Josep Sansano.
Gestiones y Servicios Edelot SL, la empresa de la diputada autonómica del PP, Elisa Díaz, que arrendó los locales comerciales de Alicante Arena, fue investigada en el caso Brugal, pero en lo que se considera una completa torpeza de la Fiscalía Anticorrupción se pasó por alto el presunto cohecho al ser Alicante Arena concesión municipal dada por el equipo de Gobierno de Luis Díaz Alperi, padre de Elisa Díaz.
En lo referente a Edelot el fiscal sólo intentó esclarecer si la citada empresa se había utilizado para blanquear capitales o cometer fraude fiscal, dejando sin investigar la actividad empresarial desarrollada por ésta o el hecho mismo de la concesión de los locales a la familia Alperi. Según ha podido saber Rambla Libre, los arrendatarios de los locales comerciales fueron citados por el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, quien simplemente les preguntó si estaban desarrollando su actividad comercial, a lo que respondieron afirmativamente.
La acusación en el caso Brugal se refiere a la presunta recepción del entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, entre los años 2008 y 2010, de dádivas de Enrique Ortiz que valora en 453.157 euros, y que incluyen viaje en jet privado a la isla de Creta con la concejala Sonia Alegría, aportaciones de capital a la empresa de uno de sus hijos o sobornos en efectivo.
En el año 2008, año en el que el centro deportivo Arena abre sus puertas, la mujer Elisa González y la hija de Alperi, Elisa Diaz Gonzalez, (diputada de las Cortes Valencianas ya entonces), mediante la empresa Edelot SL reciben en exclusiva el arrendamiento de al menos 120 m2 de zona comercial (la gran mayoría de las galerías comerciales del centro) que sub-arriendan a otros negocios y comercios en locales de 20 m2 a razón de 1000 euros al mes, garantizando a la empresa unos ingresos de al menos 72.000 euros al año. La empresa se liquida en 2017 por lo que de seguir con la actividad debe haber ingresado 648.000 en el momento de su cierre. Según fuentes jurídicas consultadas por Rambla Libre, se trataría, por tanto, de un escándalo equiparable o superior, en este caso en relación con el empresario Javier Palacio López. Esas fuentes consideran que la Fiscalía Anticorrupción debería actuar de oficio.
La lentitud proverbial y exasperante de la Justicia alicantina en combatir la corrupción, lo que parece, como este caso, incompetencia, ha producido el efecto de que hasta el momento nadie haya ingresado por corrupción, a pesar de que ha desaparecido la Caja de Ahorros del Mediterráneo o se hayan concedido numerosas contratas y licencias en medio de un presunto tráfico de influencias de grandes dimensiones. La misma Justicia alicantina no ha quedado al margen de la sospecha de corrupción.
En las conversaciones grabadas a Enrique Ortiz, el entonces alcalde Luis Díaz Alperi le pide al empresario trabajo para el hijo del fiscal jefe, José Antonio Romero. La contratación de familiares fue una constante en la relación entre empresarios, políticos y también técnicos. El exjefe de Atención Urbana de Alicante, Víctor López fue absuelto de no haberse inhibido en la millonaria contra de limpieza del cementerio, a pesar de que dos hijos suyos trabajaban en Inusa.
El juez Manrique Tejada, cuya lentitud en el caso Brugal ha sido espectacular, ha terminado eliminando en relación con Enrique Ortiz el delito de aprovechamiento de información privilegiada, aunque lo mantiene la acusación particular de Esquerra Unida.
En el año 2006, siendo alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, y concejal de deportes Francisco José Zaragoza Hernández, tras la renuncia de Juan Rodríguez Marín (electo en 2004), se adjudica a la empresa Arena Alicante S.A la explotación y construcción del centro deportivo Arena. En el año 2008, aparece como accionista y gerente Enrique Santos, que había sido presidente del Patronato Municipal de Deportes. Y la esposa de Luis Díaz Alperi y la hija de ambos son las arrendatarios de los locales comerciales de una concesión administrativa a la UTE Arena SA, del empresario Javier Palacio López.
El 15 de enero de 2015, Elisa Díaz González interpretó una auténtica escena de teatro en los pasillos de las Cortes Valencianas cuando fue abordada por los medios de comunicación. Al borde del llanto, Elisa Díaz se presentó como: ‘Soy una persona normal; este bolso me lo he comprado en Mango Outlet y en rebajas‘. Ese día se había hecho público el informe de la UDEF en el que se afirmaba que Enrique Ortiz había aportado 174.000 euros para la compra del bungalow en el que vive Elisa Díaz González. Ésta, entre lloriqueos, se preguntaba retóricamente: “¿dónde está el dinero?”. A través de Edilot cobraba 72.000 euros anuales. A los que hay que sumar sus ingresos como diputada en las Cortes Valencianas. Afirmó que no tenía problemas para llegar a fin de mes, pero es obvio que mentía porque su situación económica era muy desahogada. De hecho, Elisa Díaz González ha mantenido una intensa actividad empresarial en paralelo a su carrera política.
Elisa Díaz González sigue sin dar su versión de los hechos, a pesar del ofrecimiento de Rambla Libre. Diversas fuentes coinciden en señalar que la diputada autonómica del PP, y candidata en el número 4 de la lista a las Cortes Valencianas, por la presión del PP local, Toño Peral, y el alcalde, Luis Barcala, tiene un temperamento vivo. Fue juzgada por haber dejado sorda de un oído a una súbdita británica en una riña en un albergue de animales. También fuentes directas narran a Rambla Libre una agarrada en una reunión interna del PP cuando alguien puso en duda la honradez de su padre, imputado en el caso Brugal.