Miguel Sempere.
Se trató de una operación de imagen, que lo que hace es empeorarla sensiblemente. El Consejo General del Poder Judicial institucionalizó la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, a fin de que los ciudadanos pudieran elevar sus quejas sobre la Administración de Justicia en materias como las excesivas dilaciones, la falta de fundamentación jurídica de las decisiones o incluso la utilización de un lenguaje incomprensible. Los datos son concluyentes: el corporativismo manda.
Los últimos datos disponibles se refieren a la Memoria del Consejo General del Poder Judicial del año 2.014, lo que significa que esa institución de gobierno de los jueces lleva casi cuatro años sin sacar datos.
De las quejas recibidas, 10.288 son relativas al funcionamiento de los Juzgados en toda España, de las que 2.242 lo fueron sobre los Juzgados de Madrid. De esas 10.288 sólo se dan traslado al Promotor, un juez que instruye, 255, lo que significa que sólo se incoan diligencias en el 2,47% de los casos. De esa exigua cifra, los que concluyen en alguna sanción, que es la retórica del apercibimiento, son 26, el 0,25%.
Una de las argucias es que si el Promotor no contesta en el plazo de tres meses se considera que la queja ha sido desestimada. Así sucedió, por ejemplo, el pasado día 25 de diciembre, cuando se cumplieron tres meses del recurso de alzada que admitieron a trámite contra el archivo de la queja contra la polémica Juez del Juzgado de Familia número 28 de Madrid, Emilia Marta Sánchez Alonso. Ni se molestan en contestar. Las diligencias, en cualquier caso, no dan lugar a una investigación propiamente dicha, sino que se solicita informe al titular del Juzgado sobre el que se presenta la queja, que es directamente avalado.