Ariadna Cabrera.
Canarias vive una situación límite con los Servicios Sociales y Cáritas, el último recurso, desbordados. No todos los irregulares están en hoteles y campamentos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, sino que bastantes callejean, duermen a la intemperie y acuden a los cuatro comedores sociales que tiene Cáritas. Ante un incremento de las necesidades de los nacionales, los irregulares representan una demanda excesiva.
El mismo obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha alertado de que Cáritas se encuentra «al límite de sus capacidades» por el aumento de los isleños e inmigrantes que acuden solicitando ayuda. En una carta a los fieles, ha señalado que en los últimos meses se ha detectado un «importante incremento» en el número de personas que se acercan a estos servicios. Ha pedido también donativos, quizás sin ser consciente de la crisis general que padece Canarias.
Broma macabra en el digital del ignorante ilustrado Ignacio Escolar
Con este panorama tan sombrío, el diario digital del ignorante ilustrado Ignacio Escolar se hace eco de una encuesta que parece una broma macabra. Se trata del Sociobarómetro de la Comunidad Autónoma de Canarias, un chiringuito para expoliar al contribuyente. un estudio en colaboración entre la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias que se plasma en un convenio de cooperación con la FESAD, entidad titular del Centro Asociado a la UNED en Las Palmas de Gran Canaria, se han realizado un total de 1.500 entrevistas telefónicas en las ocho islas entre el 1 y el 19 de febrero de 2021. Pues bien, el estudio arroja unos resultados increíbles: el 49,6% de los canarios defiende la acogida y la ayuda a personas migrantes por parte de las administraciones públicas, frente al 41,3 que opina todo lo contrario. O los canarios se han vuelto locos, o no es lo que se oye por la calle, en la que los canarios están literalmente hartos.
El documento, que dedica un monográfico a la inmigración, recoge que el 71,5% de las personas encuestadas comprende que las llegadas a través de la ruta atlántica, con más de 23.000 personas en 2020, se debe a razones económicas y a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Otros factores citados, en menor medida, son la existencia de redes mafiosas que fomentan estos movimientos migratorios (14%), el efecto llamada (12,4%), la creencia de que reciben ayudas al llegar (10,6%) o la posibilidad de utilizar a Canarias como tránsito para llegar al territorio continental europeo (9,5%). La Comunidad Autónoma de Canarias se gasta el dinero público en tonterías abracadabrantes para defender lo indefendible, al servicio de la casta parasitaria canaria.