Luis Bru.
El Gobierno tiene en su mano asfixiar económicamente a la Generalitat insurrecta de Carles Puigdemont. Es una vía que se debería llevar hasta sus últimas consecuencias, de forma que los funcionarios de la Generalitat pasen a depender económicamente del Gobierno de la nación.
La Generalitat ha dejado de remitir la justificación de gastos semanal, como un criterio de desconexión y también para ocultar el dinero destinado al 1-O. El viernes el Gobierno aprobará una serie de medidas de respuesta, entre las que se cuenta la exigencia de una justificación mensual de los gastos presupuestarios antes de que se haga efectivo el pago directo por parte del Estado. Se trata de los anticipos mensuales que corresponden al IRPF y al IVA. El Gobierno se hará cargo de hacer llegar el dinero a sus destinatarios.
No se cierra el grifo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Gobierno entiende que eso perjudicaría a proveedores, como las farmacias. Sin embargo, llevar a la quiebra a la Generalitat resultaría clarificador y llevaría al descrédito de Carles Puigdemont.