Luis Bru.
Enrique de Diego se ha acogido, en su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3, a la exceptio veritatis a raíz de la querella presentada por el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado Crespo, representado por el despacho de abogados Fuster-Fabra. Con esa figura, el editor de Rambla Libre solicitará documentación de la contabilidad de Ciudadanos y la declaración como testigos de sus dirigentes, incluido Albert Rivera, sobre la forma en que se financió la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2015.
El abogado del despacho Fuster-Fabra, en representación de Ignacio Aguado, preguntó a Enrique de Diego si era el autor del artículo de Rambla Libre, «Escándalo: Ignacio Aguado estableció una trama generalizada de financiación ilegal de Ciudadanos en las elecciones de 2015«, a lo que el periodista respondió afirmativamente. También le preguntó si era consciente de imputar delito a Ignacio Aguado, a lo que respondió que es periodista, que no acusa ni imputa sino que sólo informa, que no es el ministerio fiscal y que no es consciente de haber imputado un delito. Que contrasto la información, porque tiene muchas fuentes internas y externas a Ciudadanos, en diferentes pueblos de la Comunidad de Madrid.
Enrique de Diego aportó las actas de una reunión de la agrupación de Ciudadanos de Fuenlabrada, colgada en su web, en la que se informa de que han recibido la visita de Ignacio Aguado, para luego añadir que «Madrid» les ha dicho que para financiar la campaña cada uno de los cinco primeros de la lista tiene que poner 11.000 euros. Que ese dinero no era una donación, ni se ingresó en ninguna cuenta del partido, sino que era para financiar de manera privada su propia campaña electoral. Enrique de Diego señaló que el Tribunal de Cuentas tiene abierto un expediente sancionador a Ciudadanos por la posible asunción por terceras personas de gastos del partido en la campaña de 2015, que es de lo que precisamente informó, en primicia, como corresponde a su función de periodista ejerciendo la libertad de expresión. Aportó también transcripción de la comparecencia en el Senado del abogado Alberto Ganga quien informó que de manera generalizada, y con casos aislados, Ciudadanos se financió al margen de los cauces legales, con hechos como que la lista aprobada de San Sebastián de los Reyes se cambió porque uno aportó 18.000 euros.
A preguntas del abogado defensor Benedicto López, Enrique de Diego indicó que no tiene ninguna animadversión hacia Ignacio Aguado, al que no conoce, ni ánimo de injuriar ni de calumniar, sino sólo de informar verazmente; que Ignacio Aguado no ejercitó el derecho de réplica, y que puesto que la parte querellante es la que presuntamente se autoimputa delito o lo tipifica como tal se acoge a la exceptio veritatis, para que el Estado de Derecho investigue a fondo el hecho a fin de determinar si dirigentes de Ciudadanos pudieron cometer presuntamente delito electoral en el año 2015, e incluso si Ciudadanos cumple los requisitos de la Ley en su financiación a día de hoy.