Según publica El Confidencial Digital: Militares y guardias civiles han presentado este miércoles ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Defensa por obligarles a ponerse la vacuna contra el coronavirus en los centros de formación. Esta exigencia se encuentra entre las páginas del documento de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, (DIGEREM) que se publicó el pasado 21 de julio para el curso académico 2022-2023.
Este recurso ha sido presentado por el equipo jurídico de la Asociación Liberum, el cual ha contado con la ayuda de la Asociación TERVIES, que se ha encargado de apoyar a los diez militares y guardias civiles que querían denunciar la situación que estaba ocurriendo en las Fuerzas Armadas. Entre los denunciantes, se encuentran tenientes del Ejército de Tierra, soldados, cabos 1º de la Guardia Civil y un sargento de la Guardia Civil.
En concreto, según el recurso al que ha tenido acceso Confidencial Digital, se impugnan los apartados del documento de la directiva de DIGEREM en los que se habla de la vacunación contra el coronavirus.
En el escrito se explica que se está obligando a inyectarse la vacuna a militares y guardias civiles en acuartelamientos, escuelas, centros de perfeccionamiento y misiones, algo que, según la Asociación Liberum, es “una gravísima vulneración de los derechos fundamentales y constitucionales”. Por lo que el objetivo de este recurso es que el TSJM anule la norma.
En el documento de la directiva del DIGEREM, consultado por ECD, se expone que, al inicio del curso escolar 2022-2023, “todo el personal del centro (profesorado, alumnado y personal de la administración y servicios) deberá estar vacunado con la pauta completa”, dejando constancia de su estado de inmunización en el momento de ingreso a los centros de formación.
A esto añade el documento que “los aspirantes de nuevo ingreso que no hayan sido vacunados anteriormente recibirán las dosis a través de la cadena logística sanitaria respectiva”.
Además, para verificar su situación de inmunidad, el documento de la directiva del DIGEREM manifiesta que los aspirantes tienen que presentar el certificado de vacunación covid ante los servicios sanitarios del centro.
Pero aquellos que se niegan a recibir la vacuna, tienen que firmar un documento en el que se les informa de las consecuencias a las que se van a enfrentar por no inocularse, estipulado en la ITS 02/2021, de 5 de febrero, de la Inspección General de Sanidad sobre “Vacunaciones en las Fuerzas Armadas”.
Según este documento, consultado por ECD, algunas de las consecuencias son, por ejemplo, no participar en clases, prácticas, actividades de educación física, de Instrucción y Adiestramiento. El motivo que ofrecen es que están en contacto con otras personas y consideran que eso puede suponer un riesgo para la salud.
Pero, a su vez, si no asisten a dichas clases, no podrán ser evaluados y, por consiguiente, deberán repetir curso o, incluso, darse de baja como alumno del Centro Docente Militar por no superar el Plan de Estudios. Esta Instrucción, según el recurso contencioso-administrativo, “es inconstitucional”.