Josep Sansano.
El presidente del PP de Alicante capital, Toño Peral, tiene, según fuentes solventes, su nómina embargada por impagos a la comunidad de vecinos del edificio de la Calle General Marvá, 4 de Alicante. Toño Peral es propietario del 50% del ático izquierda, que adquirió junto a Elsa Martínez, también militante del Partido Popular y exdirectora de la Ciudad de la Luz.
Rambla Libre ha consultado con vecinos del citado edificio y con personas cercanas a la administración de la finca siendo todas coincidentes en que de manera sistemática la inquilina del ático izquierda no satisface los pagos a la comunidad de vecinos, por lo que hubo que recurrir a la vía judicial, que es la que dictó el embargo de una parte de la nómina de Toño Peral como jefe de gabinete del presidente de la Diputación.
Rambla Libre se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de Diputación para conocer la versión de Toño Peral quien nos ha trasladado que es «absolutamente falso» y también que se trata de «una cuestión privada».
Según las fuentes informantes, la deuda acumulada es superior a los 8.000 euros. Como expresa una fuente cercana a los vecinos, estos «desean que le vaya cuanto mejor, mejor a Toño Peral, porque así el porcentaje a cobrar representará más dinero».
Toño Peral estuvo casado con Elsa Martínez, con la que tiene un hijo común. La exdirectora de la Ciudad de la Luz vive en el ático izquierda de la Calle General Marvá, 4, junto ese hijo. Elsa Martínez y Toño Peral mantienen una civilizada, buena y fluida relación. Elsa Martínez lo define públicamente como «mi gran amigo».
A Elsa Martínez se la considera la asesora de la concejal tránsfuga de Podemos, Nerea Belmonte, cuyo voto en blanco permitió el acceso a la alcaldía al pepero Luis Barcala, con sólo ocho concejales, al haber sido el PP el partido más votado. Elsa Martínez ha presumido de su influencia sobre Nerea Belmonte, en una estrategia que ha beneficiado a su «gran amigo» Toño Peral y a su partido.
El ático izquierda de la Calle General Marvá, 4 no sólo es la vivienda de Elsa Martínez sino que también es la sede de empresas que contratan con instituciones públicas, por lo que podría entenderse que, de manera indirecta, Toño Peral se está beneficiando de esos contratos.
Rambla Libre publicó en rigurosa exclusiva la factura del Ayuntamiento de Alicante a favor de Terimfores Inversiones SL por 4.840 euros, por la coordinación del acto inaugural del Acuario de Alicante, tras su reforma, con fecha 20 de abril de 2017.
La actuación de Elsa Martínez y su empresa fue mínima y casi irrelevante. Se redujo a llevar a un DJ que puso música bakalao, lo que produjo la protesta de una asociación animalista quien consideró que se había sometido a un stress excesivo a los peces. También facturó por viralizar el acto en las redes, pero eso sólo fue una palabra, puesto que en buscador Google apenas quedan referencias del acto.
Algunas fuentes apuntan a que Diputación de Alicante estaría patrocinando el programa de Elsa Martínez en una televisión local, próxima al PP, Noticias 12, pero este hecho no ha podido ser corroborado, aunque esta sospecha está firmemente instalada en el partido Ciudadanos. En cualquier caso, la empresa factura a las administraciones por organizar eventos y espectáculos. La situación es irregular al estar fuera de su objeto social y su clasificación en el CNAE que sería la 823: https://www.cnae.com.es/
Algunas fuentes consultadas no descartan acudir a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para pedir que abra investigación. Lo que es notorio es que Elsa Martínez y Toño Peral mantienen intereses económicos comunes que pasan por el ático de la Calle General Marvá.
Acusado por su expareja de cobrar comisiones a través del chófer
Elsa Martínez fue directora de la Ciudad de la Luz de agosto de 2009 a septiembre de 2011 desarrollando una nefasta gestión, llena de aspectos polémicos. Su compañero sentimental durante aquel tiempo, el productor Javier Castelló declaró que Elsa Martínez “enviaba a su chófer con el coche oficial a un hotel de Valencia a recoger sobres con dinero procedente de comisiones ilegales“. Javier Castelló, expareja de Elsa, relató el cobro de una comisión por la obra ejecutada para el bombeo del tanque acuático de Ciudad de la Luz, en el que se rodaron las escenas del tsunami de la película “Lo imposible”, dirigida por José Antonio Bayona. “El chófer acudió a Valencia a recoger un sobre de 20.000 euros”.
“Son las comisiones que Elsa se lleva por pagar el tanque y son 20.000 euros. De hecho, ella estaba con números rojos en el banco y con parte de ese dinero solventó la deuda de la hipoteca que tenía en descubierto“, relató su expareja sentimental Javier Castelló. Quien relató también otra comisión de 10.000 euros relativa al contrato de mantenimiento de los ordenadores.
“El chófer ha tenido que ver lo que no está escrito cuando llevaba a Elsa y Gerardo Camps”
Según Javier Castelló, Elsa Martínez repartía las comisiones con el vicepresidente de la Generalitat, Gerardo Camps, a quien Elsa califica de “un señor como la copa de un pino“. Según Javier Castelló, “el chófer ha tenido que ver lo que no está escrito, imagínate lo que puede saber él, que llevaba a Elsa y Gerardo Camps”.
Elsa Martínez llegó a conceder, durante su etapa como directora de la Ciudad de la Luz, a dedo contratos por 3 millones de euros. En recientes comentarios suyos en facebook, sitúa el desastre de gestión de la Ciudad de la Luz como responsabilidad de José María Rodríguez Galant y amenaza con tirar de la manta, por lo que parece conocer cuestiones escandalosas que ni depuró ni ha hecho públicas.
La exdirectora de la Ciudad de la Luz también fue acusada de primar a las agencias de publicidad Año Cero Comunicación y Espacio Cero Comunicación, con contratos por 100.000 euros, de las que era administradora única y que durante su etapa al frente de la Ciudad de la Luz transfirió a su hermana Laura, aunque según OK Diario por sus correos electrónicos se deducía que seguía gestionándolas. El Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante archivó la denuncia de Elsa Martínez contra OK Diario por considerar que todas esas informaciones estaban amparadas por el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 20 de la Constitución.