Miguel Sempere.
El Gobierno de Pedro Sánchez, cuando toda Europa está de vuelta, se dispone a ser el más buenista. Ahora cargará al contribuyente español la sanidad de los inmigrantes ilegales, que nunca han contribuido, en un ataque destructivo al Estado de bienestar que pasa así a ser un Estado asistencial.
Según la portavoz, Isabel Celaá, el Gobierno ha iniciado un procedimiento «dialogado» con agentes sociales y comunidades autónomas que concluirá en un decreto, que se dictará en seis semanas y después tendrá que ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
“Es una cuestión de decencia política y además un mandato de todos los organismos internacionales como la ONU e, incluso, el Defensor de Pueblo, que ya invitó a acabar con esa iniciativa”, ha señalado Celaá. La portavoz se ha mostrado convencida de que “no habrá ninguna comunidad que incumpla el nuevo decreto de asistencia sanitaria universal” y ha asegurado que incluso algunos presidentes autonómicos del PP “estaban muy incómodos” con la actual regulación.
Además, la ministra ha confirmado que el Gobierno buscará una fórmula alternativa para eliminar las concertinas, los acabados punzantes, en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla tal y como ya había avanzado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.