Martín Aróstegui. Periodista y analista político.
Chile sufre un creciente problema terrorista que su presidenta socialista es reacia a enfrentar por temor a dividir su coalición centroizquierdista que incluye socios comunistas comprometidos con grupos violentos, dicen expertos de seguridad y víctimas de recientes ataques.
La vulnerabilidad de Chile al terrorismo es claramente demostrada por la actual ola de incendios forestales causados intencionalmente, que han arrasado con más de un millón de hectáreas y matado a una docena de personas.
Hay 43 sospechosos bajo arresto cuyos antecendentes y nexos ideológicos se mantienen en reserva. Aunque ningún grupo se ha adjudicado el masivo sabotaje que amenaza con cortar el estrecho país, ciertos indicios apuntan a militantes anarcho indigenistas propensos a ataques incendiarios, que han amenazado con quemar pueblos enteros para promocionar sus causas.
Llamamientos a una “tormenta de fuego para liberar territorio Mapuche” se han escuchado por radio y difundidas en redes sociales desde Bio Bio, actual foco de incendios y activismo indígena. Un conocido activista y empleado municipal de la zona, Salvador Penachuluf, ha sido autor de las declaraciones convocando a una “guerra de fuego”.
Investigaciones policiales indican un fortalecimiento de nexos entre grupos autodenominados anarquistas con vínculos a la extrema izquierda perpetuando atentados en Santiago y un movimiento indigenista surgiendo en el sur del país.
“Diferentes grupos podrían integrarse en un movimiento armado a nivel nacional asesorado y asistido por redes internacionales” dice Franciso Ljubetic, anterior fiscal general de Araucania, quien ahora encabeza la facultad de derecho en la Universidad Autónoma de Temuco.
El ex director de la agencia nacional de inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, opina que la capacidad técnica de nuevos grupos ha “subido un peldaño” con el reciente envío de un paquete bomba al presidente de la minera nacional CODELCO que explotó en su cara.
Yussef apunta al “mismo grupo de gente con cierta orientación ideológica y anti sistémica que han estado causando daño por algún tiempo”, conectando el atentado con un ataque de bomba al metro de Santiago en 2014.
Estancamiento económico causado por bajas en el precio de cobre, frenando reformas sociales prometidas por el gobierno, han causado tensiones entre social demócratas y comunistas dentro de la coalición gobernante y animado el activismo de extrema izquierda.
Aun así, esporádicas bombas y actos de vandalismo en centros urbanos, podrían pasar desapercibidos, si no fuese por una creciente base insurgente formada por rebeldes Mapuches en zonas rurales del sur que parecen salírsele de las manos a las fuerzas de orden público.
Células armadas, asociadas con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) encabezada por el militante comunista Hector Llaitul quien participó en una guerrilla contra el ex régimen militar del general Pinochet, llevan a cabo un promedio anual de casi 300 ataques durante los últimos cinco años, indican cifras de la asociacion Multigremial de Araucania.
Empresas forestales, fundos agrícolas, transporte terrestre, redes eléctricas, telecomunicaciones, policías, jueces, fiscales e iglesias cristianas, son blancos de constantes atentados en su mayoría incendiarios revindicados a base de aspiraciones territoriales de pueblos originarios Mapuche que ahora conforman un 40% de la población en la zona.
Personas vinculadas a una serie de asaltos bancarios en Santiago y otras ciudades, se han escondido en comunidades Mapuche que están sirviendo como base de planificación, preparación y entrenamiento para grupos armados, dice la policía nacional Chilena.
Ljubetic dice haber encabezado investigaciones que rastrearon a las cabecillas del atraco a un camión de Security Bank en Santiago en 2010, a la comunidad Mapuche de Temucuicui. Algunos fueron identificados como miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el que el actual dirigente del CAM, militó.
“No puedo responder por todos los que pasan por esta comunidad”, dice el “Lonko” de Temucuicui, Victor Queipul quien preside sobre 57 familias ocupando unas 2500 hectáreas apropiadas por medio de un programa estatal que subsidia la transferencia de terreno a grupos activistas Mapuche.
“Territorio en Recuperación”, lee un cartel sobre el camino de tierra que conduce a Temucuicui, que la policía solo aproxima en tanques por temor a enfrentar balaceras de alto calibre.
“Todos los miembros de nuestra comunidad han sido perseguidos o acusados de algún crimen”, dice Queipul, cuyo hijo fue sentenciado a prisión por la quema de un camión.
Asesores de ETA, adscritos al grupo de apoyo Askapena, visitaron varias comunidades Mapuche, dirigidos por el dirigente nativo Luis Tralcal quien fue imputado por asesinato. Prosiguieron a Argentina donde también se reunieron con activistas indígenas sumándose a llamamientos para una nación Mapuche. Autoridades Chilenas les prohibieron la entrada.
Mapuches también han mantenido extensos contactos con la organización guerrillera de las FARC de acuerdo a informes de la ANI rastreando viajes a Colombia de 10 militantes Mapuches liderados por Tralcal, mediante registros de frontera analizados con asistencia de Interpol.
Amplia información de las conexiones internacionales de FARC fueron extraídas del computador de un jefe guerrillero abatido en 2008, incluyendo correos entre el comandante guerrillero Raúl Reyes y un operante del partido comunista Chileno, Manuel Olate, discutiendo cursos de entrenamiento para militantes Mapuche y otros izquierdistas.
“Dame detalles precisos del tipo de interés que los Mapuches tienen en nuestra experiencia”, responde Reyes a un mensaje de Olate en que le pide instrucción para “Camaradas Mapuche que están luchando para la devolución de sus tierras”.
“Tienen planes ambiciosos para liberar el sur de Chile”, el operante del PC Chileno le dice a FARC.
La Sra Bachelet nunca recusó recibo del dossier de 700 páginas con los correos incriminatorios enviados por Colombia.
Un abogado, quien recibió el informe de las manos de altos personeros del ministerio de defensa Colombiano, dice que la presidenta busca proteger a dirigentes del PC mencionados en los correos. Uno es Lautaro Carmona, quien forma parte del comité de seguridad del congreso y figura como dirigente del grupo Izquierda Revolucionaria Mapuche.
El Ejecutivo ha resistido sugerencias de la fiscalía para implementar medidas anti terroristas para acelerar procesos, facilitar protección a testigos, reclutar agentes encubiertos y adquirir tecnología de drones guiados a fortalecer labores de inteligencia.
En una reciente audiencia parlamentaria, funcionarios del ministerio de interior opinaron que tales medidas eran innecesarias, ya que el nivel de violencia había disminuido, desde 298 ataques en 2015 a 262 en 2016.
El gobierno es sensible a alegatos de violaciones de derechos humanos formulados por la ONU y la OEA , cuya corte sentenció en 2014 que violencia para recuperar tierras Mapuche no es terrorismo.
El desprecio hacia las víctimas de violencia indígena fue dramáticamente ilustrado cuando el hijo de un matrimonio que murió en un incendio provocado por militantes Mapuche, fue asaltado por manifestantes izquierdistas en las afueras de palacio presidencial cuando trataba de llevarle una carta a Bachelet.
Aunque nadie espera que el movimiento Mapuche pueda llegar a tomar la Araucania por las armas, la bien pensada estrategia comunista es el uso de su control sobre grupos violentos para apalancar eventuales negociaciones de las que el partido con escaso apoyo a nivel nacional, pueda afincarse en la región.
Chile sufre un creciente problema terrorista que su presidenta socialista es reacia a enfrentar por temor a dividir su coalición centroizquierdista que incluye socios comunistas comprometidos con grupos violentos, dicen expertos de seguridad y víctimas de recientes ataques.
La vulnerabilidad de Chile al terrorismo es claramente demostrada por la actual ola de incendios forestales causados intencionalmente, que han arrasado con más de un millón de hectáreas y matado a una docena de personas.
Hay 43 sospechosos bajo arresto cuyos antecendentes y nexos ideológicos se mantienen en reserva. Aunque ningún grupo se ha adjudicado el masivo sabotaje que amenaza con cortar el estrecho país, ciertos indicios apuntan a militantes anarcho indigenistas propensos a ataques incendiarios, que han amenazado con quemar pueblos enteros para promocionar sus causas.
Llamamientos a una “tormenta de fuego para liberar territorio Mapuche” se han escuchado por radio y difundidas en redes sociales desde Bio Bio, actual foco de incendios y activismo indígena. Un conocido activista y empleado municipal de la zona, Salvador Penachuluf, ha sido autor de las declaraciones convocando a una “guerra de fuego”.
Investigaciones policiales indican un fortalecimiento de nexos entre grupos autodenominados anarquistas con vínculos a la extrema izquierda perpetuando atentados en Santiago y un movimiento indigenista surgiendo en el sur del país.
“Diferentes grupos podrían integrarse en un movimiento armado a nivel nacional asesorado y asistido por redes internacionales” dice Franciso Ljubetic, anterior fiscal general de Araucania, quien ahora encabeza la facultad de derecho en la Universidad Autónoma de Temuco.
El ex director de la agencia nacional de inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, opina que la capacidad técnica de nuevos grupos ha “subido un peldaño” con el reciente envío de un paquete bomba al presidente de la minera nacional CODELCO que explotó en su cara.
Yussef apunta al “mismo grupo de gente con cierta orientación ideológica y anti sistémica que han estado causando daño por algún tiempo”, conectando el atentado con un ataque de bomba al metro de Santiago en 2014.
Estancamiento económico causado por bajas en el precio de cobre, frenando reformas sociales prometidas por el gobierno, han causado tensiones entre social demócratas y comunistas dentro de la coalición gobernante y animado el activismo de extrema izquierda.
Aun así, esporádicas bombas y actos de vandalismo en centros urbanos, podrían pasar desapercibidos, si no fuese por una creciente base insurgente formada por rebeldes Mapuches en zonas rurales del sur que parecen salírsele de las manos a las fuerzas de orden público.
Células armadas, asociadas con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) encabezada por el militante comunista Hector Llaitul quien participó en una guerrilla contra el ex régimen militar del general Pinochet, llevan a cabo un promedio anual de casi 300 ataques durante los últimos cinco años, indican cifras de la asociacion Multigremial de Araucania.
Empresas forestales, fundos agrícolas, transporte terrestre, redes eléctricas, telecomunicaciones, policías, jueces, fiscales e iglesias cristianas, son blancos de constantes atentados en su mayoría incendiarios revindicados a base de aspiraciones territoriales de pueblos originarios Mapuche que ahora conforman un 40% de la población en la zona.
Personas vinculadas a una serie de asaltos bancarios en Santiago y otras ciudades, se han escondido en comunidades Mapuche que están sirviendo como base de planificación, preparación y entrenamiento para grupos armados, dice la policía nacional Chilena.
Ljubetic dice haber encabezado investigaciones que rastrearon a las cabecillas del atraco a un camión de Security Bank en Santiago en 2010, a la comunidad Mapuche de Temucuicui. Algunos fueron identificados como miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el que el actual dirigente del CAM, militó.
“No puedo responder por todos los que pasan por esta comunidad”, dice el “Lonko” de Temucuicui, Victor Queipul quien preside sobre 57 familias ocupando unas 2500 hectáreas apropiadas por medio de un programa estatal que subsidia la transferencia de terreno a grupos activistas Mapuche.
“Territorio en Recuperación”, lee un cartel sobre el camino de tierra que conduce a Temucuicui, que la policía solo aproxima en tanques por temor a enfrentar balaceras de alto calibre.
“Todos los miembros de nuestra comunidad han sido perseguidos o acusados de algún crimen”, dice Queipul, cuyo hijo fue sentenciado a prisión por la quema de un camión.
Asesores de ETA, adscritos al grupo de apoyo Askapena, visitaron varias comunidades Mapuche, dirigidos por el dirigente nativo Luis Tralcal quien fue imputado por asesinato. Prosiguieron a Argentina donde también se reunieron con activistas indígenas sumándose a llamamientos para una nación Mapuche. Autoridades Chilenas les prohibieron la entrada.
Mapuches también han mantenido extensos contactos con la organización guerrillera de las FARC de acuerdo a informes de la ANI rastreando viajes a Colombia de 10 militantes Mapuches liderados por Tralcal, mediante registros de frontera analizados con asistencia de Interpol.
Amplia información de las conexiones internacionales de FARC fueron extraídas del computador de un jefe guerrillero abatido en 2008, incluyendo correos entre el comandante guerrillero Raúl Reyes y un operante del partido comunista Chileno, Manuel Olate, discutiendo cursos de entrenamiento para militantes Mapuche y otros izquierdistas.
“Dame detalles precisos del tipo de interés que los Mapuches tienen en nuestra experiencia”, responde Reyes a un mensaje de Olate en que le pide instrucción para “Camaradas Mapuche que están luchando para la devolución de sus tierras”.
“Tienen planes ambiciosos para liberar el sur de Chile”, el operante del PC Chileno le dice a FARC.
La Sra Bachelet nunca recusó recibo del dossier de 700 páginas con los correos incriminatorios enviados por Colombia.
Un abogado, quien recibió el informe de las manos de altos personeros del ministerio de defensa Colombiano, dice que la presidenta busca proteger a dirigentes del PC mencionados en los correos. Uno es Lautaro Carmona, quien forma parte del comité de seguridad del congreso y figura como dirigente del grupo Izquierda Revolucionaria Mapuche.
El Ejecutivo ha resistido sugerencias de la fiscalía para implementar medidas anti terroristas para acelerar procesos, facilitar protección a testigos, reclutar agentes encubiertos y adquirir tecnología de drones guiados a fortalecer labores de inteligencia.
En una reciente audiencia parlamentaria, funcionarios del ministerio de interior opinaron que tales medidas eran innecesarias, ya que el nivel de violencia había disminuido, desde 298 ataques en 2015 a 262 en 2016.
El gobierno es sensible a alegatos de violaciones de derechos humanos formulados por la ONU y la OEA , cuya corte sentenció en 2014 que violencia para recuperar tierras Mapuche no es terrorismo.
El desprecio hacia las víctimas de violencia indígena fue dramáticamente ilustrado cuando el hijo de un matrimonio que murió en un incendio provocado por militantes Mapuche, fue asaltado por manifestantes izquierdistas en las afueras de palacio presidencial cuando trataba de llevarle una carta a Bachelet.
Aunque nadie espera que el movimiento Mapuche pueda llegar a tomar la Araucania por las armas, la bien pensada estrategia comunista es el uso de su control sobre grupos violentos para apalancar eventuales negociaciones de las que el partido con escaso apoyo a nivel nacional, pueda afincarse en la región.
Chile sufre un creciente problema terrorista que su presidenta socialista es reacia a enfrentar por temor a dividir su coalición centroizquierdista que incluye socios comunistas comprometidos con grupos violentos, dicen expertos de seguridad y víctimas de recientes ataques.
La vulnerabilidad de Chile al terrorismo es claramente demostrada por la actual ola de incendios forestales causados intencionalmente, que han arrasado con más de un millón de hectáreas y matado a una docena de personas.
Hay 43 sospechosos bajo arresto cuyos antecendentes y nexos ideológicos se mantienen en reserva. Aunque ningún grupo se ha adjudicado el masivo sabotaje que amenaza con cortar el estrecho país, ciertos indicios apuntan a militantes anarcho indigenistas propensos a ataques incendiarios, que han amenazado con quemar pueblos enteros para promocionar sus causas.
Llamamientos a una “tormenta de fuego para liberar territorio Mapuche” se han escuchado por radio y difundidas en redes sociales desde Bio Bio, actual foco de incendios y activismo indígena. Un conocido activista y empleado municipal de la zona, Salvador Penachuluf, ha sido autor de las declaraciones convocando a una “guerra de fuego”.
Investigaciones policiales indican un fortalecimiento de nexos entre grupos autodenominados anarquistas con vínculos a la extrema izquierda perpetuando atentados en Santiago y un movimiento indigenista surgiendo en el sur del país.
“Diferentes grupos podrían integrarse en un movimiento armado a nivel nacional asesorado y asistido por redes internacionales” dice Franciso Ljubetic, anterior fiscal general de Araucania, quien ahora encabeza la facultad de derecho en la Universidad Autónoma de Temuco.
El ex director de la agencia nacional de inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, opina que la capacidad técnica de nuevos grupos ha “subido un peldaño” con el reciente envío de un paquete bomba al presidente de la minera nacional CODELCO que explotó en su cara.
Yussef apunta al “mismo grupo de gente con cierta orientación ideológica y anti sistémica que han estado causando daño por algún tiempo”, conectando el atentado con un ataque de bomba al metro de Santiago en 2014.
Estancamiento económico causado por bajas en el precio de cobre, frenando reformas sociales prometidas por el gobierno, han causado tensiones entre social demócratas y comunistas dentro de la coalición gobernante y animado el activismo de extrema izquierda.
Aun así, esporádicas bombas y actos de vandalismo en centros urbanos, podrían pasar desapercibidos, si no fuese por una creciente base insurgente formada por rebeldes Mapuches en zonas rurales del sur que parecen salírsele de las manos a las fuerzas de orden público.
Células armadas, asociadas con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) encabezada por el militante comunista Hector Llaitul quien participó en una guerrilla contra el ex régimen militar del general Pinochet, llevan a cabo un promedio anual de casi 300 ataques durante los últimos cinco años, indican cifras de la asociacion Multigremial de Araucania.
Empresas forestales, fundos agrícolas, transporte terrestre, redes eléctricas, telecomunicaciones, policías, jueces, fiscales e iglesias cristianas, son blancos de constantes atentados en su mayoría incendiarios revindicados a base de aspiraciones territoriales de pueblos originarios Mapuche que ahora conforman un 40% de la población en la zona.
Personas vinculadas a una serie de asaltos bancarios en Santiago y otras ciudades, se han escondido en comunidades Mapuche que están sirviendo como base de planificación, preparación y entrenamiento para grupos armados, dice la policía nacional Chilena.
Ljubetic dice haber encabezado investigaciones que rastrearon a las cabecillas del atraco a un camión de Security Bank en Santiago en 2010, a la comunidad Mapuche de Temucuicui. Algunos fueron identificados como miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el que el actual dirigente del CAM, militó.
“No puedo responder por todos los que pasan por esta comunidad”, dice el “Lonko” de Temucuicui, Victor Queipul quien preside sobre 57 familias ocupando unas 2500 hectáreas apropiadas por medio de un programa estatal que subsidia la transferencia de terreno a grupos activistas Mapuche.
“Territorio en Recuperación”, lee un cartel sobre el camino de tierra que conduce a Temucuicui, que la policía solo aproxima en tanques por temor a enfrentar balaceras de alto calibre.
“Todos los miembros de nuestra comunidad han sido perseguidos o acusados de algún crimen”, dice Queipul, cuyo hijo fue sentenciado a prisión por la quema de un camión.
Asesores de ETA, adscritos al grupo de apoyo Askapena, visitaron varias comunidades Mapuche, dirigidos por el dirigente nativo Luis Tralcal quien fue imputado por asesinato. Prosiguieron a Argentina donde también se reunieron con activistas indígenas sumándose a llamamientos para una nación Mapuche. Autoridades Chilenas les prohibieron la entrada.
Mapuches también han mantenido extensos contactos con la organización guerrillera de las FARC de acuerdo a informes de la ANI rastreando viajes a Colombia de 10 militantes Mapuches liderados por Tralcal, mediante registros de frontera analizados con asistencia de Interpol.
Amplia información de las conexiones internacionales de FARC fueron extraídas del computador de un jefe guerrillero abatido en 2008, incluyendo correos entre el comandante guerrillero Raúl Reyes y un operante del partido comunista Chileno, Manuel Olate, discutiendo cursos de entrenamiento para militantes Mapuche y otros izquierdistas.
“Dame detalles precisos del tipo de interés que los Mapuches tienen en nuestra experiencia”, responde Reyes a un mensaje de Olate en que le pide instrucción para “Camaradas Mapuche que están luchando para la devolución de sus tierras”.
“Tienen planes ambiciosos para liberar el sur de Chile”, el operante del PC Chileno le dice a FARC.
La Sra Bachelet nunca recusó recibo del dossier de 700 páginas con los correos incriminatorios enviados por Colombia.
Un abogado, quien recibió el informe de las manos de altos personeros del ministerio de defensa Colombiano, dice que la presidenta busca proteger a dirigentes del PC mencionados en los correos. Uno es Lautaro Carmona, quien forma parte del comité de seguridad del congreso y figura como dirigente del grupo Izquierda Revolucionaria Mapuche.
El Ejecutivo ha resistido sugerencias de la fiscalía para implementar medidas anti terroristas para acelerar procesos, facilitar protección a testigos, reclutar agentes encubiertos y adquirir tecnología de drones guiados a fortalecer labores de inteligencia.
En una reciente audiencia parlamentaria, funcionarios del ministerio de interior opinaron que tales medidas eran innecesarias, ya que el nivel de violencia había disminuido, desde 298 ataques en 2015 a 262 en 2016.
El gobierno es sensible a alegatos de violaciones de derechos humanos formulados por la ONU y la OEA , cuya corte sentenció en 2014 que violencia para recuperar tierras Mapuche no es terrorismo.
El desprecio hacia las víctimas de violencia indígena fue dramáticamente ilustrado cuando el hijo de un matrimonio que murió en un incendio provocado por militantes Mapuche, fue asaltado por manifestantes izquierdistas en las afueras de palacio presidencial cuando trataba de llevarle una carta a Bachelet.
Aunque nadie espera que el movimiento Mapuche pueda llegar a tomar la Araucania por las armas, la bien pensada estrategia comunista es el uso de su control sobre grupos violentos para apalancar eventuales negociaciones de las que el partido con escaso apoyo a nivel nacional, pueda afincarse en la región.