Editorial.
Vox tomó una decisión en Andalucía. A nosotros, a Rambla Libre, nos pareció un error. En poco tiempo la realidad nos ha dado toda la razón. Como toda decisión, tenía y tiene sus ventajas y sus inconvenientes, estos son mucho mayores. Para Vox la única ventaja era participar en el desalojo del PSOE después de 37 años de detentar el Gobierno de la Junta de Andalucía. También pareció en exceso necesitar las fotos con el PP como una especie de búsqueda de legitimidad en una negociación muy cuestionable y que quizás no deba merecer ese nombre.
El partido que lidera Santiago Abascal no tiene un acuerdo de Gobierno, no participa en el nuevo Gobierno ni con cargos en el ejecutivo, ni en el programa. Lo que firmaron los secretarios general de PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith-Molina fue una mera declaración de intenciones, que Ciudadanos se cuidó muy mucho de explicitar que no se sentía obligado en absoluto por esa firma. A lo que se siente obligado es a hacer todo lo contrario.
En propiedad, en Andalucía, Vox lo que ha hecho ha sido abjurar de todo su programa electoral con la excusa o coartada de que no tiene mayoría absoluta, de que sólo tiene 12 diputados. El PP, con quienes pareció que Vox quería fotografiarse para romper el amenazante cordón sanitario, se permitieron regodearse en que el partido de Abascal había dado muestras de “bisoñez”. Lo cual tiene una interpretación clara: habían sido engañados sin darse cuenta.
El acuerdo de Gobierno real para la Junta de Andalucía es el firmado por PP y Ciudadanos y ese es un acuerdo nítidamente contra Vox y contra su programa, contra los 400.000 votantes que no han sido tenidos en cuenta. Ese acuerdo no contempla más que el más puro continuismo en materias decisivas como inmigración o ideología de género.
En los primeros compases, se ha podido ver ya que el documento firmado entre PP y Vox no tiene validez alguna, es una completa engañifa. El portavoz de Vox, Francisco Serrano, quien en su anterior etapa de abogado ha firmado acuerdos no siempre beneficiosos para sus clientes, ha reclamado que se entregue la documentación de los inmigrantes ilegales que obra en poder de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla ha declarado que lo hará si se lo pide la Policía, pero la Policía es una estructura jerárquica del Ministerio del Interior, al frente del cual está Fernando Grande-Marlaska. Quizás no se puede hacer demasiado si se trata de datos sanitarios que legalmente no podrían hacerse público. También parecen haber dejado tranquilo a Francisco Serrano las estúpidas excusas dadas en un simple tuit por la Consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, militante de Ciudadanos, respecto a su artículo denigrante contra las procesiones de Semana Santa, de tanto arraigo popular en Andalucía.
Vox actuó, en efecto, con cándida bisoñez entregando sus 12 diputados a cambio de nada, de unas simples fotos y de un documento vacío, con una tremenda ignorancia de las bases de nuestro sistema electoral y político. Vox insistió continuamente en que sólo tenía 12 diputados, pero en un sistema proporcional, como es el caso, el minoritario que tiene la llave de la gobernabilidad tiene todo el poder, como lo tienen el PNV en el Congreso de los Diputados o la CUP en el Parlament de Cataluña. Es obvio que si Vox hubiera tratado de ejercer su poder real de negociación hubiera forzado nuevas elecciones, dada la posición de total rechazo por parte de Ciudadanos.
Vox pudo actuar de esa forma porque:
- No tenía liquidez económica para afrontar unas nuevas elecciones y le convenía recibir las subvenciones a los partidos, que planteó reducir en el 75%, sin que el PP asumiera esa reclamación.
- Se creyó la teoría de José María Aznar de las tres derechas, llamadas a confluir, y explicitado en la mostrenca consigna de Federico Jiménez Losantos de votar a favor ahora y negociar después.
Con Vox notoriamente no se va a negociar nada o casi nada. Vox está en trance de quedar desactivado en Andalucía y eso puede mermar sus posibilidades de cara a las elecciones del 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas. Todo lo relativo a la ideología de género ha caído bajo la influencia y responsabilidad de Ciudadanos, tanto del vicepresidente Juan Marín como de la errática consejera, Rocío Ruiz. Ya es una evidencia que Ciudadanos no pretende cambiar nada, sino que busca heredar a la PSOE, manteniendo el aparataje burocrático y confiando en un cambio de lealtades. El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no depende de Vox salvo para momentos sin duda decisivos como la aprobación de los Presupuestos o de cara a la presentación de leyes, en las que bien puede buscar el apoyo de otros grupos de la oposición, porque Vox es un partido de oposición en Andalucía que, sin embargo, ha votado al Gobierno. Una posición peculiar y desmerecida.
La opción 2 es altamente preocupante, porque podría terminar situando a Vox como mera comparsa del PP, surgida para recolectar los votos que estaba perdiendo el PP y sacar a otros de la abstención, pero dentro de una estrategia lampedusiana de cambiar algo para que todo siga igual.
O Vox marca con prontitud su territorio o se distancia de unos socios de Gobierno que no lo son o pone a Juan Manuel Moreno Bonilla y Juan Marín ante sus contradicciones o empieza a presentar iniciativas parlamentarias que inquieten y desasosieguen a un Gobierno de la Junta de Andalucía, donde ya se dan casos escandalosos de nepotismo, que Vox tendría que denunciar con firmeza y prontitud, o Vox va a quedar desactivado como el hermano pobre de las tres derechas. Digamos misericordiosamente que la consigna de Losantos era una total mentira, una completa patraña.
La fuerza vital desplegada por los 400.000 votantes de Vox no merecía ser vendida por un plato de lentejas y unas cuantas fotos.
La nueva sede, ni estética ni éticamente admisible
Por lo demás, Vox no parece haber aprendido de sus errores pasados. En sus orígenes, se convirtió en el negocio personal del que fuera presidente en funciones, José Luis González Quirós quien en las elecciones europeas en las que se presentó como cabeza de lista Alejo Vidal Quadras, facturó al partido 58.000 euros a través de su consultora Mind and Matter. Además, se contrató al hijo de José Luis González Quirós para llevar la web electoral del partido lo que representó 2.000 euros adicionales. Conducta tan inmoral fue justificada por Santiago Abascal, quien no era entonces presidente del partido, aduciendo que se había recurrido a personas “de confianza”.
Lo mismo ha vuelto a hacerse con el traslado a la nueva sede, de 400 metros, en una zona céntrica de Madrid y, por ende, cara, que se ha alquilado a la empresa Coravest SL, de la que es apoderado el vicepresidente de Vox, Vicente González Coello de Portugal. Recurrir de nuevo a “personas de confianza” puede reducir los costes de información; es decir, es lo fácil; pero no resulta ni estético ni ético. Ese local fue adquirido por Coravest un mes antes. Además, sus cuentas conducen a una empresa afincada en el paraíso fiscal de Luxemburgo, Fincora Group Sarl. Vicente González Coello de Portugal ha sido condenado por el Tribunal Supremo por administración desleal de Marmolerías Leonesas, lo que debería haber llevado a que tuviera la decencia de dimitir o a que Santiago Abascal le exigiera la dimisión. El contenido ético y patriótico del programa de Vox se da de patadas con estos comportamientos de chapuceros políticos profesionales.