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La felonía de la jerarquía católica no puede quedar impune

Redacción




Carlos Osoro y Juan José Omella. /Foto: religionconfidencial.com.

Enrique de Diego.

El martes a la tarde, en el Palacio de La Moncloa, tuvo lugar una reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los arzobispos de Madrid, Carlos Osoro, y de Barcelona, Juan José Omella. La reunión fue tensa. La nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal fue lamentable, tibia, equidistante y en algunos aspectos una simple canallada como cuando habla de «los derechos de los diferentes pueblos que componen España» o cuando pedía «un diálogo generoso y honesto», tesis separatistas. El vicesecretario del PP, Javier Maroto, les afeó que «la Iglesia siempre acierta cuando habla de ética y de moral y deja la política para los políticos». Y comparó a la Iglesia -la jerarquía- con el Barcelona CF que tiene seguidores en toda España y se dedica a ofenderles.

Mientras la Conferencia Episcopal Española abjuraba de defender la unidad de España, que en tiempos pretéritos calificó de «bien moral», la Iglesia en Cataluña se tornaba beligerante y hasta blasfema, utilizando el párroco de Vila-rodana la Iglesia de Santa María para hacer el recuento de un referéndum bananero e ilegal. Y 400 sacerdotes, laicos y religiosos se posicionaban a favor de la secesión y movían Roma con Santiago, y nunca mejor dicho, para ir contra la convivencia de los españoles.

Esta felonía de la jerarquía católica no puede quedar impune. La Conferencia Episcopal debería dejar de llamarse Española. La jerarquía goza de privilegios económicos que le deben ser quitados para que se autofinancie. Aunque la crucecita es una burda mentira -el dinero es fruto de la negociación entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal- es de todo punto lógico que los agredidos patriotas españoles no pongan la maldita crucecita en la Declaración de la Renta. Y, por supuesto, que el Estado retire toda la financiación y obligue a pagar el IBI.

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La estrategia episcopal sugiere una mezcla de estupidez y traición, con inanición de la Comisión Permanente, beligerancia del clero politizado catalán y oferta de mediación como si se tratara de dos Estados y no de cuestión de sedición y delincuencia. Indicios de una trampa clerical. Una felonía indigna e indignante.