Editorial.
Las cosas se han llevado demasiado lejos. La falta de una política de inmigración, la laxitud completa perpetrada tanto por los nefastos gobiernos socialistas como por los incompetentes hasta el extremo del Partido Popular está pasando una factura demasiado grave y demasiado fuerte a los españoles. Consideramos que José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, además de algunos de sus colaboradores, entre los que no debería faltar Pablo Casado, deberían ser llevado ante tribunales independientes y responder de su dejación de funciones. No descartamos que merecieran presuntamente prisión permanente revisable. En todo el devenir humano, ningún gobernante ha demostrado tanta irresponsabilidad.
La defensa de las fronteras, la tolerancia cero con la inmigración ilegal, la tolerancia cero con la violencia y el delito de los inmigrantes debe ser total y eludir esas responsabilidades no forma parte de las opciones de los gobernantes, que han sido elegidos, administrando el monopolio de la violencia, jurando o prometiendo cumplir la Ley y hacerla cumplir, precisamente para proteger a los ciudadanos, para mantener la soberanía nacional y la dignidad de la nacionalidad, para velar por el orden público y para impedir, a cualquier precio, proporcionalmente, con las armas, la entrada en territorio nacional de quienes se declaran enemigos de los españoles y quieren atentar contra sus vidas y sus haciendas.
Es absolutamente lamentable y altamente significativo que en el Congreso de los Diputados y en el Senado nunca, en ningún momento, haya habido un debate serio, de altura, de claridad sobre el problema inmigratorio que es uno de los más graves que padecemos. Es tremendo que la nacionalidad o los permisos de residencia se concedan como en una tómbola, con total desprecio hacia los contribuyentes, que pagan las consecuencias en su seguridad y en el deterioro de la convivencia. Importamos e incluso subvencionamos a terroristas islámicos, admitimos a violadores, abrimos las puertas a delincuentes de enorme violencia que atacan a nuestros hogares.
Vamos a hacer una reseña de hechos acaecidos en este penoso mes de enero de 2019. En Barcelona e Igualada han sido detenidos 17 presuntos terroristas musulmanes, de los cuales el núcleo duro está formado por 5 argelinos con antecedentes penales. Esos presuntos terroristas musulmanes tenían voluntad de atentar con terrorismo indiscriminado. La noticia se sirve de forma que parecería que el sistema está protegiendo a los ciudadanos, pero esos 17 detenidos no han tenido que infiltrarse a través de nuestras fronteras, ni camuflarse, sino que se les ha permitido la entrada y la permanencia, incluso después de haber cometido delitos. Muchas veces -carecemos de información en este caso- estos terroristas islámicos viven de las ayudas sociales que salen de los impuestos de los contribuyentes a los que quieren matar; con frecuencia son mimados por los servicios sociales, tienen acceso a la carísima sanidad gratis, no encuentran la más mínima dificultad en adquirir el permiso de residencia o en obtener la nacionalidad. Es un completo absurdo, es una total dejación de funciones por parte de los gobernantes, que para nosotros están cometiendo presuntos gravísimos delitos.
3 marroquíes han perpetrado en Galapagar, el pueblo donde ha elegido residencia el nefando irresponsable de Pablo Iglesias, cuyo Podemos es una escombrera de estupideces varias, un secuestro express: han entrado en una casa a robar, han amenazado con violar y matar a las niñas de corta edad para obligar a la madre a ir a sacar dinero. Es una escena de enorme terror, que sólo ha podido producirse por la incapacidad de los gobernantes -fue José María Aznar, el alucinado, el primero en abrir las fronteras- para ofrecer seguridad a los ciudadanos, para expulsar a los ilegales, pero también a los delincuentes. En Marbella, en una discusión ante una discoteca, un marroquí intentó degollar a un joven español. El 6 de enero fue detenido en El Ejido, Almería, un marroquí que había intentado violar a una menor, y al que se acusa de dos robos por método del tirón y cuatro atracos con arma blanca. Todos estos ciudadanos agredidos, víctimas, han pagado y pagan sus impuestos básicamente a cambio de recibir seguridad. Lejos de ella, las autoridades, mediante ensoñaciones de buenismo suicida, por su cuenta y riesgo, decidieron y deciden desproteger a los contribuyentes y abrir de para en par las puertas a terroristas, violadores, asesinos (el 18% de los asesinatos en España son cometidos por marroquíes) y delincuentes.
No para ahí la página negra de esta España aterrorizada por inmigrantes. El 5 de enero, un argelino violó a una menor en pleno centro de Algeciras. El 1 de enero fueron detenidos en la localidad alicantina de Callosa d’en Sarriá cuatro ecuatorianos tras una violación en grupo, tras drogar a la víctima. Al menos, han presuntamente cometido otras cuatro violaciones. Esas mujeres tenían derecho a haber sido protegidas por los poderes públicos y no lo han sido. Lejos de ello, esos degenerados, esa escoria humana de la peor especie han accedido a la nacionalidad española. Es un auténtico desquicie que debería llevar a una reacción intensa de la población española en aras a su supervivencia para extinguir al PSOE, al PP y, por supuesto, a Ciudadanos que ahora se ha puesto a representar las tesis destructivas del globalismo y del cosmopolitismo apátrida. El 1 de enero una menor en Burriana, Castellón, fue soltada tras toda una noche de martirio y violación a manos de 2 rumanos.
Resulta hiriente e indignante que se haga referencia a que España ha sido un pueblo de emigrantes. Los españoles en el extranjero nunca cometieron atentados terroristas ni masacres, como ha perpetrado los musulmanes, nunca se dedicaron al delito ni a las violaciones -hay actualmente una plaga en España que tiene como víctimas propiciatorias a las menores-, por el contrario, se dedicaron a trabajar con esfuerzo y denuedo para sacar adelante a sus familias. No hay una sola noticia en la prensa extranjera de una banda de españoles dedicada al delito, ni a la violación. El barrio español en París siempre ha destacado por su buen orden, por su seguridad, por su simpatía y por su laboriosidad.
Rambla Libre no cejará en recordar las responsabilidades de los presidentes del Gobierno desde José María Anzar, hasta Pedro Sánchez, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en la falta de política inmigratoria, en su dejación de funciones y en la consideración que por tal cuestión deben responder ante la Justicia. Consideramos a Pablo Casado un personaje sin hechura, sin ideas clara, con convicciones difusas y un estricto acomplejado; una nulidad a estos efectos. Albert Rivera es ya para toda la nación un veleta, un charlatán de feria vendido a los poderes globalistas y, por tanto, lo mejor es que Ciudadanos se fuera extinguiendo y desapareciera de la vida pública.
Volvemos nuestra mirada a Vox que ha roto el consenso del suicidio y la debilidad nacionales. Vemos una actitud clara pero al tiempo titubeante con algunos errores de concepto, como esa diferenciación demasiado estricta entre inmigración ilegal y legal; la legalidad ha sido vendido a niveles de baratillo como para que sea preciso un rearme moral de la sociedad española y una política clara, firme y resolutiva, que no sólo impida la llegada de cualquier ilegal a las costas españolas o por cualquier otro medio, sino que también debe proceder a las expulsiones de los terroristas, integristas, violadores y delincuentes que ya han entrado, a los que no tienen trabajo u ocupación, a los que viven de las ayudas sociales que deben ser solo para los españoles, a los menores no acompañados.
La política de inmigración necesaria para que la sociedad española pueda sobrevivir ha de contemplar los siguientes puntos:
1.- Total cierre de las fronteras a la inmigración ilegal y expulsión inmediata de quienes hayan entrado o lo que se denomina expulsión en caliente.
2.- Deportaciones masivas inmediatas de quienes en estos años, décadas, hayan entrado ilegalmente.
3.- Retirada de la nacionalidad a los que mantengan una doble nacionalidad y a los que hayan cometido cualquier delito.
4.- Revisión de todos los procesos de concesión de nacionalidad y retirada de ella a quienes no cumplan parámetros de patriotismo y normas de convivencia, incluido el conocimiento del español.
5.- Expulsión de quien haya cometido un delito o falta.
6.- Incremento de las penas a quien colabore con la inmigración ilegal, y consideración de las ONG que lo hacen como mafias y a sus directivos y miembros como delincuentes.
7.- Eliminación de la sanidad para los inmigrantes ilegales y eliminación de cualquier ayuda social de todo tipo, como rentas de garantía o ayudas al alquiler o becas de comedor.
Hay que salir con urgencia de cualquier debate buenista, pero también de cualquier referente al racismo o a la xenofobia, para entrar de lleno en el terreno real, del que nunca se debió salir, de la ley y la seguridad. No es un debate sobre la pobreza en el mundo, que no toca a los gobernantes españoles resolver; es el imperativo categórico de mantener la seguridad de nuestras fronteras, de nuestro territorio y de nuestros hogares, a lo que están estrictamente obligados los poderes públicos.
En otro caso, los españoles autóctonos serán agredidos, sus mujeres y menores violadas, sus hogares serán saqueados, sus calles se llenarán de bolardos, serán asesinados por musulmanes desquiciados que no asumen su propio fracaso vital y de su cultura. No decimos nada que, en este momento de desquicie, en el que el mundo parece haber salido de sus goznes y haber demolido los consensos básicos de la nación, que no esté sucediendo ante nuestros ojos. Ha llegado el momento de decir basta y pasar a la ofensiva.
Esta política de estricto sentido común exigirá cerrar universidades y chiringuitos desde los que se predica la demolición de nuestras fronteras y el hundimiento de nuestra sociedad. Pero eso es materia para futuros editoriales.
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