Javier Marzal. Presidente de ANVIPED.
El 28 de abril de 2020, 52 Diputados del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, presentaron recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, contra otros cuatro RD de marzo y abril de 2020 (RD 465/2020, RD 476/2020, RD 487/2020 y RD 492/2020) y contra la Orden del Ministerio de Sanidad SND/298/2020, de 29 de marzo.
La cuestión principal planteada era la supresión de derechos fundamentales sin la aprobación del Congreso, lo que constituye un delito de usurpación de atribuciones.
En el Recurso de Vox se recuerda al Tribunal Constitucional su propia jurisprudencia: “imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas… que resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales” (STC 76/1988, de 26 de abril)”. Parece que Vox sabia que el Tribunal Constitucional iba a retrasar su decisión hasta que finalizara el Estado de alarma, como así ha sucedido.
Carmen Calvo Poyato, la firmante
Se echa en falta que en este recurso no se cite ni se impugne que fue Carmen Calvo Poyato, como Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidenta, la individua que firmó ilegalmente los cinco reales decretos. De esta forma se dejaba en evidencia que Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, sabía que estaban dando un Golpe de Estado jurídico y se estaba destruyendo la economía más allá de lo justificable, suponiendo que hubiera alguna justificación para limitar la libertad de empresa y el derecho al trabajo, como se recurre en el recurso de Vox.
Pedro Sánchez firmó el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, es decir, dos días antes del Golpe de Estado jurídico, como lo calificó el jurista Ramiro Grau, con gran acierto. También firmo el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, y todos los anteriores al decreto del Estado de alarma.
Cabe reprochar el tratamiento sobre este recurso y su tramitación en el Tribunal Constitucional que ha hecho el diario El País. El día 7 de junio de 2021, publicó una noticia con el titular: “El Constitucional estudia avalar el decreto de alarma” contra el recurso que “presentó la formación de extrema derecha Vox”. El titular no correspondía con la noticia. En el propio artículo se refería a un borrador del Ponente, en los siguientes términos: el texto “daba un aval amplio al decreto del Gobierno y a su aplicación”, pero se decía que este borrador dejaba de tener sentido en el momento en que Fernando Valdés, magistrado Ponente, renunció porque “se le abrió una causa penal por presunto maltrato a su mujer”.
La radicalización de El País, afín a la línea totalitaria de la actual izquierda, se deja en evidencia cuando califica de “extrema derecha” a Vox, refiriéndose a un recurso que representa a todos los españoles, por haber exigido que el Gobierno cumpla la Constitución, porque ésta es la única que puede protegernos de La Casta, de La Nueva Casta y, en general, de las autoridades públicas que se beneficiaron de que la corrupción nos robara casi el 8% del PIB en 2018, según la Unión Europea.
Tres días después, El País publica un artículo con el titular: “El ponente del Constitucional cuestiona que se suspendieran derechos con el estado de alarma y no con el de excepción”. Resulta descarado que en la primera noticia se refiriera al Constitucional y en la segunda al Ponente. La noticia tiene como segundo titular el siguiente: “Un sector del tribunal rebate esta tesis con el argumento de que durante el confinamiento no se suspendieron derechos, sino que solo se limitaron”. Resulta peligroso que en el Tribunal Constitucional haya magistrados totalitarios, como éstos, y como el presuntamente maltratador Ponente, todos ellos nombrados por el PSOE.
El recurso está en el Pleno del Constitucional, es decir, que van a votar y pronunciarse todos ellos. Lo más habitual es que se apruebe el texto del Ponente con ligeras modificaciones y, según parece, con votos en contra.
Cabe reprochar que el Tribunal Constitucional haya permitido el Golpe de Estado jurídico, demorando su pronunciamiento. En el borrador se dice que el Constitucional, haciendo gala de su falta de profesionalidad y de su prepotencia, va a excederse en su resolución afirmando que las medidas del Gobierno fueron correctas, como si supieran de lo hablan. Igualmente, es reprochable que incumpla la legalidad filtrando el borrador a sus medios preferidos o a los que han pagado por obtenerlo.
En definitiva, parece que este mes tendremos una sentencia que va a estimar el recurso de Vox, de forma parcial o en toda su extensión, acordando que el decretazo del Estado de alarma, ha sido inconstitucional, facilitando una condena penal contra el Gobierno por golpista.
El Gobierno ha sentado un terrible precedente con el Golpe de Estado, donde se otorgaba poderes totalitarios y el pronunciamiento tardío del Tribunal Constitucional, no parece que vaya a servir para que otro Gobierno de izquierdas -o de presidentes como Rajoy- vuelva a hacer lo mismo.