Javier Marzal. Presidente de ANVIPED.
Numerosos juristas criticaron la declaración del estado de alarma hace más de un año, por limitar derechos fundamentales, a pesar de estar prohibido por la Constitución y por la Ley que desarrolla los estados excepcionales, como el de alerta. El propio Tribunal Constitucional ha dejado claro que fue ilegal, porque todavía no ha resuelto los numerosos recursos contra el Decretazo. El jurista y articulista Ramiro Grau, con gran perspicacia, lo calificó como “golpe de Estado jurídico”.
El estado de alarma está prorrogado “hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 en virtud del Real Decreto 956/2020”.
El 14 de marzo de 2020 cuando se decretó el estado de alarma y en el informe de ese día del Gobierno, se dice que en España había 1.519 casos nuevos y 136 fallecidos en total. El 4 mayo de 2021, cuando se decreta el fin del estado de alarma, el Gobierno informa que en España había 5.753 casos nuevos y 210 fallecidos en los últimos siete días, es decir, en un día había casi cuatro veces más de infectados y en la última semana habían fallecido un 54% más personas que en el día del Decretazo. Por tanto, la situación actual es mucho más grave y más difícil de controlar, por lo que el cambio de criterio del Gobierno no obedece a razones sanitarias, sino a intereses de otro tipo que conviene analizar.
A la vista de la información ampliamente publicada y denunciada penalmente, el Gobierno decretó el estado de alarma, asumiendo funciones reservadas al Congreso por varios motivos: 1) Implantar un régimen totalitario (aunque sólo sea de forma transitoria, pero sentando un precedente); 2) Enriquecerse con millones de euros de comisiones en las compras de material sanitario; 3) Empobrecer a toda la población (España ha tenido la mayor caída del PIB de toda la OCDE y es imposible que este descalabro haya sido causado de forma involuntaria); 4) Gestionar una cantidad de fondos públicos -mediante endeudamiento- sin precedentes, para realizar el mayor neointervencionismo de la historia de España, aumentando la corrupción (8% del PIB en 2018, según la UE) y disminuyendo la productividad; 5) Aumentar el clientelismo político, es decir, el número de personas que se benefician del dinero público, incluso llegando a depender de él.
¿Por qué no se decreta otra prórroga?
Para tratar de obligar a las Comunidades Autónomas a actuar de la misma forma totalitaria y poder defenderse por el Decretazo de sus adversarios políticos y ante la Unión Europea.
El Gobierno miente cuando afirma que la Ley General de Salud Pública de 2011 y la Ley General de Sanidad de 1986, proporciona herramientas jurídicas suficientes para suprimir los derechos fundamentales. Esperemos que los políticos de las CC.AA., no sean tan insensatos de eliminar por completo el Estado de Derecho y, si fuera necesario, pidan al Gobierno que vuelva a decretar el estado de alarma.
El cambio de escenario se establece en el “Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2”.
Con este RDl no sólo se elimina el marco jurídico para suprimir los derechos fundamentales, sino que, además, se deja el asunto en manos los gobernantes autonómicos y se cambia las reglas para obligar a que el poder judicial decida sobre las medidas de los políticos autonómicos.
En definitiva, el Gobierno ha puesto una trampa a los adversarios políticos y al poder judicial. Lo que hagan los jueces puede influir en las resoluciones pendientes del Tribunal Constitucional y de la Unión Europea, si se encuentran que el Estado de Derecho español es totalitario.
Numerosos juristas han criticado este último RDl del Gobierno. El propio Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, magistrado César Tolosa, este miércoles realizó una dura entrevista en la Agencia Efe, criticando un «déficit importante» en la legislación sanitaria de urgencia, afirmando que los jueces dictaminen si las medidas son adecuadas «no es el mejor sistema» porque «los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos».
La libertad, la salud y el Estado de Derecho están siendo destruidos por este Gobierno golpista y totalitario. Los gobernantes autonómicos y los jueces tienen la palabra y tendrán que responder si España tiene ya un régimen neocomunista.