Enrique de Diego
Seamos serios, desapasionados y objetivos. Evitemos toda cercanía al hecho y toda implicación emocional. Imaginemos, por un momento, que nos trasladamos a un país ignoto o, mejor, a las antípodas, a Nueva Zelanda.
Supongamos que directivos destacados de una empresa, consejero delegado y director general, son cogidos pagando mordidas a la trama de un partido, a petición de un gobierno regional de esa formación. Además, esas mordidas no son a cambio de concesiones, aunque haya flujo de negocio entre el gobierno regional y la empresa, sino que son para pagar operaciones sucias de ese partido en la red, en concreto para hacer cliping y otras acciones de fontanería para intentar ocultar que el presidente del gobierno regional ha recibido un ático de un empresario de distribución de películas y una ministra se ha autoconcedido una ayuda escolar a su hijo.
Los dos directivos han sido llevados ante la Justicia. Uno de ellos es despedido pero con una cantidad en la moneda local equivalente a 4 millones de euros.
Esa empresa está controlada por ese partido, que, por ello, le ha pedido que pague las mordidas, porque no sabe de dónde sacar ese dinero del presupuesto. Ese partido tiene amplia mayoría en el consejo, donde tiene colocados algunos de sus políticos vetustos más fieles.
El ministro del Interior, siempre del mismo partido, que cobra dietas como si pagara alquiler cuando vive en una casa del Ministerio, que ha montado una unidad extraoficial de investigación a su directo servicio para combatir con dosieres muchas veces falsos a sus adversarios políticos, que ha sido grabado en ese tipo de guerra sucia personal, es el encargado de contratar a la empresa que hará el recuento electoral.
Bueno, la verdad es que a medida que voy escribiendo me da más asco, más coraje y más pena lo rematadamente mal que estás en Nueva Zelanda y hasta que nivel de bajeza moral y ponzoña han llegado.
Bien, seamos objetivos y no nos impliquemos emocionalmente. Se me ha olvidado decir que la empresa en cuestión que pagó las mordidas –al director general le grabaron en plena faena de pago- está especializada en informática.
Pregunta moral: ¿Debería esa empresa encargarse del recuento?
El ministro del Interior neozelandés –que me perdonen los de Nueva Zelanda que me consta que es una nación con un sistema político eficiente y bajo nivel de corrupción- contrata a esa empresa, cuyo consejo de administración está formado por miembros del mismo partido. Lo hace sin concurso, mediante negociación, porque la empresa tira precios.
Pregunta moral: ¿Ha hecho bien, moralmente, el ministro del Interior neozelandés contratando a esa empresa, con directivos implicados en casos de corrupción?
Son unas elecciones importantes en la que el ministro en cuestión y los consejeros de la empresa y sus directivos se juegan el puesto.
Pregunta moral: ¿Sería legítimo considerar que no es el mejor panorama para confiar en unas elecciones limpias?
Son unas elecciones distintas, porque se presenta un nuevo partido que puede superar a uno de dos partidos tradicionales y si eso sucede el ministro del Interior, los consejeros y los directivos se tienen que ir a la calle y muchos van a tener que dar muchas explicaciones. Las encuestas dan todas que ese nuevo partido sube mucho, y sube, y siempre dan que sube, y sube todavía más en las encuestas a pie de urna. El único que va a acertar el resultado es un periodista amigo del ministro.
Pero cuando esa empresa empieza a hacer el recuento, resulta que se han abstenido un 1,1 millones de votantes de ese partido que tanto preocupa al ministro –ha hecho dosieres falsos contra él- y que puede costarle el puesto a los consejeros que viven muy sin hacer nada.
Pregunta moral: ¿Qué puede haber pasado en Nueva Zelanda en la noche electoral? ¿Debió permitirse a esa empresa que se encargara del recuento?
Volvemos a España, pues he de reconocer que Nueva Zelanda me ha parecido una cloaca con una atmósfera asfixiante. ¡Cómo pueden ser tan chorizos y soportarlo! Obviamente, la empresa es INDRA, sus directivos imputados: consejero delegado Javier de Andrés, su director general imputado y despedido con una indemnización millonaria es Santiago Roura.
En el año 2013 fueron designados como miembro del Consejo de Administración por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dos conspicuos políticos del Partido Popular: el exministro de Trabajo y Asuntos Sociales y exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, que renunció a ser diputado; y Adolfo Menéndez Menéndez, exsubsecretario de Defensa y Fomento, que poco después acumuló otro cargo más, con 120.000 euros de sueldo, presidente de TEDAE, Asociación Española de Tecnologías de la Defensa, Aeronáutica y Espacio. INDRA es una empresa del PP y lo demás es comentario.
Hay que sacar lecciones. Por mucha credulidad, confianza en la naturaleza humana y altas dosis de papanatismo, una empresa como INDRA no puede tener la responsabilidad del recuento. Standares de independencia han de ser establecidos legalmente y el recuento informático ha de ser controlado por expertos de los diversos partidos. O podemos seguir creyendo que Francisco Marhuenda es Nostradamus y acierta los resultados con una bolita de cristal.