Luis Bru.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ha adoptado la línea dura para defender la legalidad y la unidad de España. Fuentes judiciales informan a Rambla Libre que el objetivo es que haya juicio, y a ser posible sentencia, antes de octubre. Se trata de delitos de extrema gravedad para los que el Código Penal contempla penas superiores a los 3 años, que es el horizonte al que se enfrentan, al margen de las polémicas cotidianas, los encausados. Las fuentes que informan a Rambla Libre indican que «a la Justicia no le va a temblar el pulso. Se ha llegado demasiado lejos y se ha actuado con demasiada frivolidad».
Llarena procesa por rebelión a 13 dirigentes de la sedición. El juez del Tribunal Supremo ha dividido en varios grupos de responsabilidad la causa por rebelión. Por un lado, ha fijado el grupo con más responsabilidad, a quienes procesa por un delito de rebelión y malversación de caudales públicos: estos son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el exvicepresidente, Oriol Junqueras, y siete exconsellers: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comin y Dolors Bassa. Por el delito de rebelión también han sido procesados la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; la número 2 de ERC, Marta Rovira, y los expresidentes de las asociaciones ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
En un segundo grupo de responsabilidad, por delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos han sido procesados los exconsellers Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret. Al no ser procesados por rebelión ni sedición para posibles penas de prisión se reducen considerablemente en sus casos. Y como tercer grupo y solo por desobediencia están los cinco ex miembros de la Mesa del Parlament, Llus Maria Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet, así como la expresidenta de la CUP, Mireia Boya y su ex jefa de filas en el Parlament, Anna Gabriel.
Por su parte, la Fiscalía ha solicitado el ingreso en prisión incondicional para el candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, para los exconsellers Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa y para la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, después de conocer que han sido todos procesados por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos por participar en el “diseño criminal” para lograr la independencia de Catalunya fuera de las vías legales y que conlleva penas de hasta 30 años de prisión.
La Fiscalía basa su petición por el momento procesal en el que se encuentra la causa, con un auto de procesamiento ya dictado. Además, considera que el hecho de que la número 2 de ERC, Marta Rovira, haya decidido huir de la Justicia es una circunstancia que agrava la situación del resto. Marta Rovira explica en una carta que “hoy emprendo un camino duro, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que coger. El camino del exilio”. Así comienza la misiva de la dirigente, en la que explica la decisión por el hecho de que “mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente” y “sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican, descaradamente, criterios políticos”. Rovira explica que “cada día, cada hora, sentía mi libertad limitada por amenazas judiciales arbitrarias”, de forma que “no me sentía libre” y “no me reconocía”, hasta el punto de que “estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna”.
Por otro lado, aprecia que haya riesgo de reiteración delictiva. El Ministerio Público asume los argumentos de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo en el auto por el que decidió que el exconseller de Interior, Joaquim Forn, siguiera en prisión.
A pesar del criterio en contra de la Fiscalía, el tribunal consideró indiferente que dejara el escaño o la política bastando con su implicación en la trama de rebelión investigada. Por tanto, el Ministerio Público entiende que hay actuar de manera conjunta respecto de todos los encausados y por tanto solicitar la prisión incondicional para todos ellos sin hacer distinciones.
Por su parte, la acusación popular representada por Vox también ha solicitado el ingreso en prisión de los encausados durante la vista para medidas cautelares celebrada en el Tribunal Supremo, peticiones que ahora debe resolver el instructor Pablo Llarena.