Redacción.
Reproducimos un extracto del libro «¡Derogad la genocida Ley de Violencia de Género», de Enrique de Diego (a la venta en Amazon), altamente clarificador respecto a la plaga de denuncias falsas provocada por dicha Ley, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero y mantenida por Mariano Rajoy:
El objetivo declarado de la Ley Integral de Violencia de Género no es acabar con el mal trato –en ese caso se acabaría el negocio y ¿de qué vivirían las asociaciones feministas, las consejerías y concejalías de la mujer, el Instituto de la Mujer y sus clones autonómicas? Y más aún: ¿cómo se financiaría el PSOE que ha encontrado aquí el cuerno de la abundancia?- sino proceder a un proceso de ingeniería social, que por reducción al absurdo y mediante la universalización del imperativo categórico kantiano lleva a la extinción de nuestra sociedad, y de la especie, pues el feminismo actual es lésbico.
El punto de partida es que la violencia de género –ejercida sobre la mujer por el mero hecho de serlo- era un delito invisible. Se trata de una mera percepción, que nunca ha sido sostenida sobre ningún estudio serio. Los datos inducen a pensar que en épocas pretéritas la violencia intrafamiliar era mucho menor que la que se padece en el momento actual y que Ley Integral de Violencia de Género sólo ha ayudado a incrementar, y no a paliar. Reiteremos que las cifras de mujeres asesinadas siguen siendo constantes, a pesar de tanto dinero, tantos medios y tan propaganda, lo que indica que se está siguiendo un camino erróneo, de manera consciente, pues siempre lo que se ha buscado ha sido el negocio.
Establecido ese dogma del delito invisible, el sistema necesita generar un problema mucho mayor del que falsamente afirma querer resolver. Ya hemos visto que la mujer que denuncia, y es realmente maltratada, está cada vez más desprotegida. Y eso es a causa de la ingente cantidad de denuncias falsas. El Estado español ha creado un mecanismo legal, con amplificador mediático, que alienta la interposición masiva y sistemática de denuncias por violencia de género, mayoritariamente en los procesos de separación y divorcio, vinculado a la percepción de fondos europeos, privilegios económicos y prebendas para la trama de asociaciones feministas. Ese mecanismo está aniquilando vidas, mutilando psicológicamente a los niños de por vida, y destruyendo a la sociedad, contribuyendo a la caída exponencial de la natalidad.
La denuncia está incentivada. Por el mero hecho de interponerla, aunque sea falsa, la denunciante tiene derecho de asistencia social integral, que incluye desde asesoramiento, asistencia psicológica, médica, recursos de alojamiento (centros de acogida, centros tutelados…), ayuda a reinserción laboral; asistencia jurídica gratuita y especializada, que por la vía de la praxis es monopolizada por la Asociación de Mujeres Juristas Themis; derechos laborales, para los que no son precisos condena sino simple informe del ministerio fiscal, que conllevan conciliación laboral, movilidad geográfica, con reserva del puesto de trabajo durante 6 meses, suspensión de la relación laboral con reserva durante 6 meses, extinción del contrato laboral a petición de la supuesta víctima dando derecho a las prestaciones de paro y subvenciones, nulidad del despido de la trabajadora; derechos en materia de seguridad social, derecho a la pensión de jubilación anticipada, derecho de pensión de viudedad en casos acreditados que no cobre pensión compensatoria; derechos en materia de empleo e inserción laboral, incentivos al inicio de nueva actividad por cuenta propia y, en el caso de las funcionarias, derecho a la excedencia o a que las faltas al trabajo se consideren justificadas; ayuda económica específica para mujeres presuntamente víctimas de violencia de género, que se hace en un único pago.
En el caso de mujeres extranjeras, la denuncia por violencia de género suspende de inmediato cualquier proceso de expulsión.
Los procesos de divorcio en los Juzgados de Familia son tediosos. Se aceleran de inmediato si la mujer presenta una denuncia por violencia de género (en el caso del hombre no tiene esa opción, no tiene esa consideración). De esa manera, además, se aseguran anticipos por impagos de pensiones alimenticias, a través del Fondo de Garantía para el Pago de Alimentos; prioridad en acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores; posibilidad de acogeré a la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales; posibilidad de acceder al Fondo Social de Viviendas de Alquiler.
Recapitulemos brevemente:
1.- La mujer inmigrante se mantiene en suelo español si denuncia violencia de género y pasa a cobrar una ayuda en una sola entrega.
2.- La viuda puede denunciar al difunto por malos tratos.
3.- La divorciada se queda con la casa, con los hijos y se asegura el pago de alimentos. Él es llevado al calabozo y estigmatizado socialmente. En el peor de los casos, puede ir a prisión; frecuentemente saldrá con una orden de alejamiento, o de principio o paulatinamente se le retirará la patria potestad, con lo que él quedará arruinado y sin derecho a ver a los hijos, y ella se quedará con todo.
¿A alguien le puede extrañar que la Ley de Violencia de Género haya provocado un caos social, judicial y una orgía irrestricta de denuncias falsas? ¿No es de una terrible lógica que los procesos de divorcio y custodia degeneren en falsas y tortuosas persecuciones judiciales bajo la patente de corso de la violencia de género? Las personas funcionan mediante expectativas racionales buscando su interés económico. Con el proceso de ingeniería social destructivo puesto en marcha con la Ley Integral de Violencia de Género lo único ilógico es que, hasta el momento, no todas las mujeres han denunciado por violencia de género a todos los hombres, pues se trata de un magnífico negocio. Sólo cierta salud moral remanente en la sociedad española ha hecho que no se haya llegado a los niveles últimos de un proceso, por el que se hace imposible cualquier relación de pareja, al dotar a la mujer de un poder omnímodo y de una capacidad punitiva jupiterina. De hecho, muchas discusiones conyugales normales ahora se emponzoñan con la amenaza de denunciar por violencia de género, cuyo protocolo exige a las Fuerzas de Seguridad la inmediata detención del varón. También se percibe un creciente miedo entre jóvenes varones a establecer relaciones serias. Y, como la picaresca nunca anda lejos de los negocios, y éste es pingüe, inmenso y sin fiscalización, cualquier funcionario del INEM puede atestiguar que no pocas denuncias, a fin de cobrar los subsidios y obtener las ventajas, son puestas de común acuerdo por las parejas que acuden juntas a las oficinas de dicha institución a fin de resolver los últimos trámites.
El sistema ha establecido que no existen denuncias falsas de violencia de género. Esa afirmación se repite en los medios de comunicación con la insistencia propia de la mendaz propaganda. No sólo en lo relativo a violencia de género, en España, de hecho, en los últimos años hay importantes incrementos de denuncias falsas y aún más de simulación de delitos. Así se refleja en las memorias de la Fiscalía. A título de ejemplo, en 2.016, las simulaciones de delito aumentaron el 171% y las denuncias falsas el 133%. En Jaén, las denuncias falsas aumentaron el 35% y las simulaciones de delito el 53%. En Asturias, las simulaciones de delito aumentaron el 53,6%. En Orense, los falsos testimonios, el 138,5%.
Si se trata de una tendencia general, ¿por qué el sistema tiene tanto interés en imponer que en violencia de género no hay denuncias falsas? Porque es preciso preservar un negocio que, al tiempo, se ha convertido en factor de legitimación del poder coercitivo del Estado. ¡Qué tremenda osadía pretender a la trágala que mientras las denuncias falsas se incrementan exponencialmente en todos los ámbitos, no las hay, no hay ninguna, en violencia de género! ¡Qué nivel supino de estupidez en esta mentira de la propaganda! Según el argumentario oficial, las denuncias falsas en este terreno son sólo el 0,4%, cifra que corresponde a las deducciones de testimonio por denuncia falsa que pasan por las Audiencias Provinciales. Es una ficción y un espejismo; una falacia y una grosera manipulación. Por instrucciones específicas del Gobierno, las fiscalías no persiguen de oficio las denuncias falsas de violencia de género y los ciudadanos se encuentran que no pueden seguir esa vía porque ante lo que se encuentran es ante sobreseimientos y archivos por falta de pruebas. La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción ha hecho un estudio que pone en evidencia con claridad las dimensiones estratosféricas del problema. Entre 2.004 y 2.012 se interpusieron 1.034.613 denuncias, de las que el 79% fueron absoluciones, archivos y una ínfima parte desistimientos. Hubo 207.997 condenas (21% de las denuncias totales), y de esas condenas el 80% fueron por delito, de las que más de 77.000 fueron conformidades, y el 20% restante por faltas. En el año 2.016, las denuncias fueron 142.893 y las condenas 19.388. Ese año las denuncias falsas fueron 123.505. En total, las denuncias falsas superan el 1.200.000. La metodología ha sido cuestionada pues afirman que no se puede asegurar que esas denuncias que no prosperaron fueran falsas. Por el contrario, podemos afirmar con toda seguridad que esas denuncias fueron totalmente falsas: a) las denuncias están incentivadas; b) el sistema está interesado en condenar, hasta el punto de que ha eliminado la presunción de inocencia.
De hecho, lo que ha de ser cuestionado es la justicia de las sentencias. Además de esa ingente cantidad de denuncias falsas –para obtener beneficios económicos, evitar la expulsión o conseguir ventajas en los procesos de divorcio y custodia- muchas denuncias más falsas que un Judas de plástico han conducido a condenas, algunas de extraordinaria severidad. Sentencias antijurídicas, arbitrarias, meros actos de fe, estrictas ofensas a la inteligencia, con similar fundamentación y credibilidad que una sentencia de la Inquisición.