El Tribunal Supremo investiga las denuncias de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España, podría haber cometido un delito de prevaricación al utilizar supuestamente recursos públicos en su denuncia contra el juez Juan Carlos Peinado. El caso salió a la luz a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC).
Las acusaciones se derivan de una denuncia presentada por la AECC el 20 de mayo, acusando a Sánchez y a su esposa de varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento. Posteriormente, el 6 de agosto, la asociación que preside Manuel Romeral amplió la denuncia para incluir acusaciones de malversación contra el presidente por el supuesto uso de recursos públicos en su batalla legal contra el juez Peinado.
El Tribunal Supremo, en una reciente providencia, ha designado a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, como ponente designado para supervisar el caso. Cabe destacar que Marchena también ha sido encargado de examinar la posible responsabilidad de Félix Bolaños, ministro de Justicia, y Zaida Isabel Fernández Toro, abogada del Estado, por posibles cargos de conducta dolosa.