Javier Marzal.
Es bien sabido que el Tribunal Supremo es una institución corrupta.
El Tribunal Supremo (TS) es un negocio donde sus magistrados aceptan sobornos y extorsionan para favorecer o perjudicar a quienes solicitan sus servicios. El capo (Presidente) del TS es el capo (Presidente) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los magistrados y capos de las distintas salas son elegidos por el CGPJ, donde sus capos (Presidente y Vocales) son elegidos por el Parlamento.
En octubre de 2018, la corrupción de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo saltó a todos los medios que criticaron la decisión sin precedentes, de su capo de revisar una sentencia del propio tribunal que establecía que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas tendrían que pagarlas los bancos, siguiendo las directrices de la jurisprudencia europea que había cambiado la corrupta jurisprudencia española. El 6 de noviembre de 2018 se hizo pública la prevaricación de la mitad más uno de los magistrados de esta Sala, estableciendo que los el impuesto lo pagarían los usuarios y no los bancos, forzando a que se cambiaran las leyes.
Cabe destacar que la jurisprudencia europea existe porque unos jueces elevan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuestiones prejudiciales, es decir la correcta interpretación del derecho comunitario en un asunto concreto que forma parte de las normas aplicables a la demanda que está tramitando el órgano judicial. El juez lo eleva al TJUE porque un abogado de una las partes lo solicita, alegando que las leyes o la jurisprudencia española es incompatible con normas concretas del derecho comunitario. Por tanto, toda elevación al TJUE se basa en la corrupción legislativa (parlamentaria o gubernamental), en la corrupción judicial (jurisprudencia) o en ambas.
Precisamente estos abogados y estos jueces son una pieza fundamental en la Revolución Judicial que se está intensificando desde 2018, para eliminar el totalitario régimen del 78.
El 23 de enero de 2021, Confilegal publicaba que la jueza Carmen Robles Zamora del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ibiza, habia elevado al TJUE una causa para que se pronuncie sobre si las últimas sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobre el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) van contra el derecho de la Unión. Dicho de otra forma, la jueza pide al TJUE que diga si el Supremo ha prevaricado en estas sentencias para favorecer a los bancos.
La jueza cita a las sentencias 595, 596, 597 y 598 de 12 de noviembre de 2020, considerando que son contrarias a la Sentencia del TJUE del 3 de marzo de 2020 que resolvía la Cuestión Prejudicial C-125/18 “Caso Gómez del Moral”, que evidenciaba otras prevaricaciones anteriores de los magistrados del Tribunal Supremo, así como del Pleno de la Sala de lo Civil celebrado el 21 de octubre de 2020, en el que sólo un magistrado se opuso a la prevaricación.
En todos los casos, los magistrados incumplían lo que establece la Directiva 93/13/CE en relación a la protección de los derechos de los consumidores en contratos celebrados con profesionales. La propia jueza afirma que con esas sentencias, el Supremo había hecho “que se gire jurídicamente en 180 grados el sentido protector de los consumidores recogida en la Directiva, en exclusivo beneficio de las entidades financieras”, creando “una preocupante situación de inseguridad jurídica”causando un grave daño material a los consumidores”.
Cabe esperar que el TJUE una esta cuestión prejudicial a otra que elevó el juez Francisco González de Audicana, desde el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona, que ya elevó con éxito otra cuestión relacionada con las hipotecas.
Por otro lado, la Asociación de Usuarios Financieros (asufin) ha denunciado a España ante la Unión Europea, por permitir que el Tribunal Supremo vulnere de forma reiterada y sistemática, la referida Directiva europea de protección a los consumidores. Asufin denuncia que los jueces españoles han tenido que plantear hasta 88 cuestiones prejudiciales entre 2010 y 2019, contra “el retorcimiento que hace el Tribunal Supremo de la jurisprudencia del TJUE”.
Felicito a todos estos revolucionarios, a los abogados que promueven la prejudicialidad europea y a estos jueces y a otros tantos que se están oponiendo a la habitual corrupción del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como a las asociaciones que trabajan en esta linea anti-corrupción, pero mientras los jueces tengan impunidad para vender sus sentencias, el autoritarismo, la corrupción y la decadencia seguirán aumentando.