Javier de la Calle.
Las cadenas hoteleras riegan con millones a la prensa, dinero que por otro lado recibieron con bonificaciones por parte del Gobierno durante la pandemia. Con la caída del globalismo en Europa, España servirá de prueba para el control de los ciudadanos.
A partir del 2 de diciembre, las cadenas de hoteles, pisos de alquiler y coches de alquiler tendrán que comunicar al Ministerio del Interior nuevos datos, más allá del DNI. Entre estos se encuentra la forma de pago y el número de cuenta o tarjeta. Una medida que no se aplica en ningún otro país.
El Real Decreto también fija que el número de móvil o la dirección de correo electrónico deberán ser facilitados al Ministerio del Interior que dirige Grande Marlaska. La persecución política es evidente, cuando entre las actualizaciones también se incluye el registro del domicilio habitual del cliente.
Los males no acaban ahí. El Gobierno español ha sido hackeado varias veces en los últimos meses. Con tal información en su posesión, los ataques informáticos serán continuos y las bases de datos se venderán a precio de saldo en la red. Las filtraciones interesadas tendrán la excusa perfecta.