Enrique de Diego.
El 25 de mayo de 2.012, en la causa 369/2010 del Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid, el incisivo abogado Gustavo Galán Abad, defensor de Jesús Muñoz, guardaba un as en la manga cuando empezó a interrogar a la psicóloga María Covadonga Naredo, que actuaba como perito de Cruz Sánchez de Lara. Los informes periciales de Covadonga Naredo parecen calcados unos de otros, con conceptos similares y siempre concluyendo en shock postraumático. La peritación exige independencia. No puede realizarse si hay una relación profesional. No es ético y no es legal. Galán Abad, aposentado y con la seguridad de llevar el mejor juego, inquirió a Covadonga sobre sus relaciones con Cruz. La psicóloga describió una relación esporádica, en ningún caso estrecha, y mucho menos profesional, sólo habían coincidido en algunos procedimientos y se habían visto en los pasillos de los juzgados.
Entonces, sin efectismos, con el peso de la evidencia, mostró el reportaje del diario El País, de 30 de enero de 2.006, titulado «En primera línea contra el maltrato«, en el que se reproduce una fotografía con Cruz Sánchez de Lara sentada sobre la mesa de un despacho y Covadonga Naredo, a su vez, sentada en una silla, en un plano más bajo. El pie de foto las denomina «el equipo»: «Cruz Sánchez de Lara y Covadonga Naredo, abogada y psicóloga«. ¡El equipo! Covadonga Naredo mintió. En la Justicia norteamericana, a la que estamos tan acostumbrados por las películas, hubiera cometido perjurio: no habría dicho la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Habría mentido. Una mentira de la que participa Cruz Sánchez de Lara, que la presenta ante el Juez como una perito independiente.
He recopilado datos suficientes para aseverar que, en efecto, Cruz Sánchez de Lara y Covadonga Naredo siempre van juntas, que, en efecto, lo de «el equipo» no es una figura literaria, sino una realidad completa. Covadonga Naredo, ni ética ni legalmente puede hacer pericia para Cruz Sánchez de Lara, puesto que Covadonga Naredo es directora del departamento de violencia de género de la Federación de Mujeres Progresistas y Cruz Sánchez Lara es la directora jurídica de violencia de género de la citada Federación; es su subordinada. Cruz ha estado cobrando un sueldo, que sale, como veremos, en buena medida de fondos públicos, y también ha utilizado a la Federación de Mujeres Progresistas, un chiringuito socialista para captar subvenciones a propósito de la ideología de género, para desviar clientes hacia su despacho. Negocio redondo. Ya lo hemos visto con Beatriz Caniego: se entrevista con Cruz en la Federación y termina en el despacho Ex Aequo.
También hemos visto como Covadonga Naredo hace la pericia de Álvaro, cuando Cruz pretende llevar definitivamente a la cárcel a Juan Carlos Iglesias Toro, el padre del entonces menor. Y más aún, Covadonga Naredo aparece ya en 2.005 en el procedimiento que concluirá en la condena a un año de Iglesias Toro. Es un elemento de distorsión y mentira en el inicio de la épica de la «Amal Clooney española«. Induce a pensar lo obvio: que aquella denuncia extemporánea fue urdida en la Federación de Mujeres Progresistas, como una especie de credencial para Cruz.
Son más que un equipo, son una trama. Pedro J Ramírez tiene ahí mucha tela que cortar, mucha materia para investigar si pretende mantener un ápice de prestigio en su posición de periodista independiente, implacable con la corrupción. ¡Ánimo, Pedro J, caiga quien caiga! Hemos dado con un chiringuito socialista donde se falsean los procesos y desde el que se emiten pericias repetitivas más falsas que un Judas de plástico. Someto al juicio de Pedro J Ramírez si su actual esposa está implicada en lo que podría considerarse un caso de presunta corrupción. Puede empezar por preguntarle a ella mientras ambos leen El Español en la pantalla gigante que tienen delante de la cama.
Porque hay fondos públicos de por medio y muchos. En las subvenciones del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, publicadas en el BOE de 19 de enero de 2.006, la Federación de Mujeres Progresistas obtuvo 85.491 euros. En las publicadas al año siguiente, el 30 de noviembre de 2.007, por cuatro conceptos, Tic. Género y Violencia contra las mujeres, Conciliación e Igualdad, Fomento del movimiento asociativo e Integrar on line, la cantidad se eleva a 110.000 euros.
En las subvenciones publicadas del Instituto de la Mujer en el BOE de 15 de diciembre de 2.008, la Federación de Mujeres Progresistas se lleva 125.000 euros, incluyendo también el concepto de Promoción de la igualdad en las empresas. En las del 5 de enero de 2.010, la Federación de Mujeres Progresistas, que también presentan un programa de prevención de violencia de género en los centros educativos, aumenta la recepción de fondos públicos hasta 142.000. El total del montante del riego de dinero público a las asociaciones feministas es ese año de 3 millones de euros.
El año 2.011, la Federación de Mujeres Progresistas rompe la banca y se va hasta 458.805 euros, de los cuales 100.268 son para servicio de acogida de mujeres inmigrantes y sus familias.
¿Llega esa riada de dinero del contribuyente realmente a las víctimas o se queda en una élite que ha hecho de la ideología de género su negocio? Pedro J Ramírez y la redacción de El Español tienen ahí un amplio campo para la investigación. ¿Se controlan esos fondos? ¿Cuánto va a las necesidades reales, a las víctimas de verdad y la auténtica prevención, y cuánto se destina a los sueldos de las Covadonga Naredo y las Cruz Sánchez de Lara? ¿O vale el viejo refrán de que con el dinero de otros hacen fiesta los devotos?