Javier Marzal. Presidente de la International Association to Change the World
El 19 de junio de 2017, el diario The New York Times publicaba que periodistas, activistas y militantes anti-corrupción fueron espiados por el Gobierno de Méjico, utilizando el software Pegasus de la empresa NSO Group de Israel.
Nueve periodistas y militantes políticos ofrecieron una rueda de prensa donde denunciaron que el Gobierno había accedido ilegalmente a sus conversaciones privadas.
El software Pegasus sólo se vende a ejércitos, servicios de inteligencia y agencias policiales, para que puedan vigilar a terroristas y a delincuentes. El Ministerio de Defensa de Israel aprueba cada venta de este software, que sólo puede utilizarse para investigaciones penales y de seguridad nacional.
El 19 de julio de 2021, se hizo pública una investigación auspiciada por las organizaciones privadas no lucrativas Forbidden Stories y Amnistía Internacional, con la participación de 17 diarios internacionales.
10 gobiernos, utilizando este software Pegasus, han espiado los teléfonos móviles a más de 50.000 delincuentes, terroristas, políticos, 180 periodistas en 20 países, activistas y abogados, en 45 países. Algunos de estos espiados fueron asesinados y represaliados. Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, Marruecos, Méjico y Ruanda son los Estados espías.
En este contexto, el mismo día (19 de julio de 2021), la ONU publica una noticia con el titular: “Los gobiernos deben cesar de inmediato el uso de tecnologías de vigilancia que violen los derechos humanos”.
En el párrafo inicial y destacado se dice: “El uso del software Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos entre otras figuras públicas es sumamente preocupante, dice la Alta Comisionada de la ONU, y urge a regular la venta, transferencia y utilización de esas tecnologías”, para añadir: “existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia”.
“La utilización de software de vigilancia se ha asociado con arrestos, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos” y “los informes de vigilancia también hacen que las personas se autocensuren por miedo”.
En el artículo se cita el software Pegasus y el Candiru, informando de que existen otros. Candiru lo fabrica una empresa con el mismo nombre que también es de Israel y sólo vende a gobiernos.
La ONU “enfatizó que las empresas que desarrollan y distribuyen esas tecnologías son responsables de evitar daños a los derechos humanos por medio de salvaguardas que mitiguen y remedien los daños que sus productos están causando”.
Es evidente que los únicos responsables del espionaje son los capos de las metamafias institucionales que vulneran las condiciones de uso para aumentar su control sobre la población. El espionaje ilegal es otra consecuencia del mayor negocio del mundo: la corrupción, que supuso en 2018 un 5% del PIB mundial según la propia ONU, y según la Unión Europea un 4,8% del PIB en la UE y un 8% en España.
A pesar de la gran aportación de este software para hacer un mundo mejor, la ONU y los medios de información institucionalizados culpan al fabricante por el uso ilegal que hace la metamafia institucional, demostrando una vez más que sólo defienden a la metamafia institucional para conseguir beneficios o para no enfrentarse con ella.
La ONU defiende los intereses corruptos de la metamafia porque es quien la ha creado y quien financia su actividad, pero olvida que ese dinero ha sido previamente confiscado a la población y no es de la metamafia.
Vivimos en un mundo neocomunista y el neocomunismo del macro-Estado nos ha llevado a la decadencia, destruyendo toda la sociedad.
La solución pasa por una Era #PostDemocracia.