Ramiro Grau Morancho. Abogado.
Acabo de recibir copia del Auto de 24 folios de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Tercera, de la que ha sido Ponente el Ilmo. Señor magistrado don Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz, y que estima la recusación promovida por el Sindicato de Funcionarios MANOS LIMPIAS contra Don Pedro IZQUIERDO MARTÍN, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, y Presiente de la misma.
Esta resolución, contra la cual no cabe recurso alguno, ha sido notificada a las partes el día 12 de mayo pasado, y se refiere al caso de los Eres (expedientes de regulación de empleo), en el que están siendo acusados don Manuel Chaves González, como Presidente de la Junta de Andalucía; don José Antonio Griñán Martínez, como Consejero de Economía y Hacienda; don Gaspar Zarrias Arévalo, como Consejero e Presidencia; doña Magdalena Álvarez Arza, como Consejera de Economía y Hacienda y una lista de varias decenas de ex Consejeros, Viceconsejeros, Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de la citada Junta, así como el Letrado Jefe del Gabinete Jurídico y los Directores Generales de IFA/idea, por supuestos delitos continuados de prevaricación y de malversación de caudales públicos y delito de asociación ilícita.
Como indica el antecedente procesal cuarto: “…el Magistrado recusado emitió informe no admitiendo como ciertas las causas de recusación alegadas por los recusantes”.
Explica el fundamento de derecho primero que: “En concreto, el Sindicato de Funcionarios MANOS LIMPIAS, entiende que concurren en el citado magistrado la causa prevista en el número 9 del artículo 219 de la LOPJ, al mantener amistad íntima con (varios de los acusados)…, como consecuencia de haber sido nombrado por Manuel Chaves González, José Antonio Griñán Martínez, Gaspar Zarrias Arévalo, Francisco Vallejo Serrano y Antonio Fernández García para desempeñar un alto cargo político en la Junta de Andalucía, habiéndose mantenido en él durante varios años, lo que arroja serias dudas sobre su imparcialidad dentro de los cánones exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
En el fundamento de derecho quinto: “Por último, se alega…la causa prevista en el artículo 219.10 de la LOPJ, la de tener interés directo o indirecto en la causa o pleito… Con esta causa de recusación…, se permite a la parte controlar la necesaria imparcialidad subjetiva del juez… Lo fundamental no es determinar si el juez ha perdido o no la imparcialidad sino si de las circunstancias objetivas que concurren se deriva alguna duda, para las partes o para la sociedad, sobre su parcialidad; esto es, si existe una sospecha razonable de parcialidad….
En nuestro caso, lo que se denuncia es la relación del magistrado ponente con varios de los acusados, al haber desempeñado un alto cargo en la Junta de Andalucía, primero como Secretario General para la Modernización de la Justicia y, después, como Secretario General de Justicia, durante más de cinco años, habiendo sido nombrado por uno de los acusados, Manuel Chaves González, previa deliberación de un Consejo de Gobierno del que formaban parte cinco de los acusados, derivándose de esa relación una sospecha de apariencia de parcialidad que indicaría un interés directo o indirecto en el proceso.
Son hechos no discutidos los siguientes:
- “El magistrado ponente fue nombrado el 29 de abril de 2008 por Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de Andalucía, (acusado en esta causa),… Secretario General de Modernización de la Justicia.
- El 20 de mayo de 2008 es nombrado Secretario General para la Justicia, con nivel orgánico de Viceconsejero, y poseía la consideración de alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía, siendo cargo de libre designación de especial confianza o responsabilidad.
- Don Pedro Izquierdo Martín (el magistrado ponente de la causa, ahora recusado), ha venido desempeñando el cargo de Secretario General para la Justicia desde el 20 de mayo de 2008 hasta el 22 de julio de 2015…, habiendo permanecido en la Secretaría General bajo el mandato de tres Presidentes de la Junta de Andalucía (los acusados Manuel Chaves González y José Antonio Griñán Martínez y la actual Presienta), y de un total de cinco Consejeros de Justicia.
- Pues bien, todos estos datos objetivos y que no ofrecen discusión, desde el punto de vista de un observador exterior y objetivo…, acarrearían dudas objetivamente justificadas sobre su imparcialidad dada la relación de dependencia que mantuvo el magistrado ponente con alguno de los acusados, la confianza que en él depositaron para nombrarle para un cargo de gran responsabilidad en la Junta de Andalucía y para mantenerle en él durante más de cinco años; y ello, pese a los distintos cambios en la Consejería de Justicia de la que dependía, todo lo cual genera una justificada percepción de cercanía, confianza y proximidad”.
Un juez –o fiscal- no solo debe de ser imparcial, sino también parecerlo.
Un gran magistrado, de egregia memoria, don Federico Carlos Sainz de Robles y Rodríguez, ex Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, y Magistrado de la Sala Tercera del Supremo, se presentó como candidato en las elecciones generales de 1986, por el Partido Reformista Democrático, no consiguiendo un escaño.
Dijo públicamente que para un juez aspirar a la política era pasar el Rubicón, y por lo tanto no solicitó el reingreso en la carrera judicial, a que tenía derecho, sino que abrió un despacho de abogado, dedicándose al ejercicio libre de la abogacía ¡Y eso que ni siquiera se había “contaminado” políticamente, pues no había llegado a ser diputado!
Que calidad de jueces teníamos antaño, y que clase de “jueces” tenemos hogaño…
Ahora comprendo que hayan tenido a don Miguel Bernad más de ocho meses en prisión provisional, y ello a pesar de su edad, 74 ó 75 años…, y la total carencia de antecedentes desfavorables.
Y que quieran cargarle la acusación popular. ¡Es que estos de MANOS LIMPIAS en particular, y en general todas las acusaciones populares, son unos toca cojones de cuidado!
De seguir existiendo, y actuando, la gente no se va a creer que vivimos en “Alicia en el país de las maravillas”, o dicho de otra forma, “España, un paraíso para la corrupción”.