hay abierto en el Senado una comisión de investigación sobre la financiación de los partidos, donde se dice más de lo que el declarante dice”. La doctrina constante del Tribunal Supremo sólo obliga al periodista a verificar las informaciones y está más que verificada, está demostrada totalmente como veraz por el testimonio público, con nombres y apellidos, por diversos altos cargos de Ciudadanos.
Ante esta abrumadora carga de la prueba la fiscal entiende que se trata de dos personas privadas y no es el caso. La Convención de la ONU contra la corrupción establece que los políticos tienen carácter público o funcionarial. Conviene leerla. La doctrina constante del Tribunal Supremo establece el carácter semipúblico de los políticos, y cuando son parlamentarios la condición pública. Ignacio Aguado, cuando se denuncia la financiación de las elecciones municipales del año 2015, era diputado autonómico y vicepresidente de la Comunidad de Madrid, luego tenía obligatoriamente la consideración equiparable a funcionario público y también de autoridad, pues formaba parte de un ejecutivo que adopta decisiones sobre las personas. No ha lugar la cómoda actitud de Poncio Pilatos. En cuanto al interés público qué lo hay mayor que la celebración de unas elecciones limpias con todos los partidos ateniéndose a la más escrupulosa legalidad. Es un personaje público obligado a un plus de trasparencia, dice el Tribunal Supremo,
Pudiera darse el caso de que la fiscal Yolanda Cuadrado Guirao desconociera al emitir su dictamen quién es Ignacio Aguado y le haya tomado por persona privada; nada más lejos de la realidad. En el propio escrito de acusación se afirma que “dadas las circunstancias, estamos en la obligación de destacar la importancia que tiene para mi representado, D. Ignacio Aguado su prestigio e imagen, debido a su carácter de personaje público dada su profesión, cualquier tipo de rumor o invención puede destrozar años de trabajo. Este extremo lo demostramos, manifestando que D. Ignacio Aguado es el portavoz del Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid en representación del partido político Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y que actualmente es el candidato del referido partido en las elecciones de fecha 26 de mayo de 2019 a la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. Personaje público, por tanto, con una exigencia suplementaria de trasparencia y un sometimiento especial a la crítica, según la doctrina constante del Tribunal Supremo, y no la postura que adopta la representación de Ignacio Aguado.
La jueza Marta Alba Tenza ni siquiera se ha detenido a justificar y razonar su auto de apertura de juicio oral. No ha hecho los deberes. Ni ha interrogado a los testigos que se le proponen. Actúa aparentemente por el artículo 33.
En ese sentido, en escrito presentado ante Decanato y dirigido al Juzgado de Instrucción número 3, del que es titular la magistrada Marta Alba Tenza, se presentan informaciones publicadas por El Mundo, 10 de abril de 2019, en que se efectúan declaraciones plenamente confirmativas de los concejales de Ciudadanos Horacio Rico de Alcobendas y Juan José González, de Arroyomolinos. Se llegaron a pagar gastos de publicidad electoral de bolsillos privados. Se reproduce documento con membrete de Ciudadanos de Arroyomolinos con las cantidades que debía aportar cada candidato dependiendo del puesto que ocupaba en la lista.
El Mundo, 12 de abril de 2019, publica que “el candidato de Cs en ‘Sanse’ admite que pagó de su bolsillo gastos de la campaña de 2015”; información en la que se reproducen declaraciones del portavoz de Ciudadanos en San Sebastián de los Reyes, Madrid, Miguel Ángel Martínez Perdiguero confirmando que financió la campaña electoral pagando los anuncios de los autobuses.
El 11 de abril de 2019, El Mundo inserta una información especialmente significativa sobre “el ganador de las primarias de Ciudadanos en Móstoles denuncia que lo echaron por negarse a que se pagara por ir en la lista”. Se trata de Pedro Benayas, dispuesto a declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Elche. Declaraciones contundentes de Pedro Benayas, ganador de las primarias de Móstoles, que luego fue rechazado por la dirección de Madrid al negarse a cometer tamaña ilegalidad. Se reproduce documento con el membrete de Ciudadanos Móstoles en el que se indican las cantidades marcadas por la dirección madrileña de Ciudadanos para ir en la lista. ¿No ha leído la jueza Marta Alba Tenza estos testimonios, y especialmente el de Pedro Benayas, o simplemente ha preferido quedar impresionada por un político, ahora en horas bajas, más aún bajísimas, como Ignacio Aguado y ser amable con el despacho de abogados que presume de membrete Fúster y Fabra? ¿No tiene la obligación ética y legal de salir en defensa de la libertad de expresión y de la verdad la fiscal Yolanda Cuadrado Guirao?
Hay momentos en que adoptar la fácil postura de Poncio Pilatos con la jofaina es una impostura. Es el caso.