Javier Marzal. Presidente de ANVIPED.
Según los informes anuales del Consejo General del Poder Judicial, Cantabria es la Comunidad Autónoma más corrupta de España, con gran diferencia.
Desde 2017, la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho (ANVIPED) ha estado denunciando mediáticamente que la Seguridad Social estaba falsificando la vida laboral para retrasar la jubilación.
Más de 35 publicaciones en numerosos medios publicaron nuestras noticias, destacando La Voz de Galicia por ser la primera, Interviu, Voz Pópuli y RTVE. Un influyente medio fue intimidado por el Ministerio de la Seguridad Social por este asunto.
Cuando ANVIPED denunció penalmente la trama por haber falsificado más de 200.000 vidas laborales (135.225 referidas en el BOE), la mayoría de los medios dejaron de publicar sobre esta trama.
Tras la incompleta tramitación en la Fiscalía General del Estado y por Luis Navajas, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, ANVIPED adaptó y remitió la denuncia al Comité contra la Tortura y los tratos degradantes de la ONU, donde está en tramitación.
El descubridor y víctima de esta trama -después Vocal de ANVIPED- denunció penalmente a Eva Suárez Méndez (Directora de la Seguridad Social en Cantabria), tramitándose la denuncia en las Diligencias Previas nº 537/2017 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander.
El juez Luis Enrique García Delgado, no sólo la encubrió sino que denunció al denunciante y a quienes firmaron los recursos (Presidente y abogado de ANVIPED). El juez sancionó al abogado con 900 euros y, por los mismos hechos, le denuncio ante el Colegio de Abogados de Santander que archivó la denuncia, dejando en evidencia el autoritarismo del juez.
El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha calificado estas conductas como intimidatorias a todos los abogados y, por tanto, totalitarias puesto que los abogados son un contrapoder que limita el autoritarismo de las autoridades públicas, como en este caso.
Pilar Jiménez Bados (Fiscal Superior de Cantabria) ordenó interponer querella contra el denunciante y contra Javier Marzal que había firmado el escrito forense (judicial) como Presidente de ANVIPED.
La querella fue tramitada por la jueza Mercedes Compostizo Olarte. La jueza promovió su abstención por ser “amiga intima” del juez denunciante, casado y con dos hijos. La Audiencia Provincial de Santander desestimó la abstención por no haber acreditado sus relaciones sexuales.
De nada sirvió un escrito recurriendo todas las resoluciones y solicitando el archivo porque la admisión de la denuncia violaba varias normas europeas contra la corrupción, como todas las actuaciones mencionadas en este escrito.
El lunes 22 de febrero de 2021 se celebró el juicio, al que el Presidente de ANVIPED no acudió porque “no participó en estas orgías del autoritarismo judicial, donde los funcionarios no cumplen la ley”.
En 2019, el denunciante y el Presidente de ANVIPED denunciaron al juez denunciante ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ricardo Conde Díez, Promotor de la Acción Disciplinaria archivó la denuncia y denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a los dos denunciantes.
En la FGE, Fausto Cartagena Pastor, Fiscal Jefe Inspector (nº 3 de la FGE), ordenó a la susodicha Fiscal Superior de Cantabria que interpusiera querella contra los dos denunciantes. Este mismo fiscal tramitó las dos denuncias colectivas referidas de forma irregular.
Omitiendo pasos intermedios irregulares, la querella fue tramitada por la jueza María del Prado García Bernalte en las Diligencias Previas 405/2020 del Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander. Esta jueza había tramitado antijurídicamente seis recursos en el procedimiento anterior, sustituyendo a la otra jueza, por lo que había sido denunciada ante el CGPJ.
El Presidente de ANVIPED solicitó el archivo por violar las normas europeas contra la corrupción y no asistió a declarar, como es su costumbre. Cabe señalar que ha sido denunciado en varias Comunidades Autónomas por delitos contra el honor de más de treinta fiscales y jueces. Él sostiene que los jueces que no cumplen la ley no tienen honor y menos aún cuando las denuncias son represalias por denunciar su corrupción.
Tres días después del juicio anterior, recibió un Auto de sobreseimiento libre de este segundo procedimiento, firmado por la misma jueza, por prescripción. La fiscalía y el juez dejaron que prescribiera, reconociendo que no habían cumplido la ley. El Auto tenía fecha del día siguiente al juicio mencionado.
Las autoridades públicas participantes en estas represalias, también están denunciados ante la Unión Europea.
Todas estas actuaciones acreditan que las autoridades públicas españolas, administrativas y judiciales, incumplen la legalidad de forma intencionada y que se alían para tomar represalias contra quienes se atreven a denunciarles o cuando se les recrimina que encubran la corrupción.
A pesar de la condena del TEDH, los fiscales y jueces siguen “intimidando” a todos los abogados y también a todas las organizaciones no lucrativas del sector social, cuando actúan como contrapoderes.
Lo mismo puede decirse de los medios de información (comunicación), que son intimidados cuando publican sobre escándalos que acreditan el totalitarismo, más allá de la malversación de caudales públicos.
En resumen, además de los políticos, numerosas autoridades públicas, administrativas y judiciales, están impulsando un sistema autoritario y totalitario para esclavizar a toda la población.
A pesar de las represalias, ANVIPED seguirá informando a la población de las actuaciones criminales de la metamafia institucional.