Tras las nuevas represalias contra denunciantes de corrupción, la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial ha pedido a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que vengan a España a reunirse con los principales denunciantes de corrupción de la metamafia institucional.
El 9 de junio de 2022, la Alianza denunció en la Comisión Europea decenas de procedimientos penales de represalias contra denunciantes de corrupción. Entre estos denunciantes había directivos y abogados de asociaciones que denuncian a la metamafia, así como editores de medios y periodistas. También se denunciaba la falta de jueces imparciales, acreditada con varios procedimientos de abstención y de recusación de jueces.
El pasado mes de mayo, ha habido nuevas represalias penales contra Miguel Bernad de Manos Limpias, Javier Marzal de la Alianza y Alvise Pérez.
En este escenario de aumento del autoritarismo judicial que sólo es posible en un régimen totalitario, como el español, la Alianza ha solicitado que venga a España una Comisión del Parlamento Europeo o el Comisario de Justicia de la Comisión Europea, para reunirse con varios de estos principales denunciantes de la metamafia.
Se dice que en la reunión se les informará de la situación, se responderá a las preguntas de los funcionarios europeos y se les entregará documentación de los hechos denunciados.
Se argumenta la necesidad de la reunión por la grave situación por la que atraviesa la Unión Europea, tanto económica como de descrédito tras “los escándalos del Qatargate, de la Presidenta de la Comisión Europea, de los fondos Next Generation EU entregados a España, del fracaso de la Fiscalía Europea por corrupción, de la propuesta de directiva los delitos de corrupción y la publicación de Naciones Unidas sobre el gasto público”, concretamente la ONU ha publicado recientemente que el 25% del gasto público se lo lleva la corrupción.
En la denuncia se incluyen las normas europeas que prohíben la corrupción, así como los valores europeos de “respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos” y la obligación de sus organismos de ofrecer a “sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia” consagrados en los artículos 2 y 3,2 respectivamente, del Tratado de la Unión Europea que es la norma de mayor rango.
Se dice que estos valores y obligaciones institucionales no son compatibles con la realidad: 4,8% del PIB se lo lleva la corrupción en la Unión Europea y casi el 8% del PIB en España, haciendo crecido según dijo el Parlamento europeo en 2022.
La realidad española quedó relejada en el informe sobre el Estado de Derecho español en 2022 de la Alianza, que es el único informe que explica la forma en que la corrupción se lleva ya más del 8% del PIB. El resto de los informes, institucionales y del sector social, falsean la realidad porque son incompatibles con el referido volumen de la corrupción, según las propias instituciones.
Se concluye que España es un país único por la existencia de la acusación popular en causas penales y que ello, unido a la alta corrupción existente y al volumen de su economía, hace que sea crítica la lucha contra la corrupción de la metamafia institucional española para toda la Unión Europea.
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