Redacción.
El grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo especial ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra la Orden del Gobierno autonómico, de 3 de junio, por la que se declara el nivel 2 de alerta sanitaria ante la COVID-19 y se modulan las medidas aplicables en las tres provincias aragonesas.
Lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz de VOX en las Cortes, Santiago Morón, quien ha señalado que con el recurso pretenden proteger el derecho de “reunión pacífica y sin armas”, recogido en el artículo 21 de la Constitución. “A pesar de afectar a derechos fundamentales, la orden aprobada por el Gobierno de Aragón no ha cumplido la jurisdicción contencioso-administrativa, ya que no ha sido sometida a autorización judicial”, ha dicho Morón, añadiendo que “mediante el recurso, VOX en Aragón impugna la resolución recurrida en cuanto a la medida relativa a la permanencia de grupos de personas en espacios privados y públicos, una medida que supone una efectiva limitación de los derechos fundamentales del artículo 21, 10.1 y 17 de la Constitución”. En su opinión, “el Gobierno de Aragón carece de competencia para decretar una medida consistente en la limitación del derecho de reunión, al carecer de la delegación por parte del Estado por medio del estado de alarma”.
“Del mismo modo, nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado, si no constan con autorización o ratificación judicial”, ha agregado.
INDULTOS
El portavoz del grupo parlamentario de VOX también se ha referido a los indultos a los políticos independentistas presos por la causa del ‘procès’, un asunto del que se hablará en el próximo Pleno parlamentario. Para Morón, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez “está consiguiendo es una confrontación de los españoles y no la concordia, como él dice pretender”. “En su afán de mantenerse en La Moncloa a toda costa, no ha tenido reparos en entregarse en brazos del separatismo y comunismo, y poner en juego la propia unidad de España y nuestro Estado de Derecho y de libertades”, ha manifestado Morón. “Estamos convencidos de que este nuevo golpe contra la democracia lo parará la sociedad civil, no los partidos políticos, como ya ocurrió en 2017, pero no por eso vamos a eludir nuestra responsabilidad”. “En VOX no vamos a dar nuestro brazo a torcer”, ha advertido Santiago Morón, quien ha aseverado: “Si el indulto sigue adelante, daremos la batalla política en la calle, en todos los parlamentos donde VOX tiene representación y en los tribunales, porque nos jugamos mucho”, ya que “está en jaque el orden constitucional y la convivencia pacífica entre españoles”.
ANCIANOS
Santiago Morón ha avanzado también la iniciativa que defenderá su grupo en el Pleno de las Cortes y que guarda relación con el maltrato a las personas mayores. “El maltrato a las personas mayores se ha convertido en una realidad, muy difícil de cuantificar, ya que en muchas ocasiones se oculta por los lazos familiares que unen al maltratado con el maltratador”, ha manifestado Morón. El grupo parlamentario de VOX en las Cortes de Aragón propondrá que se requiera a los centros hospitalarios de Aragón tanto públicos
como privados la elaboración de un protocolo de detección y actuación frente al maltrato en el anciano y que, tras la experiencia, se elaboren protocolos adaptados al resto de centros sanitarios y socio sanitarios de la Comunidad de Aragón.
Finalmente, Santiago Morón ha realizado una valoración de la actuación del grupo en el actual periodo de sesiones, próximo a su finalización. “Quiero expresar nuestra satisfacción por el trabajo realizado en estos últimos meses, por las iniciativas que hemos podido sacar adelante, algunas de contenido muy técnico y otras más ideológicas y también por las que no”. Morón ha expresado que el grupo “seguirá trabajando para mejorar la vida y los intereses de los aragoneses, que en la mayor parte de los casos no son
ajenos a los intereses del resto de los españoles, por más que las comunidades autónomas quieran establecer diferencias y fronteras artificiales entre las regiones de España”.