El viernes se llevó a cabo una audiencia pública en Ecuador contra el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional de Ecuador, quienes según los demandantes, negaron información pública a la gente, incluido el contenido de las inyecciones de COVID-19 y los contratos firmados para comprar los experimentos.
Esta tuvo lugar en el Complejo Judicial de la Parroquia Quitumbe, al sur de la Ciudad de Quito en la Unidad Judicial de la Familia Niñez y Adolescencia, luego de cuatro meses de postergaciones por parte del Ministerio de Salud.
La demanda fue presentada por un grupo de ciudadanos ecuatorianos, representantes de varias organizaciones sociales, entre ellas la Comisión Ciudadana por la Verdad (CCV) y la Organización Ecuatoriana de Derechos Humanos (ODEH) – representados por el abogado William Sánchez – debido a la cantidad de niños, jóvenes y adultos que han sido afectados, en muchos casos han muerto, después de haber sido inyectados con estas sustancias.
La Constitución del Ecuador declara tácita y detalladamente en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional cual es el concepto de “Información Pública”, otorgando a los ciudadanos el derecho de requerirla de las Entidades Públicas quienes, a su vez, tienen la obligación de entregarla.
El Ministerio de Salud, apoyado por funcionarios no electos, se negó a entregar esta información justificando que habían firmado “cláusulas de confidencialidad”. Los demandantes afirman que esta acción fue ilegal e inconstitucional.
El Abogado William Sánchez explicó: “Los acuerdos entre el Estado y un privado jamás estarán por encima del contrato social que es nuestra Constitución.
“No habrá ningún juez, con la ética más elemental, que pueda negarnos la entrega de la información solicitada, pues sería una violación a nuestros derechos constitucionales digna de la condena general del pueblo ecuatoriano”
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