Southwest Airlines renunció el lunes a sus requisitos de diversidad, equidad e inclusión (DEI), según un bufete jurídico de derechos constitucionales que demandó a la compañía aérea por lo que alegó que eran «prácticas de empleo discriminatorias ilegales».
America First Legal (AFL) emitió un comunicado el martes en el que compartía una carta de la Oficina de Programas de Cumplimiento de Contratos Federales (OFCCP) del Departamento de Trabajo de EE.UU. en la que se confirma que la compañía aérea «reconoció y aceptó poner fin a su discriminación ilegal basada en la raza y el sexo en todos los procesos de contratación y promoción, incluidas todas las cuotas, puntos de referencia o preferencias ilegales de DEI».
La OFCCP afirma en la carta que celebró una «conferencia informal de cumplimiento» con Southwest Airlines para abordar las alegaciones que la AFL formuló en una denuncia presentada en enero.
La OFCCP informó en la carta a la AFL que Southwest «entiende que la normativa de la OFCCP no permite cuotas, preferencias ni apartados» y está de acuerdo en que la normativa sobre objetivos de colocación «no debe interpretarse como un techo o un suelo para el empleo de determinados grupos de personas, sino que debe servir como punto de referencia para que Southwest Airlines Co., mida la representación de las personas dentro de su plantilla».
En la demanda, la AFL alegaba que Southwest Airlines, United Airlines y American Airlines incumplen el contrato federal por haber infringido la Orden Ejecutiva 11246.
Según esta orden, los contratistas federales que obtienen más de 10,000 dólares anuales en negocios con el gobierno tienen prohibido tomar decisiones de empleo que discriminen a los empleados por su raza o sexo.
Southwest Airlines, United Airlines, American Airlines y la OFCCP no respondieron a la solicitud de comentarios de The Epoch Times antes de la hora de publicación.
AFL dijo que desde 2007, Southwest Airlines recibió más de 330 millones de dólares en contratos del gobierno federal.
«El pueblo estadounidense no debería recibir dinero de sus nóminas para facilitar acciones aparentemente discriminatorias por parte de contratistas federales», dijo el abogado de la AFL Gene Hamilton a principios de este año. «Pero eso es precisamente lo que sucede cuando los contratistas federales adoptan políticas que —como admiten abiertamente en sus sitios web y en otros materiales públicos— discriminan a los estadounidenses sobre la base de características inmutables».