Josep Sansano
Para que nos vamos a andar con rodeo: la Justicia en Alicante y Elche no es que sea una vergüenza, es que es una mierda pinchada en un palo, y nos quedamos cortos, con honrosas excepciones.
Todos los niveles de indignidad y tomadura de pelo los han superado el juzgado de Instrucción 6 de Alicante que decretó en mayo pasado el sobreseimiento del ‘caso Rabasa’ y la sección tercera de la Audiencia de Alicante lo confirmó la pasada semana.
Se trata de un pelotazo de 69 millones de euros que iba a dar el capo Enrique Ortiz, quien tenía a su servicio a la alcaldesa, Sonia Castedo, con Ikea en Rabassa, ubicando allí el centro comercial más 13.000 viviendas, subiendo el nivel de edificabilidad a conveniencia de Ortiz.
El auto de la jueza –que en un Estado de Derecho debería ser despedida de su puesto, así como los miembros de la jueza- establece que no se ha podido probar la prevaricación, a pesar de las conversaciones grabadas donde Enrique Ortiz, alias «polla insaciable», como se autodenomina, se muestra como el amo del Ayuntamiento de Alicante.
Convirtiendo la Justicia es una comedia bufa, en una farsa indigna el auto de la jueza llega a calificar de “idea preconcebida” la relación de amistad entre Enrique Ortiz y Sonia Castedo, que ésta reconoció en sede judicial, pero que pasa por vacaciones y viajes en el yate de Enrique Ortiz, una Nochevieja en Andorra con una hortera fiesta de pijamas, el regalo de un mini a la niñera de la hija de la exalcaldesa y todo tipo de favores urbanísticos. Según fuentes solventes, Enrique Ortiz, que no se caracteriza por su discreción, ha presumido por Alicante de haber invertido mucho en esta sentencia.
Retraso político en el sumario contra Mercedes Alonso
Igualmente bochornoso e indignante es que el magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante, Manel Martínez Aroca todavía no haya tenido el mínimo de dignidad para resolver sobre la táctica dilatoria del esposo y abogado de Mercedes Alonso, José Antonio Peral, en lo que, según fuentes solventes, estamos ante un caso de vagancia redomada e interesada de contenido político. Mercedes Alonso, que creó una asociación fantasma, Asociación Popular de Elche, para funcionar con la financiación irregular del PP, presuntamente se apropió de las cuotas de los militantes, en cifra superior a los 120.000 euros. El procedimiento va ya para los tres años y la ralentización de Martínez Aroca para un año. Si a esto sumamos, en los Juzgados de Elche, al juez Joaquín Orellana que hace lo que le da la gana, y al juez del Juzgado de lo Penal número 1, José Luis Pascual Martín que, según numerosas fuentes, se le pudren las ejecutorias y las deja pasar hasta después del cumplimiento de la pena, sin ninguna humanidad. «Es un impresentable», coincide diversas fuentes que lo han padecido. «No es que la Justicia carezca de medios es que algunos no pegan un palo al agua y hay que echarlos de la carrera judicial cuando en España haya de verdad un Estado de Derecho digno», señala un familiar de un recluso.