Roberto Centeno. Catedrático de Economía.
Jamás en la historia española, europea o mundial, un arribista sin principios ni valores, ávido de poder y relevancia social, que ha llegado a la jefatura del Gobierno de la mano del comunismo bolivariano -la hez de la izquierda mundial -, de una organización criminal y de un grupo terrorista, con tal de seguir en el poder 18 meses más, ha cometido un acto tan incomparable e inaudito de alta traición contra su Patria, como el que está perpetrando Pedro Sánchez.
El actual presidente del Gobierno ha mendigado de manera literal, el llevar a cabo junto a varios de sus ministros una cumbre política, con el fanático racista de Torra – un personaje que potencialmente se halla incurso en graves delitos penales– y sus secuaces. La finalidad de esta desusada e inmunda reunión es tratar una agenda de cuatro puntos impuesta por los golpistas exactamente igual que si hubieran ganado a España una guerra de años: rechazo de la Monarquía, libertad o indulto de los sediciosos encarcelados, dominio total del adoctrinamiento en la mentira histórica y el odio a España en la enseñanza, y un referéndum de independencia controlado totalmente por ellos bajo el imperio del terror.
A todo lo anterior se suma, igual que si España hubiera sufrido una terrible derrota militar, la entrega de una parte del territorio nacional a los golpistas catalanes, ya que Pedro Sánchez está dispuesto a cederles Baleares para que Cataluña y las islas formen una euro región propia. En cualquier Estado de Derecho que mereciera mínimamente ese nombre, Sánchez habría sido ya destituido y procesado por alta traición. Desgraciadamente no acaba ahí toda la ignominia. El propio gobierno de Cataluña ha alentado y dado rienda suelta a la chusma violenta de los CDR, quienes se han crecido al ver que pueden cometer cualquier agresión y tropelía sin que nadie les haga frente, dada la dejación absoluta e injustificada de funciones por parte del Gobierno, y dado también que ha recibido la protección del fascista Torra y de la policía autonómica, un 30% de cuyos efectivos ha pedido la baja mañana.
Esa policía autonómica que depende jerárquicamente del ministro del Interior Grande Marlaska, en lugar de ejercer su obligación más grave como es mantener la Ley y el orden, ha dejado de manera cobarde, vil y carente de justificación, el mando de la misma en manos de un criminal fugado y refugiado en Bélgica, nación con quien hace ya mucho tiempo cualquier otro país que no fuera España habría roto sus relaciones diplomáticas. Los CDR han amenazado con cortar impunemente fronteras, puertos, autopistas, carreteras, aeropuertos, calles y plazas, sin que nadie, por orden del fascista Torra claramente incurso en un delito de sedición se enfrente a ellos. Si todo sucede tal y como han anunciado, la vergüenza y la humillación que sufrirán España, los españoles y de todas sus instituciones sin excepción, no tendrá parangón alguno en una nación civilizada.
¿Qué hace el Rey símbolo de la unidad de España?, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas que han jurado proteger la integridad territorial de la nación y el orden dentro de ella?, ¿qué hacen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad? ¿qué hace la Fiscalía del Estado que esta incumpliendo escandalosamente con sus principales funciones? ¿Acaso no queda en España una brizna de coraje y de dignidad para quienes están más obligados por imperativo legal cumplan con su deber y acaben de un plumazo con una organización de criminales fascistas apoyados por una chusma de violentos, que serían barridos de las calles con toda facilidad con la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿A qué esperan para poner en marcha el Art 116 de la Constitución y declarar el Estado de sitio en una región donde la Ley y el orden han desaparecido?
Esta vil humillación causada por el deseo bastardo de un guerracivilista que ansía prorrogar su mandato año y medio ni puede ni debe ser tolerada. Este crimen de lesa patria por parte de un jefe de Gobierno y su hatajo de ministros analfabetos que más parecen haber salido de una escombrera, no puede ser perpetrado impunemente, los responsables deben ser detenidos y procesados por quien tienen la obligación y el poder para hacerlo: el Rey, las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y los estamentos jurídicos cuya obligación es hacer cumplir la Ley y mantener el orden. Si no lo hacen, su culpabilidad será tan innegable y tan inmensa como el traidor Sánchez y sus ministros y algún día todos y cada uno tendrán que responder ante la nación por esa conducta ,y pagar por inaceptable incumplimiento de su más sagrado deber.