Miguel Sempere
Según ha podido saber RL, la asociación Plataforma por las Garantías Ciudadanas, formada por ex militantes de Ciudadanos, presentará denuncia o querella en la Audiencia Nacional contra la financiación ilegal de la formación naranja. Previamente, la Plataforma entregó documentación a la Fiscalía que, como es habitual, se ha mostrado inoperante.
Como adelantó RL, Ciudadanos se financia ilegalmente de los ayuntamientos, a través de las subvenciones a los grupos de concejales, que los de Ciudadanos remiten –obligatoriamente- a la sede central en Barcelona. El pionero de esa denuncia es el portavoz de ULEG, Carlos Delgado Pulido en su libro de referencia “Albert Rivera es un lagarto de V”.
El 14 de junio, publicamos la siguiente noticia sobre “la generalizada malversación de fondos públicos”:
“Ciudadanos, la formación que preside Albert Rivera, un candidato al que algunos definen como “vacío, de márketing”, se financia ilegalmente en toda España, en una presunta generalizada malversación de fondos públicos.
“Cuando Ciudadanos se convirtió, ante sus expectativas crecientes, en un banderín de enganche, los candidatos se encontraron con que se les exigía que el dinero de las cuotas y también las subvenciones municipales a los grupos fueron remitidos a Barcelona, a la dirección nacional. Resulta sencillo de entender que esas subvenciones son para el funcionamiento de los grupos de concejales y para su labor en pro de sus vecinos, y no para financiar al partido Ciudadanos. Es una tipificación clara de malversación de fondos públicos.
“Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés, formación que mantuvo una alianza con Ciudadanos en las últimas elecciones europeas, ya lo denunió en su premonitorio libro “Albert Rivera es un lagarto de V”. Carlos Delgado cuenta el caso de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), con implantación en Castilla-La Mancha, a quienes Albert Rivera y sus colaboradores les dijeron que “lo que tenían que hacer es entregarles todo el dinero que recibieran de las arcas municipales, y por tanto de sus propios vecinos, para que lo manejaran desde Barcelona”.
“Eso sí, que tranquilos que más adelante les devolverían el 10%. Vamos…menudo negocio tienen montado los de Ciudadanos! Es como un Burger King o un McDonalds, una gran franquicia, en la que ellos son conscientes de que lo único que poseen es marca y lo que hacen con otros partidos es cobrarles una cuota leonina como ente franquiciado. Es una actitud de abuso donde sobran las ideas y sólo interesa el negocio, el dinero. La pela”.
Carlos Delgado añade que “quizás no somos conscientes de la gravedad del tema: el vecino de Salamanca, de Murcia o de Jaén o de Huesca que paga su IBI, su tasa de basuras, sus licencias municipales está, sin saberlo, financiando a la metrópoli de Ciudadanos en Barcelona”.
José Luis Sánchez de Lorenzo, coordinador de UCIN de Toledo, ha dado testimonio de las condiciones que les pusieron en la sede central de Ciudadanos en Barcelona en materia de financiación: “hacerles entrega del 15% de las remuneraciones de nuestros concejales y el 100% de las asignaciones a grupos políticos”.
Hasta aquí la información publicada con RL con el concepto clave aportado por Carlos Delgado de “franquicia”.
Ciudadanos contrata con sus grupos municipales
A la estela de lo adelantado por RL, eldiario.es ha publicado que “Ciudadanos obliga a sus grupos municipales a firmar contratos mercantiles de prestación de servicios para cobrarles trabajos de asesoría legal, contable, fiscal, sobre organización y publicitaria, así como locales e incluso material informático. El documento marco que rige esa relación comercial contiene seis páginas que establecen los vínculos entre «el prestador [Ciudadanos, partido de la Ciudadanía] y el prestatario o grupo político». La relación es muy similar a la que mantienen las franquicias con sus establecimientos asociados y vincula a Ciudadanos y a cada grupo municipal a través de contratos bilaterales”.
El texto, reproducido por El Diario, que lleva la firma del secretario general de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado Arroyo, en representación del partido y de cada portavoz en el Ayuntamiento en nombre del grupo municipal establece: «Que el prestador es un partido político que dispone de los bienes y medios para la consecución de las funciones que le son exigibles al prestatario en su condición de grupo político. Que al prestatario le interesa utilizar los bienes de los que dispone el Prestador […], que en relación con lo expuesto ambas partes suscriben voluntariamente el presente Acuerdo Marco».
Según El Diario, “el anexo del contrato detalla cuáles son los servicios que Ciudadanos vende a sus grupos de concejales: suministro de sistemas informáticos, disponibilidad de locales y de otros bienes inmuebles, servicios para la dotación y mejora de la imagen corporativa, asesoramiento jurídico, contable y fiscal, de organización y gestión de nóminas, trabajos auxiliares. El documento añade una coda habitual en los contratos mercantiles: «Los servicios proporcionados por el Prestador deberán tener un contenido lícito, posible y determinado». La duración de esa relación comercial es de un año pero el contrato prevé tres prórrogas para que pueda extenderse a toda la legislatura.
Prosigue El Diario: Aunque es la primera vez que el contrato ve la luz, la fórmula no es nueva: desde su nacimiento Ciudadanos siempre ha facturado a sus representantes públicos a cambio de determinados servicios. Ya en las cuentas de 2014, las últimas publicadas en su página web, el partido registró en sus cuentas un capítulo de «Prestación de Servicios» que recaudó 1.317.520,49 euros, en el que la mayor partida -entre las cuotas, las donaciones y las aportaciones de los cargos electos- correspondió a la «asesoría a grupos parlamentarios» que sumó 860.444,93 euros. Pero entonces Ciudadanos solo tenía grupo parlamentario propio en Cataluña y dos eurodiputados en Bruselas.
Aporta El Diario: Ese apartado de los presupuestos creció hasta 1.244.000 euros en 2015, año en que Ciudadanos multiplicó su representación en las municipales en las que logró 1.459.876 votos, y 1.527 ediles. El montante del año pasado computa también los ingresos procedentes de los grupos parlamentarios de Ciudadanos en las diferentes comunidades autónomas salidos de los comicios de mayo de 2015.
Tal y como destaca El Diario, “la ley de financiación de los partidos impide que el dinero de las subvenciones públicas que los grupos municipales reciben de los Ayuntamientos se trasvase hacia los partidos o sus fundaciones. La Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas ha sido tajante: no parece, sin embargo, admisible la petición de los grupos políticos de que la asignación municipal sea ingresada en la cuenta de la coalición provincial en vez de ser transferida a su cuenta específica. En dicho supuesto habría que entender que el ayuntamiento está subvencionando directamente a la coalición o partido político”.