Miguel Sempere
La fulminante muerte por infarto de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá ha dado paso a una semana de abrumadora hipocresía por parte del PP, que ha pretendido desarrollar un proceso de victimización tanto respecto a la alcaldesa –objeto de un linchamiento mediático y cuya presunción de inocencia habría sido conculcada- como al partido en su conjunto. El PP también estudiaría reducir el tiempo de duración de los procedimientos para evitar una sobre exposición mediática.
Hemos asistido a una grosera manipulación motivada por un ataque intenso de mala conciencia. Es lógico pensar que la presión de la situación, el cambio de una posición de respetabilidad social y triunfo personal a otra de descrédito, sería uno de los desencadenantes del infarto, junto a una manifiesta falta de buenos hábitos de salud personal. Ámbitos familiares de la difunta han indicado que su mayor dolor había sido sentirse abandonada por los “suyos”, por el PP, que le instó a abandonar la militancia, bajo el ultimátum, en ese sentido, de Ciudadanos haciendo valer el pacto firmado.
Es obvio que la presunción de inocencia, que tiene una referencia específica al ámbito judicial, no sólo no ha sido conculcada, sino que, por el contrario, Rita Barberá ha sido tratada como una privilegiada del sistema, que es lo que era. Ha mantenido su aforamiento y acudió a declarar al Tribunal Supremo ante el magistrado Cándido Conde-Pumpido, que como exfiscal general en la etapa Zapatero, bastante sectario, no era el más indicado en aras a la imagen de imparcialidad.
Nueve de los diez concejales de Rita Barberá están imputados
La presunción de inocencia no puede evitar ni las opiniones críticas ni las responsabilidades políticas. Nueve de los diez concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia están imputados por idénticos hechos por los que fue a declarar al Supremo. Sin el aforamiento, parece obvio que Rita Barberá hubiera sido imputada. Y, en todo caso, el que todo su equipo estuviera investigado hubiera debido conllevar responsabilidades políticas, y quienes desde los medios las reclamaron actuaron con notoria base.
Su declaración ante el Supremo fue idéntica a la de los concejales imputados: había donado mil euros al partido para la campaña electoral pero no había recibido, blanqueados, dos billetes de quinientos. Tres testigos han roto la estrategia común y han declarado que la operativa del blanqueo existió y que quien la coordinaba era Mari Carmen García Fuster, secretaria personal de Rita Barberá, quien por su fuerte personalidad controlaba al detalle cuanto sucedía en un Ayuntamiento a cuyo frente llevaba más de dos décadas. Según la declaración del recaudador del PP valenciano, Marcos Benavent, autodenominado “yonqui del dinero”, “había caja B en todos los sitios” y se cobraban comisiones del 2 o el 3% en prácticamente todas las concesiones.
En cuanto a la reducción de los tiempos en la tramitación de procedimientos por corrupción, al margen del riesgo de que se esté buscando un posible elemento formal de impunidad, en realidad han favorecido a los corruptos. Se tardó, por ejemplo, diez años en juzgar a Carlos Fabra, se ha tardado otros diez años en empezar el rosario de juicios sobre la trama Gürtel, no ha habido juicio sobre el caso Brugal, por citar algunos de los casos, a los que habría que añadir el hecho de que, en referencia a la Comunidad Valenciana, los responsables del saqueo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de Bancaja o del Banco de Valencia –todas ellas instituciones financieras que han dejado de existir- tampoco han sido juzgados.
A pesar de contar con una Justicia politizada y benigna, y con una Fiscalía obediente y bastante miope en cuestiones de corrupción, los casos en marcha muestran que el PP en la Comunidad Valenciana alcanzó tal nivel de corrupción que puede hablarse en propiedad de mafia, de organización dedicada al delito. Numerosos exconsejeros de la Generalitat están encausados en diversos procedimientos y uno ellos cumple pena de prisión; también están imputados los expresidentes de las tres diputaciones, exalcaldes y altos cargos.
Caso Carlos Fabra: expresidente de la Diputación de Castellón, en prisión por cuatro delitos fiscales.
Caso Rafael Blasco: exconsejero de Cooperación al Desarrollo, condenado a seis años y medio de prisión. Condenados otros seis ex altos cargos.
Caso Pedro Ángel Hernández Mateo: exdiputado autonómico y exalcalde de Torrevieja, tres años de prisión por prevaricación y falsedad.
Caso Taula: Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia; nueve de los diez concejales del Ayuntamiento de Valencia; María José Alcón, exconcejal de Cultura; Máximo Caturla, exconsejero delegado de CIEGSA.
Caso Fórmula 1: Francisco Camps, expresidente de la Generalitat; Lola Johnson, exconsejera de Turismo, Cultura y Deporte; Jorge Martínez Aspar, excampeón mundial de motociclismo.
Caso Gürtell: Juan Cotino, exvicepresidente de la Generalitat y expresidente de las Cortes Valencianas; Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat; Ricardo Costa, exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana; Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes Valencianas; David Serra, exvicesecretario del PP valenciano. Cuatro consejeros más de la etapa de Francisco Camps.
Caso Brugal: Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante; Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante; José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación de Alicante; Genoveva Reig, exdirectora de Canal 9; Enrique Ortiz, empresario.
Caso Emarsa: Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia; Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa.
Caso fuego: Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y exsecretario general del PP regional.
Caso IVAM: Consuelo Císcar, exdirectora del IVAM
Caso Palau de les Arts: Helga Schmidt, exintendente del Palau de les Arts.
Caso Nóos: Alfonso Grau, exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia; Luis Lobón, exsecretario autonómico de Turismo.
Caso Canal 9: José López Jaraba, exdirector general de RTVV.
Caso Terra Mítica: Luis Esteban, expresidente del Parque; Justo Valverde, exdirector de contratación.
Caso Martínez: Francisco Martínez, exvicepresidente de la Diputación de Castellón.
Caso Acuamed: Pablo Martín Mira, exdirector de la delegación de la empresa pública en la Comunidad Valenciana.
Habría que añadir los casos CAM, Bancaja y Banco de Valencia, en los que la mayoría de los imputados fueron nombrados por el PP, y en algún caso, notorios políticos, como José Luis Olivas, exvicepresidente de la Generalitat.
Del deterioro moral del PP valenciano también da idea que tras la salida de Francisco Camps costó encontrar alguien de nivel que no estuviera imputado. Alberto Fabra también protagonizado su escándalo cuando no se justificaron los 4,4 millones de euros de libre disposición y aparecieron gastos del tipo de un viaje no oficial a Marrakech, estancias en hoteles de lujo, en una ocasión en la Nochevieja, y también leche desnatada, huevos kínder, chocolates, flanes, complejos vitamínicos. Esos gastos aparentemente personales eran compartidos con Esther Pastor, a la que nombró secretaria autonómica de Organización de la Generalitat. Actualmente, Esther Pastor, que sale con el multimillonario presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, sigue cobrando de Presupuesto en calidad de secretaria de Alberto Fabra, dentro de los privilegios de los expresidentes de la Generalitat, con una retribución anual de 57.000 euros.
Con este panorama, el intento del PP de presentarse como víctima es una manifiesta impostura.