La responsabilidad de la Justicia debería implicar una voluntad moral si verdaderamente es Justicia. Desde que en el 2009 saltó al escaparate de lo público el escándalo de Nueva Rumasa, son muchos los dramas privados sostenidos en el tiempo sin que los tribunales respondan a las necesidades perentorias de los afectados. Los que optaron por litigar en una pieza separada, han consumado todo el trabajo pertinente a través de sus abogados para que un tribunal abra sus puertas y atienda la demanda de los perjudicados. Sin embargo, al día de hoy parece que en los despachos se ha paralizado cualquier trámite que pueda desembocar en la designación de los jueces. ¿Qué más pueden hacer los abogados salvo esperar que la Justicia cumpla con los plazos que normalice su funcionamiento? Porque causa extrañeza la demora en esos despachos, la espera injustificada y la ausencia de interés profesional para responder una demanda legítima después de más de una década de lucha diaria.
Ignacio Fernández Candela. Escritor.
El estropicio jurídico es de escándalo público. Hay abogados que han dejado en la estacada a sus clientes por la demora inexplicable que ha socavado cualquier reiterada provisión de fondos. Otros siguen batallando en pos de que los despachos de los juzgados cumplan con un somero cometido. ¿Por qué la inexplicable demora?
Si algo caracteriza a la Justicia en España es la lentitud de trabajo salvo cuando se priorizan las acciones pertinentes por causas y circunstancias concretas, a veces bajo la influencia de una emergencia social que suele copar los medios de comunicación, unas veces silentes y otras escandalizados, rumiando las noticias al hilo y a conveniencia de la actualidad. Hace ya una década cuando fue registrada Alondra 2, las oficinas de la calle Ciervo y otras tantas más, la operación jurídica y policial fue taxativa y ágil.
Arrancada de caballo, parada de mulo, el tiempo demostró que la emergencia social no acuciaba tanto como el puntual oportunismo para engrasar la máquina del sensacionalismo y el pretexto de la Justicia social. Pasa que con la quiebra de Nueva Rumasa los juzgados se activaron al alimón con el circo de la radio, la prensa y la televisión dando cuenta de los registros policiales a instancias de los tribunales, a cuenta de los Pagarés de Nueva Rumasa. Embargos preventivos, incautación de documentaciones preceptivas y un sin fin de revuelo mediático con el objetivo de satisfacer las necesidades de miles de Inversores atrapados en la trampa de aquella emisión aprobada engañosamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Más de diez años después las necesidades de Justicia se han incrementado para aquellos que han nutrido con una previsión de fondos el brillante trabajo jurídico que no tiene respuesta. Piezas separadas de la causa que tampoco obtienen respuesta. ¿Cuál es el pretexto del todo no creíble?
Acaba de formularse en la Audiencia Nacional Sala de lo Penal Sección 002, un Recurso de Súplica para que se movilice la causa de Nueva Rumasa, cuando los abogados entienden que se ha cumplimentado un trabajo de representación sobradamente eficiente, a falta de que se agilicen los trámites para la celebración del juicio. ¿Por qué después de tanto tiempo sigue sin gestionarse en los despachos la celebración de un juicio que no debería demorarse, estando en los supuestos temporales de tramitación para representación de particulares? Se comprende el retardo para preparar un macrojuicio, no obstante el CGPJ ha designado a dos jueces para que trabajen simultáneamente las macrocausas pendientes, ¿pero por qué tarda la adjudicación de un tribunal separando de la causa la representación privada de Inversores? Parece influir en los retrasos, ¿ hasta una pieza separada con una contratación clientelar propia? ¿En qué estriba la simple dificultad para que no se celebre un juicio separado de la macrocausa? Es deseable y de esperar que el Recurso de Súplica surta el efecto esperado después de tan lamentables y tortuosos años de espera. Seguiremos informando.