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Así decidió el PSOE destruir la industria siderúrgica española

Carlos Martínez-Cava




El gobierno socialista tuvo encima de su mesa el que se conoció como “Informe Kawasaki” elaborado por la Kawasaki Steel Corporation que concluía que el futuro industrial de España pasaba por terminar de construir en Sagunto la nueva siderurgia integral (conocida como IV Planta) de dimensiones similares a las que se estaban estableciendo en Japón y Europa Occidental. El por qué debía hacerse en Sagunto se explicaba por la cercanía a los principales mercados del mediterráneo y la preexistencia en Sagunto de la vieja fábrica siderúrgica con 5.000 obreros cualificados.

El documento apostaba por Sagunto en contra de los sindicatos españoles que querían potenciar las tradicionales plantas de Asturias (ENSIDESA) y País Vasco (Altos Hornos de Vizcaya).

En 1983, el ejecutivo de Felipe González tuvo que optar. O tomaba una decisión que proyectaría a España, nuevamente, por los mercados punteros manteniendo su posición de supremacía industrial mundial o apostaba por el mal menor y daba satisfacción a sus bases sindicales.

Ello sucedía en los momentos de negociación final de la entrada de España en el mercado común y la postura francesa contraria a nuestra capacidad siderúrgica que podría hacer mucho daño a sus instalaciones en construcción de Marsella.

Entonces, Felipe González desechó las recomendaciones del informe y decidió hacer lo contrario de lo que se estaba haciendo en Europa: apostó por las tradicionales siderurgias y renunció al proyecto de una nueva industria puntera en Sagunto, condenando con ello al desastre a todos. El resultado fue conocido: entrada en el mercado común y pronto Francia corría a suministrarnos los productos que ya fabricaban en su nueva planta de Marsella.

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El coste de aquello no solo llevo al cierre de Sagunto. En la década de 1990, los Altos Hornos de Vizcaya se demostraron inviables y las instalaciones fueron desmanteladas tras haber empleado una cantidad enorme de recursos públicos que ni siquiera había servido para un agradecimiento del sector nacionalista vasco. Aun hoy, se ha de escuchar por el PNV que aquellos gobiernos socialistas abandonaron a su suerte los Altos Hornos de Vizcaya. Asturias siguió similar camino, y tras millonarias inversiones y reducciones de plantillas, acabó cerrando. Lejos de agradecérselo, los sindicatos del régimen le organizaron una huelga general a Felipe González en 1988. El coste de aquello se cifró en 2.700.000 empleos directos e indirectos.

Los sindicatos llegaron a afirmar, por boca de Comisiones Obreras, que la política de reconversión del PSOE era mucho peor que la desarrollada por la UCD ya que limitaba la participación sindical y daba el control al Estado sobre los fondos destinados a la reconversión, remarcando que la obsesión de aquellos gobiernos era la congelación salarial.

Por su parte, UGT señaló que la opción de destrucción industrial adoptada por los gobiernos socialistas suponían aceptar para España un consumo interno anormalmente bajo, más propio de un país tercermundista que de una nación en avanzado estado de desarrollo, y que esto suponía que, cuando llegara la reactivación del mercado internacional, habría que importar. Y así sucedió. Todos los planes que se hicieron de recolocación demostraron ser un fracaso absoluto.

Este artículo es un extracto del libro de Carlos Martínez-Cava Refundación soberana publicado por Letras Inquietas (Enero de 2020)

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