Zachary Stieber.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha citado a varios altos cargos de la Administración Biden, entre ellos la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), por la coordinación de la administración con las grandes empresas tecnológicas para censurar a los usuarios.
El representante Jim Jordan (R-Ohio), presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, envió las citaciones el 28 de abril a la Dra. Rochelle Walensky, directora de los CDC, a Jen Easterly, directora de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés), y a James Rubin, funcionario del Global Engagement Center (GEC) del Departamento de Estado.
Los tres han respondido de forma inadecuada a las solicitudes de entrega de documentos, incluidas las comunicaciones entre sus respectivas entidades y las plataformas de redes sociales, dijo Jordan en las cartas que acompañan a las citaciones. El CISA y el GEC no han respondido en absoluto a las solicitudes, mientras que el CDC no ha proporcionado ninguno de los documentos solicitados, dijo.
“La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes que tenemos en este país”, declaró Jordan al Washington Examiner. “La colusión entre nuestro gobierno federal y las grandes empresas tecnológicas socava los principios de la Primera Enmienda y debe ser investigada”.
Los CDC y el GEC no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de CISA, dijo que el departamento “no censura el discurso y no pide que el contenido sea retirado por las empresas de redes sociales”.
“En lugar de trabajar con el Departamento, como numerosos comités han hecho este Congreso, el Comité Judicial de la Cámara ha escalado innecesariamente a una citación”, dijo el portavoz a The Epoch Times en un correo electrónico, y agregó que la agencia “continuará cooperando adecuadamente con las solicitudes de supervisión del Congreso, todo mientras trabaja fielmente para proteger a nuestra nación del terrorismo y la violencia dirigida, asegurar nuestras fronteras, responder a los desastres naturales, defenderse contra los ataques cibernéticos, y más”.
Colusión
Jordan está trabajando con el Subcomité Selecto del Comité sobre el Uso como Arma del Gobierno Federal para investigar cuestiones “relacionadas con la violación de las libertades civiles de los ciudadanos de Estados Unidos”.
Los documentos sacados a la luz por periodistas que tuvieron acceso a los archivos internos de Twitter y presentados en una demanda interpuesta por varios estados contra el gobierno federal han demostrado que los funcionarios estaban regularmente en contacto con Twitter y otras grandes empresas tecnológicas sobre presunta información errónea y desinformación, incluso haciendo peticiones para tomar medidas enérgicas contra usuarios específicos.
Los CDC, por ejemplo, enviaron mensajes específicos a Twitter y Facebook, al mismo tiempo que resolvían reclamaciones sobre el COVID-19. Al hacerlo, los CDC ofrecieron información falsa sobre la eficacia de la vacuna.
Por su parte, Brian Scully, funcionario del CISA, afirmó en un interrogatorio que los funcionarios enviaban a las grandes empresas tecnológicas los posteos relativos a las redes sociales, suponiendo que las empresas aplicarían sus políticas de moderación y podrían tomar medidas.
Y Daniel Kimmage, funcionario del GEC, declaró bajo juramento que su equipo se reunía periódicamente con las grandes empresas tecnológicas y les facilitaba información. Según Kimmage, el equipo se centraba en la desinformación extranjera, aunque reconoció que en una ocasión el GEC expresó su preocupación por un canal de YouTube dirigido por estadounidenses.
“Alegaciones plausibles”
El gobierno de Biden ha mantenido que sus comunicaciones con las empresas de redes sociales no fueron coercitivas. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Terry Doughty, nominado por Trump, dijo recientemente que no le convencían los argumentos del gobierno al rechazar su moción para desestimar la demanda.
“Los demandantes han alegado de forma clara y plausible que los demandados incurrieron en discriminación de puntos de vista y restricciones previas”, escribió el juez.
Los estados que presentaron la demanda solicitan una orden judicial preliminar que prohíba a los funcionarios del gobierno “tomar cualquier medida para exigir, instar, alentar, presionar o inducir de cualquier otra forma a cualquier empresa de redes sociales o plataforma de expresión online, o a cualquier empleado, funcionario o agente de cualquier empresa o plataforma, a censurar, suprimir, eliminar, bloquear de la plataforma, suspender, baneo en la sombra, restringir el acceso a contenidos o tomar cualquier otra medida adversa contra cualquier orador, contenido o punto de vista expresado en las redes sociales”.
La audiencia sobre la moción está prevista para el 12 de mayo.