Javier de la Calle.
En julio de 2019 Galapagar se convulsionaba tras conocer lo que la Guardia Civil denominó «Operación Los Jarales» que culminó con la detención de varias personas de origen marroquí por varios delitos, entre ellos el de presunta corrupción de menores.
Los detenidos, que han sido juzgados está semana en la Audiencia Provincial de Madrid, son dos marroquíes en la veintena que, presuntamente, sedujeron a varias niñas de 15 años, de familias estructuradas y sin conflictos, aprovechando las fiestas patronales y a las que podrían haber introducido en el consumo de drogas y luego haberles conseguido la mercancía a cambio de sexo.
Las familias afectadas han narrado en el juicio el sufrimiento que padecieron durante meses con sus hijas, las cuales llegaron a escaparse en innumerables ocasiones debido a la adicción que les provocaron y cómo, con la ayuda de agentes de la Guardia Civil del Puesto de Galapagar, las buscaban con desesperación hasta encontrarlas.
Además del sufrimiento personal, al daño causado se une el dineral que han debido invertir estás familias en centros privados especializados en menores, para poder devolver a sus hijas a la normalidad que tenían antes de conocer a esas dos joyas llegadas de Marruecos.
La sentencia se espera para principios del mes de marzo, esperando, con los dedos cruzados, que la misma sea ejemplar y marque un camino contra este tipo de delitos.
Lo ocurrido debe de servir para que los padres de adolescentes aprendamos a estar más pendientes de con quiénes van nuestros hijos, máxime con los tiempos que corren y las maravillosas personas que están entrando en nuestras ciudades y pueblos procedentes del continente africano, no todos, claro está, pero en un número suficiente como para preocuparnos.