Miguel Sempere.
«A cada obstáculo damos una respuesta», ha afirmado la vicepresidenta, Carmen Calvo. Junto con su viejo adagio de que «el dinero público no es de nadie«, esta exaltación de la improvisación merece entrar en la antología del despropósito. Más que un Gobierno padecemos a una pandilla de irrelevantes improvisadores encantados de haberse conocido. La legislatura de Pedro Sánchez nació muerta y está naufragando en el ridículo.
La vicepresidenta hace referencia al icónico y en sí absurdo proyecto de trasladar a no se sabe dónde los restos de Franco. El Gobierno no tuvo en cuenta ni los obstáculos ni tampoco estudió con el mínimo de detenimiento el marco legal de forma que trasladó la convicción de que el traslado se haría de inmediato, luego se comprometió en firme en que tendría lugar en agosto, ha empezado noviembre y Franco sigue en el Valle de los Caídos y el Gobierno se ha sumergido en un atolladero cada vez más complicado.
A la propuesta alternativa de la familia Franco de enterrar a su abuelo en la Catedral de la Almudena, amparados en la propiedad de una tumba y en el marco legal de los Acuerdos Iglesia-Estado, el Gobierno ha ido respondiendo de manera caótica y contradictoria. Primero dijo que no podía hacer nada para impedir el deseo de los nietos de enterrarlo en la Almudena, luego que la ley impedía el traslado a un lugar tan céntrico y emblemático, que de seguro convertirá la tumba en lugar de peregrinación y ahora ha lanzado la reforma de la reforma de la nueva ley de memoria histórica. Entre medias, se ha asistido al bochornoso episodio de la visita de Carmen Calvo al Vaticano con la entrevista con el secretario de Estado, Pietro Parolini, de la que la vicepresidente dio una versión triunfalista y unilateral que fue luego desmentida por el portavoz de la Santa Sede. Todo esto, dejando al margen que ni tan siquiera parece haber cobertura legal para sacar a Franco del Valle de los Caídos.
Improvisación y rectificaciones son constantes en el Gobierno en todos y cada uno de los numerosos frentes abiertos. Fuera del concepto de cesión, resulta difícil definir la postura del Gobierno en relación con el golpe de Estado secesionista en Cataluña, porque han dicho de todo y han extendido todo tipo de cheques en blanco sin fondos. Acertó Pedro Sánchez cuando en la oposición afirmó que en Cataluña se había producido un delito de rebelión. La vicepresidenta ha llegado al ridículo despropósito de negar la existencia de esa declaración. Sánchez nunca ha estado en condiciones de satisfacer las demandas de los separatistas sin entrar él mismo en el terreno del delito. La senda del apaciguamiento es, históricamente, estéril. Insistir en las hipotéticas virtudes taumatúrgicas del diálogo sólo produce frustración. Ha bastado que la Fiscalía presentara su escrito de acusación para que Quim Torra -el Le Pen catalán, como le definió Sánchez en tiempos anteriores- clame que «le retiramos el apoyo y no votaremos los presupuestos».
Esos Presupuestos, que conllevarían la definitiva ruina de España, están ya en Bruselas sin tener los apoyos parlamentarios suficientes en el Congreso. Es la improvisación permanente de la utopía imposible de gobernar sobre el apoyo de 85 parlamentarios, tras haber perdido abrumadoramente dos elecciones y haber obtenido los peores resultados de la reciente historia del PSOE.
El último despropósito de este ejecutivo es preanunciar el indulto a los golpistas del secesionismo catalán. El indulto está también condicionado por ciertos límites, como el arrepentimiento y la voluntad expresa de no volver a delinquir, algo que no se da, ni por asomo, en este caso. Oriol Junqueras afirma que «no hemos tenido una instrucción justa ni tendremos un juicio justo en el Tribunal Supremo» y que su objetivo sigue siendo la independencia. No puede ser indultado. El 25 de noviembre Ciudadanos convocará un acto en Madrid con el lema Justicia si, indultos no.
Pedro Sánchez, que se mostró como un oportunista exitoso y mendaz en la moción de censura, está demostrando ser un simple aventurero incompetente.