Luis Bru.
Escándalo mayúsculo, que ya afecta políticamente a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz y que corre el peligro de que su proyecto político, Sumar, embarranque por su mirar para otro lado en la trata esclavista de las temporeras de Huelva.
El conflicto se arrastra desde 2018, cuando una trama corrupta que implica a jueces, fiscales, guardias civiles trata de silenciar y echar tierra sobre un proceso judicial planteado por diez temporeras, en representación de cientos de ellas, defendidas por AUSAJ, y dejadas por el sindicato SAT.. Y ante el que la Inspección de Trabajo se ha lavado sorprendentemente las manos. Todo está muy bien documentado en la web https://puntocritico.com/ausajpuntocritico/
La Inspección que depende de Yolanda Díaz y que debe ser, este fragante caso de esclavismo, en el que no están ausentes la prostitución y los abusos sexuales, una de esas cosas “chulísimas” de las que se ufana Yolanda Díaz que hace el Gobierno.
Todo empieza cuando dos abogados acuden a una llamada de socorro sanitario de dos temporeras y entonces descubren una auténtica “jaula” donde se hacinan cientos de mujeres marroquíes y que se arremolinan ante ellos gritando y suplicando socorro y ayuda en su lengua árabe. Empieza entonces una historia kafkiana que ha de remover los instintos básicos humanitarios. Y, sin embargo, las instituciones amparan la situación o se inhiben no investigando, con atestados policiales delirantes: juzgados de La Palma de la Concepción haciendo el don Tancredo y lo que es más sangrante, la Inspección de Trabajo de Huelva.
De fondo está la codicia, de un producto que mueve 320 millones. Las temporeras eran, y son, elegidas en un contingente buscando un perfil vulnerable, con hijos, con hambre, analfabetas, rurales, a las que el Fondo Social Europeo da subvenciones, que se quedan los tratantes de esclavas. Un negocio sobre la auténtica esclavitud que clama al Cielo y la Unión Europea, cuyo estipendio alimenta a la organización criminal.
Cuando llegan son sometidas a condiciones infrahumanas, tratadas como auténticos animales, no se le paga ningún salario, como ha comprobado Rambla Libre, y si son violadas u objeto de acoso sexual se encuentran con la “revictimización”, pues pasan en Marruecos a ser las culpables y a perder la custodia de sus hijos.
Ante esto, diez temporeras, armándose de valor, deciden denunciar, en medio de brutales presiones, la situación en la Inspección de Trabajo, quien constata que:
- a) no tienen copia del contrato de trabajo
- b) no se les ha pagado
- c) no viven en condiciones dignas (se les cobra por vivir en un contenedor con goteras)
- d) se han modificado todas las condiciones que se les dijo en origen
- e) han recibido insultos y sufrido abusos
- f) se ha intentado impedir que denunciaran
- g) se les ha hecho firmar papeles que no saben lo que firmaban (sin nadie que les informase)
- h) se les hacía coger peso de más. Lesionadas sin recibir asistencia médica”.
Y ante la extraordinaria gravedad de estos hechos, de esta situación de auténtico esclavismo. ¿qué hace la Inspección de Trabajo? Nada y menos que nada. No abre expediente, por lo menos, por el grave fraude a la Seguridad Social. En todo el sector, sólo 243 tenían contratos en regla, una ínfima cantidad sobre un total de 14.411 temporeras esclavas, a las que ni se paga, pero los empresarios, tratantes de esclavas, más bien, sí se embolsan las subvenciones del Fondo Social Europeo, defraudando a la Unión Europea.
La Inspección de Trabajo no exige responsabilidad por no tener copia del contrato de trabajo y por no acreditar el pago de las nóminas, que realmente, aunque parezca mentira en una sociedad que presume de avanzada, no se pagaban.
Ciertamente, Yolanda Díaz no tenía en ese momento responsabilidades políticas, pero ahora sí, y ampara con su silencio cómplice las cosas “chulísimas” que suceden en Huelva. Cada día que pasa, el desprestigio de Yolanda Díaz crece con este caso, porque las expectativas del cambio en unas mujeres, que cualquier feminista se le han de abrir las carnes, han sido frustradas.
Según declara la abogada Pastori Filigrana, a El Salto el 29 de mayo de 2020, “la gente tiene mucho miedo, las temporeras y temporeros dicen que la Inspección de Trabajo no ha aparecido por allí y se han dado situaciones de pánico. Nos han mandado muchos vídeos de situaciones de hacinamiento donde era imposible cumplir las medidas. Las protestas han sido castigadas y ha habido despidos y sanciones”.
“Lo que ha anunciado el Gobierno ahora es una campaña específica concreta de inspecciones de trabajo para el campo, sobre todo para el tema de los escándalos de las temporeras que ya están apareciendo. No sabemos si lo van a materializar o no, lo que te puedo decir es que, a día de hoy, yo me harto de poner denuncias a la Inspección, y ahí tengo las respuestas: lo único que hacen es contactar telefónicamente con las empresas para que les manden los programas de prevención. Nadie está asomándose”.
Puestos al habla con la Inspección de Trabajo de Huelva no se nos ha querido facilitar información.