El lunes 28 de abril de 2025, España se sumió en la oscuridad. Un apagón masivo, el mayor en la historia del país, dejó sin suministro eléctrico a gran parte de la península, junto con Portugal y el sur de Francia. La pérdida de 15 gigavatios en apenas cinco segundos, equivalente al 60% de la demanda nacional, paralizó hospitales, trenes y comercios, generando pérdidas millonarias y un caos sin precedentes. En el centro de la tormenta se encuentra Red Eléctrica (Redeia), la empresa encargada de gestionar la red de alta tensión, y su presidenta, Beatriz Corredor, cuya gestión, sueldo desorbitado y falta de experiencia técnica han desatado una oleada de críticas. Sin embargo, más allá de las responsabilidades individuales, este desastre pone bajo el foco la estructura accionarial de Redeia, donde el Gobierno español, a través de la SEPI, comparte mesa con el gigante financiero BlackRock, uno de los mayores fondos de inversión del mundo. ¿Cómo llegó una empresa estratégica como Red Eléctrica a estar influenciada por actores privados globales mientras el país se hunde en la oscuridad?
Beatriz Corredor: un nombramiento cuestionado y un sueldo de escándalo
Beatriz Corredor, exministra de Vivienda bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2010), asumió la presidencia de Redeia en febrero de 2020, tras la dimisión de Jordi Sevilla. Su nombramiento, impulsado por el presidente Pedro Sánchez, levantó cejas desde el principio. Corredor, jurista y registradora de la propiedad, carece de formación o experiencia en el sector energético. Su currículum, centrado en derecho inmobiliario y política, no incluye antecedentes en la gestión de infraestructuras críticas como las redes eléctricas. A pesar de ello, fue colocada al frente de una de las empresas más estratégicas de España, responsable de garantizar la estabilidad del suministro eléctrico.
Lo que más indignación ha generado, especialmente tras el apagón, es su retribución. En 2024, Corredor percibió un sueldo de 546.000 euros brutos anuales, compuesto por 530.000 euros de salario fijo y 16.000 euros en dietas por asistir a reuniones del consejo de administración, según el informe de remuneraciones de Redeia registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este salario, uno de los más altos entre los directivos de empresas con participación pública, supera con creces el del presidente del Gobierno (84.845 euros en 2020) y ha sido criticado por no estar ligado a objetivos técnicos o de desempeño operativo. Mientras España enfrentaba una crisis energética sin precedentes, Corredor permaneció en un silencio que muchos calificaron de “irresponsabilidad institucional”. Su ausencia pública durante las 17 horas que duró el apagón contrastó con las declaraciones de Pedro Sánchez, quien desde Moncloa se limitó a prometer soluciones sin señalar responsabilidades claras.
Las críticas a Corredor no son nuevas. En 2021, ya afirmó en una entrevista en Espejo Público que un apagón masivo “no era un riesgo real” y que España tenía “el mejor sistema eléctrico del mundo”. Estas palabras, ahora virales, han avivado la percepción de que su liderazgo es más político que técnico, alimentada por su cercanía al PSOE y a Sánchez, quien la premió con el cargo tras su lealtad en las primarias del partido. La oposición y numerosos usuarios en redes sociales han exigido su dimisión, señalándola como una “enchufada” sin las credenciales necesarias para dirigir Redeia.
BlackRock y el Gobierno: una alianza incómoda en Red Eléctrica
Si bien las miradas se centran en Corredor, el trasfondo estructural de Redeia revela un aspecto aún más inquietante: su accionariado. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Gobierno, posee el 20% de las acciones de Redeia, lo que la convierte en el mayor accionista individual. Sin embargo, el resto del capital está en manos de inversores privados, entre los que destaca BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, con un 4,64% de las acciones. Aunque este porcentaje parece modesto frente al de la SEPI, BlackRock es conocido por su enorme influencia en las empresas en las que invierte, gracias a su capacidad para movilizar capital y presionar en juntas de accionistas.
BlackRock, con sede en Nueva York, administra activos por valor de más de 10 billones de dólares a nivel global y tiene participaciones en cientos de empresas estratégicas, desde bancos hasta compañías energéticas. Su presencia en Redeia plantea preguntas sobre hasta qué punto un fondo extranjero puede influir en una empresa clave para la seguridad energética de España. Aunque la SEPI mantiene un control significativo, la participación de BlackRock y otros inversores privados, como Pontegadea (la sociedad de Amancio Ortega, con un 5%), refleja la naturaleza híbrida de Redeia: una empresa pública en teoría, pero con intereses privados que podrían priorizar beneficios sobre la estabilidad del sistema eléctrico.
El apagón ha reavivado el debate sobre la privatización parcial de activos estratégicos. Redeia, que gestiona más de 44.000 kilómetros de líneas de alta tensión, es un pilar de la seguridad energética nacional y un actor clave en la transición hacia energías renovables. Sin embargo, las fuertes inversiones necesarias para modernizar la red, estimadas en 53.000 millones de euros hasta 2030 según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), podrían estar condicionadas por la presión de accionistas como BlackRock, que buscan maximizar retornos a corto plazo. Este enfoque choca con las necesidades a largo plazo de un sistema eléctrico robusto, capaz de resistir fenómenos extremos o fallos como el del 28 de abril.
El apagón: un fallo sistémico con raíces profundas
Red Eléctrica ha descartado un ciberataque como causa del apagón, atribuyéndolo a un “fallo de generación” agravado por la baja producción nuclear y de gas, así como por la dependencia de renovables, que no pudieron compensar la caída de la oferta. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las causas exactas y la ausencia de liderazgo visible por parte de Corredor han alimentado la desconfianza. Fuentes del sector señalan que las inversiones en la red, aunque significativas, no han sido suficientes para adaptarse a un sistema eléctrico cada vez más complejo, con una creciente integración de energías renovables y una demanda industrial en aumento.
Aquí entra en juego la influencia de accionistas como BlackRock. La caída del 20% en el valor bursátil de Redeia desde que Corredor asumió la presidencia en 2020 refleja la insatisfacción de los mercados con la gestión de la compañía y su incapacidad para responder a los retos de la transición energética. BlackRock, conocido por abogar por la sostenibilidad pero también por priorizar rendimientos financieros, podría estar presionando por recortes de costes o estrategias que no siempre alinean con las necesidades de una infraestructura crítica. Mientras tanto, el Gobierno, a través de la SEPI, parece más enfocado en mantener el control político de la empresa que en garantizar su excelencia técnica.
Conclusión: ¿quién responde por la luz?
El apagón de 2025 no es solo un fallo técnico, sino un síntoma de problemas estructurales más profundos. Beatriz Corredor, con su sueldo de 546.000 euros y su falta de experiencia energética, personifica la politización de los nombramientos en empresas públicas. Sin embargo, culpar únicamente a Corredor sería simplista. La presencia de BlackRock como accionista de Redeia, junto al Gobierno, pone de manifiesto los riesgos de ceder influencia en infraestructuras críticas a actores privados cuya prioridad no siempre es el interés nacional. Mientras España se recupera de la oscuridad, urge una revisión de los criterios de gobernanza en Redeia y un debate sobre cómo proteger el sistema eléctrico de intereses que podrían anteponer el beneficio al bienestar colectivo. La luz debe volver, pero también la transparencia y la responsabilidad.