El 11 de noviembre de 2022, la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial denunció a los gobiernos de Sánchez (2018-2022) por perjudicar a los españoles y a los intereses financieros de la Unión Europea y de todos sus países miembro.
La denuncia se remitió por correo electrónico simultáneamente al Tribunal Supremo y a la Comisión Europea, con copia visible a varios diputados y senadores españoles. Además, se envió la denuncia a miembros de varias comisiones económicas del Parlamento Europeo.
En la denuncia también se incluyen falsedades en los documentos oficiales remitidos al Parlamento español y a la Unión Europea.
En el hecho cuarto de la denuncia se dice:
Más ilegal aún es que presentara un Plan Presupuestario 2020 del Reino de España el día 15-10-2019 a la Comisión Europea, sin aprobación del Parlamento. En la Introducción de este Plan se falsea la situación diciendo: “La elaboración del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España se encuentra marcada por la situación actual del Gobierno en funciones”. El Gobierno no está en funciones porque no se cumple ninguno de los cinco supuestos establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Continuando con la falsedad en el mismo primer párrafo del Plan se dice otra falsedad: “Por tanto, el Gobierno en funciones no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo año”. En el segundo párrafo se dice: “Así, el enfoque que se ha seguido en la elaboración y remisión del Plan Presupuestario para 2020 consiste en un escenario fiscal inercial”. De esa forma, el Gobierno incumplía la ley y el control parlamentario mediante los PGE de 2017 que fueron los últimos aprobados por el Parlamento y ya anticipaba que volvería a incumplirlos, como hizo en 2018 y en 2019, con la intención que se describe en las conclusiones de esta denuncia. En el Plan se dice respecto de 2019 lo siguiente: “Así, para este año el Gobierno mantiene su previsión de déficit en el 2% del PIB, tal y como ya se notificó en el Programa de Estabilidad”, mientras FUNCAS preveía un 2,3% y el Banco de España en junio refería un 2,4% del PIB, pero el Gobierno superó todas las previsiones y lo llevó al 3,08%, incumpliendo su compromiso con la Unión Europea y con el PEC de la Unión (3%). Supone una falsedad radical que el Gobierno se comprometiera a tener un déficit de un 2% el 15 de octubre y que al final del año fuera de un 3,08%. Es evidente que con esta grave falsedad se estaba engañando intencionamente a la Unión para que aprobara el Plan Presupuestario para 2020 que, además, era inconstitucional. El panel de previsiones anuales de FUNCAS se hace desde 1999 y es una encuesta entre los 19 principales servicios españoles de análisis económicos.
Siguiendo en el mismo apartado se dice:
En la página web de La Moncloa, aparece que el 27 de diciembre de 2019 (domingo), en el Consejo de Ministros acuerda que “se prorrogan para el próximo año en los mismos términos que figuraban en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018”, añadiendo que: “La medida cumple con el artículo 134 de la Constitución Española, en el que se recoge que si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogadas las cuentas públicas del ejercicio anterior”. El Gobierno falsea el referido artículo de la Constitución, puesto que el artículo 134.5 tiene la siguiente redacción: “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”; por tanto, se prorrogan no las cuentas ilegales de 2018 ni el Acuerdo de Consejo de Ministros que fue rechazado por el Parlamento, sino los PGE de 2018 que, por no ser aprobados, eran los de 2017.
En el hecho noveno se refiere otra falsedad:
Con la Reforma Laboral de 2021, en abril de 2022 entró en vigor que los trabajadores con contratos fijos discontinuos no se contabilizan en las cifras del desempleo; sin embargo, si pueden estar apuntadas en el desempleo. Para realizar la distinción, el Gobierno ha hecho que se añada una casilla en los formularios del SEPE que señala esta modalidad y excluye las demás.
Entre enero y octubre de 2022 se han contratado 1,93 fijos discontinuos, frente a los 212.000 en el mismo período de 2021.
En octubre de 2022 sumaban 1,93 millones. Las personas que tienen este tipo de contrato no figuran en el número de desempleados que proporciona el Ministerio de Trabajo. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPI), adscrito al Ministerio de Trabajo ha habilitado una nueva casilla en los desempleados para que indiquen que tienen este nuevo tipo de contrato.
Obviamente si estos contratados figuran en el SEPI, constituye una falsedad su exclusión del número oficial de desempleados, con la inención de engañar a la Unión Europea y a los electores de 2023.
Con este Gobierno, España lideró el ránking de desempleo juvenil de la Unión Europea.
El Gobierno ha utilizado esta falsificación de los datos para afirmar que el empleo crecía, siendo falso. Entre otras falsedades, en octubre de 2022 el Gobierno anunció que el desempleo descendió en 27.000 personas.
También se denuncian las falsedades de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 que han sido aprobados en el día de hoy.
Los denunciantes informan a los españoles que lo único que puede protegerles de un régimen totalitario, corrupto y decadente es el riguroso cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades públicas, especialmente los parlamentarios, el Gobierno y los jueces.