Javier Marzal. Presidente de ANVIPED.
Este magistrado denunció a un periodista de Rambla Libre y al mismo medio, ante la Fiscalía de Área de Elche (Alicante), porque “El artículo periodístico resulta ofensivo hacia mi persona en el ejercicio de la función jurisdiccional así como perturbador a la independencia judicial”, sin decir cuál o cuales eran las palabras o expresiones injuriosas.
Fundamentaba la denuncia en que “Ante los cada vez más reiterados ataques y descalificaciones que se vierten en los medios respecto de las actuaciones judiciales”, es decir, haciendo una causa general pidiendo que los fiscales y jueces intervinientes abusaran de su poder para intimidar a los medios y a los periodistas.
En la noticia se decía: “después de un rollo de apariencia jurídica, entra en estrictos juicios de valor personal, cambiando el derecho por falsas cuestiones morales, de resentimiento social, sin tener en cuenta el valor en el mercado de la finca expropiada”. En la resolución, el juez dice: “tener que ponderar la perturbación de los intereses generales por el abono de una suma de una cuantía tan elevada”, “Sorprende dicho argumento cuando las partes han percibido el importe nada despreciable de XXX € en concepto de justiprecio expropiatorio”. Finalmente, el juez da la razón a las demandantes porque, además de expropiar, habían pagado una cuarta parte menos, como se decía en la demanda.
Los jueces tienen prohibido faltar al respeto a los justiciables, pero tampoco cumplen esta norma y se burlan de forma habitual.
Es probable que este juez ni siquiera sabe que está cometiendo un acto antijuridico, ilegal, tomando represalias contra un denunciante de corrupción.
Lo mismo cabe decir de José Antonio Artieda Gracia, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Elche, que ordenó que se iniciaran Diligencias de Investigación penal, mediante Decreto del 28 de julio de 2020. El 11 de agosto, este mismo fiscal remite la denuncia al Juzgado Decano, firmando como fiscal no como jefe, sabiendo que es ilegal, puesto que solo cabía en derecho, interponer querella o archivar la ilegal denuncia.
Siguiendo con las irregularidades, la denuncia se reparte al Juzgado de Instrucción nº4 de Elche, donde la jueza Iris Valero Paredes, inicia el procedimiento penal, en las Diligencias Previas 1129/2020-9 por un delito de injuria, sin que nadie haya dicho cuáles son las expresiones presuntamente injuriosas ni haya interpuesto una querella, incumpliendo el artículo 215 del Código Penal, así como la prohibición europea y de Naciones Unidas sobre las represalias contra denunciantes de corrupción (abuso de poder). Resulta inaudito que la propia juez imputara responsabilidades civiles a Rambla Libre, sin que ninguna parte lo haya solicitado, es decir, pretende que el juez se lucre con su denuncia.
La propia jueza rechaza la recusación mediante Auto y la Audiencia Provincial de Alicante debería haberla resuelto el 21 de enero de 2021, pero más de dos meses después no se ha comunicado la resolución y la jueza sigue tramitando el procedimiento, cuando debería haberse apartado hasta que se resuelva su recusación, según el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Se recurrió el Auto de inicio del procedimiento penal (incoación), pero la jueza entiende que ella no tiene que cumplir la ley y menos cuando se trata de un asunto de corrupción institucional, administrativa y judicial: Ayuntamiento corrupto y juez corrupto que afirma que los Consistorios defienden el interés general, aunque no cumplan la ley, mientras que los demandantes particulares defienden sus propios intereses. Así tergiversa la realidad, que consiste en que las autoridades municipales pagan menos de lo que deben, para tener más dinero que malversar (interés privado), mientras los demandantes defienden el interés general (que las autoridades municipales roben menos dinero público y que cumplan la ley), además de defender sus propios intereses particulares.
Como parte de la decadencia, es habitual que los jueces de lo contencioso, formen parte de la corrupción: la corrupción española se llevó casi un 8% del PIB en 2018, según la Unión Europea, y esto no es defender el interés general, por mucho que lo digan todos los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El juez estimó la demanda contra el Ayuntamiento corrupto y Rambla Libre le felicitó por ello. Informada la jueza, ésta preguntó al juez denunciante si quería archivar la causa y éste dijo que se continuara. El denunciante no se ha personado por lo que tanto la consulta como la respuesta son ilegales.
El juez tiene la desfachatez de decir en el inicio de su respuesta escrita: “Yo, D. Augusto González Alonso, en mi calidad de Magistrado Titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche”. Obviamente no se le consultaba como juez, sino como perjudicado por inexistentes injurias.
La alianza DENUNCIANTES DEL AUTORITARISMO JUDICIAL, denunció ante la Fiscalía General del Estado y, después, ante la ONU a 68 totalitarios fiscales y jueces que tomaron represalias contra denunciantes de corrupción que, además, son contrapoderes (abogados, asociaciones, periodistas y medios) y ampliará su denuncia, incluyendo a los fiscales y jueces citados.
España está sin recibir las ayudas europeas, porque la Unión Europea sabe que irán a parar como siempre a paraísos fiscales, a cuentas bancarias de políticos y jueces, pero éstos siguen manteniendo su corrupción que es la más alta de Europa Occidental, es la “Marca España”.
En un régimen totalitario, resulta indefendible racionalmente que los jueces tengan honor, por muchas denuncias que pongan por injurias y calumnias, siendo éstas delitos contra el honor. En realidad, sólo son represalias autoritarias.
Este artículo será enviado al Consejo General del Poder Judicial y habrá que ver cómo actúa Ricardo Conde Díez, juez en excedencia y Promotor de la Acción Disciplinaria.