Miguel Sempere.
El Gobierno de la Junta de Andalucía, con Partido Popular y Ciudadanos, es ya un fiasco sin paliativos, con dos camaleones como Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín, emulando al conde de Lampedusa, de forma que algo cambie –los puestos- para que todo siga igual.
Está sucediendo lo que ya adelantó Rambla Libre: Vox está quedando desactivado y su capacidad de presión se reduce al debate Presupuestario, que queda lejos. Moreno Bonilla y Juan Marín están siguiendo la táctica de Mariano Rajoy de recoger los votos de derechas para gobernar con las ideas y las leyes de la izquierda. Vox tampoco está ejerciendo de oposición y su acuerdo con el PP es papel mojado. Esta línea le puede costar cara a Pablo Casado, porque es lo contrario a su retórica, y mostrar a un Ciudadanos enfangado en las peores maneras de la vieja política.
PP y Ciudadanos se han negado a derogar la Ley de Memoria Democrática, el equivalente a la Ley de Memoria Histórica andaluza. Una Ley de un totalitarismo que impone una versión simplista y sectaria de la historia como verdad, que cercena la libertad de opinión y la libertad de cátedra y que pretende abrir otro campo de negocio subvencionado a través de lo que denomina entidades memorialistas. De paso genera más organismos para colocar a más gente viviendo del contribuyente.
La ‘verdad histórica’ según esa Ley se sintetiza en que “el 18 de julio de 1936 se producía el golpe militar contra el Gobierno de la República. Como consecuencia, y en defensa de la legalidad constitucional de la Segunda República Española, se desencadenó la Guerra Civil, que acabó destruyendo el Estado Republicano que pretendía llevar a cabo la necesaria reforma agraria y que estaba culminando nuestro primer reconocimiento como autonomía. Para Andalucía, la República supuso el empeño de modernizar y hacer más justas sus arcaicas estructuras económicas, junto con el intento de superación del secular dominio ejercido por la oligarquía agraria, con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica”.
Esta versión de los hechos es sencillamente delirante y tiene muy poco que ver con nada que se le parezca a la verdad histórica. No es que simplemente diferencie entre buenos y malos, es que simplemente es mentira.
De ahí pasa a identificar al franquismo con el nazismo y a establecer que perpetró un “crimen contra la humanidad”, y desde ahí decide dejar abolida la Ley de Amnistía de 1977, con lo que entra de lleno en el terreno de la inconstitucionalidad: “estos crímenes serían imprescriptibles, y debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el establecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo”.
En un completo homenaje a la corrección política la Ley de marras asume la “perspectiva de género y LGTBI”, que resulta esotérico saber a cuenta de qué se introduce en el texto, que tiene todo el aroma de un inmenso despilfarro y de un negocio abyecto: hay que indemnizar a “las andaluzas y andaluces que, por su lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades públicas, como consecuencia de acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos durante el período que abarca la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”.
Se establece un grupo de trabajo como una especie de inquisición con cargo al Presupuesto, que, por cierto, estará constituida por todo menos por historiadores: “El grupo de trabajo o comisión deberá contar entre sus miembros con ciudadanos ampliamente respetados de la sociedad, de independencia probada, e incluirá a profesionales de distintos ámbitos o trayectorias, como abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, educadores, antropólogos, arqueólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia contra la mujer o los niños, representantes de colectivos memorialistas y de las víctimas y activistas de los derechos humanos, entre otros. Los miembros del grupo de trabajo o comisión serán elegidos por el Consejo de Memoria y ratificados por el Parlamento de Andalucía”.
Estos delirios totalitarios son los que el PP y Ciudadanos, Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín, no están dispuestos a deroga