Luis Bru.
Los presupuestos previstos por el partido ‘naranja’ para 2021 estimaban un superávit de 97.700 euros. Había pagado todos sus créditos bancarios, con lo que tenía “deuda cero”. 2020 lo cerró con un pequeño superávit y un patrimonio neto que ronda los 8,5 millones de euros. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiarse en las elecciones catalanas donde Ciudadanos dejará de ingresar más de tres millones de euros anuales. El partido naranja perdió la friolera de 30 escaños, lo que implica una reducción del 80% de su asignación anual, que no llegará a los 842.000 euros al año.
Ciudadanos es un negocio, una especie de franquicia, una marca, que se financia de sus franquiciados, los cargos, que a cambio de obtener las retribuciones por sus puestos financian a la franquicia. En las elecciones locales de 2015, Ignacio PaniAguado llevó el esquema al extremo, vendiendo los puestos de salida de modo que estos tenían que pagar la campaña.
Quien ha llevado a la quiebra económica a Ciudadanos es el único que controla sus finanzas, Carlos Cuadrado, el ideólogo de la chapucera moción de censura de Murcia. Ciudadanos se financia de las asignaciones a los grupos municipales, autonómicos y nacionales, quedándose el partido un 20%. Esas asignaciones se mandan íntegras a Madrid y son devueltas con el 80%. Anteriormente, tenían firma en la cuenta nacional José Manuel Villegas y Carlos Cuadrado, pero ahora sólo tiene Cuadrado firma tras el abandono del partido del primero. También de las subvenciones que reciben los partidos dependiendo de sus resultados electorales y del número de diputados y senadores que obtienen.
La caída de 57 a 10 diputados se notó con una pérdida del 86% de los ingresos recibidos por esta vía. Tras el 10-N, recibió un total de 148.173 euros, frente a los 1,2 millones que el Gobierno le transfirió por los 57 escaños en la Cámara baja de seis meses antes. El Congreso también recompensó a los partidos con 1.640 euros al mes, junto con 28.590 euros por formación, para su actividad parlamentaria. Por lo tanto, la bajada de escaños supuso otro millón que Ciudadanos dejó de ingresar tras la debacle electoral. Su pérdida de representación en el Senado también dejó a los naranjas sin el medio millón que le correspondía por la actividad diaria de los cuatro senadores conseguidos en abril del año pasado, sumados a los 60.000 euros que recibiría por esta representación.
La Ley del Régimen Electoral General (Loreg) dio otra subvención de entre 0,22 euros (Cámara Alta) y 0,57 euros (Cámara Baja) por cada voto logrado. Los cuatro millones de votos de Ciudadanos en abril del año pasado le permitieron recibir unos 3,2 millones de euros por esta partida. Tras el 10-N, los 1,6 millones de votos redujeron este ingreso hasta los 362.000 euros.
Otra vía de financiación es el 8% de sus sueldos que deben contribuir todos los cargos (seguimos en la lógica de la franquicia), pero esto raramente se cumple, según las fuentes consultadas. Por último, están las cuotas de los militantes, de los que en el último año Ciudadanos ha perdido el 50% y hay que suponer que actualmente hay una desbandada.
La expulsión de tres diputados de Murcia representa una merma. La expulsión de un senador conlleva una reducción de ingresos. Toda piedra hace pared. Pero el desastre financiero van a ser las elecciones en Madrid el 4 de mayo. Las previsiones electorales son malísimas y las encuestas más solventes, como la de GAD3, les dejan fuera de la Asamblea de Madrid, con una pérdida millonaria, acompañada de la asignación del grupo. Ciudadanos en la Comunidad Valenciana se va a fracturar hacia el PP, con los seguidores de Fran Hervías y Emilio Argüeso. Otro factor de pérdidas. Los presupuestos está saltando por los aires al ritmo del goteo de noticias sobre abandonos. Es la rebelión de los franquiciados con la franquicia, que ya no es rentable, ni aporta prestigio.
La formación naranja acababa de renovar por cinco años el alquiler de su sede nacional en la calle madrileña de Alcalá, por el que pagaba alrededor de 350.000 euros al año. Se ufanó que no necesitaba abandonarla como el PP vender su sede en la calle Génova, Hoy se puede aventurar que no estará en condiciones de pagar el alquiler, ni el costoso equipos de abogados del despacho Fúster y Fabra. Ha empezado a no pagar las dietas a los altos cargos por su asistencia a las reuniones de los órganos de Gobierno. El negocio está abocado a la quiebra-